Baleares: 97 pisos sociales okupados y el 25% de los recibos sin cobrar

▶El Ejecutivo de Armengol lleva años con problemas para cobrar las rentas y se reconoce incapaz de perseguir a los morosos cuando abandonan los pisos El Govern asume que nunca cobrará parte de las facturas al no poder localizar a los deudores

El Gobierno balear de la socialista Francina Armengol trata de solucionar el acceso a la vivienda social a golpe de expropiación a los grandes propietarios, una medida pionera en España que marca el camino para la futura ley de vivienda que prepara Pedro Sánchez. Sin embargo, el Ejecutivo balear lleva años batallando sin éxito contra la morosidad y la ocupación ilegal en estos pisos. Los datos ofrecidos ayer a ABC desde la Consejería de Movilidad y Vivienda confirman que el Ejecutivo balear tiene 97 viviendas sociales ocupadas irregularmente y no cobra uno de cada cuatro recibos que emite.

El Instituto Balear de Vivienda (Ibavi) tiene un parque de viviendas sociales de 1.806, de las que tenía alquiladas en 2020 un total de 1.669. El resto están en trámites o en reformas, mientras que casi un centenar tiene inquilinos ilegales que se han saltado la bolsa de demandantes, que supera las 4.300 personas. De las casas que están alquiladas, el Govern no cobra el 18,8% de los 25.136 recibos que emite. A estos hay que sumar los casi 1.500 recibos que cada año dejan de ingresarse por las viviendas okupadas. En total, el Govern balear no cobra un 24,6 % de las facturas que debería.

El Govern asume que no recibirá buena parte de esta deuda. De hecho, el Ibavi reconoce que no tiene capacidad para localizar a los morosos que abandonan los pisos después de un tiempo sin pagar el alquiler. A esto hay que añadir que la voluntad del Ejecutivo balear es estudiar caso por caso los impagos y aceptar aquéllos de los inquilinos que confirmen que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica. Cabe recordar que Baleares es la comunidad más afectada por la Covid-19 con un descenso del PIB del 27% y un crecimiento del paro del 47% en un año, a lo que hay añadir más de 35.000 empleados que están en ERTE.

Por otro lado, el Govern afronta dos grandes problemas con los impagos. En primer lugar, un elevado número de morosos por voluntad propia, es decir, inquilinos que tienen dinero para abonar el alquiler pero prefiere gastarlo en otros menesteres. De hecho, el Govern calculó la pasada legislatura que al menos el 25 % de los morosos no pagaba porque no quería. En segundo lugar, el Ejecutivo regional ha detectado la existencia de mafias que se dedican a la okupación ilegal de pisos entrando en las viviendas y realquilándolas posteriormente en el mercado negro. Por ello, desde hace un año miembros de las Fuerzas y Cuerpos de

También se ponen de ejemplo los acuerdos con las entidades o grandes tenedores, como el que se suscribió hace un par de semanas con la Sareb y con el que se espera aumentar hasta las 26.000 el número de viviendas vacías. La ministra de Economía, Nadia Calviño, aludió también a este acuerdo como una de las palancas con las que trabaja el Gobierno de cara a solucionar el problema de la vivienda. «Un asunto tan complejo como el de la vivienda no se resuelve poniendo en un real decreto ley que el precio no puede subir más del 1%», aseguró el miércoles en una entrevista radiofónica.

Bloque de investidura

Sin embargo, el pulso late a otro ritmo en los círculos de Unidas Podemos. La expropiación se considera el camino adecuado aunque se asegura que la batalla es a largo plazo: «Es un primer paso». De hecho durante los últimos días la formación morada ha venido intensificando su discurso en esta batalla, advirtiendo de que la intervención de los precios del alquiler no solo es un pacto de la coalición, sino que se trata de un «compromiso» con los socios de investidura de Pedro Sánchez y de los Presupuestos. seguridad del Estado acompañan a los funcionarios del Ibavi en los desahucios conflictivos para ayudarles en la identificación de residentes, el acceso a la vivienda y otras labores.

El Ejecutivo ha anunciado que aumentará en un 50% el parque de viviendas a lo largo de esta legislatura. Para ello, aparte de la expropiación por siete años de 56 viviendas de bancos e inmobiliarias anunciada el pasado martes, tiene en construcción 462 pisos y prevé levantar 419 más. Además, ha empezado a comprar viviendas –a finales de enero pagó más de 900.000 euros por ocho pisos del Banco Sabadell y prevé adquirir 45 más a otros grandes tenedores- utilizando el derecho de tanteo y retracto reflejado en la Ley de Vivienda balear. Esta opción permite que el Ejecutivo balear tenga preferencia para comprar por un precio de tasación pisos procedentes de ejecuciones hipotecarias o viviendas de protección oficial (VPO) que se ponen a la venta.

Cisma entre ambos socios

Desde que se aprobó la Ley balear de Vivienda en 2018, el PSOE ha dado largas a su socio de Podemos a la hora de aplicarla porque se sentía incómodo con las expropiaciones. En enero de