El peligro de un efecto dominó
▶ Algunas comunidades ya tienen en vigor normas que afectan a grandes propietarios Podemos aplica el derecho de tanteo sobre los fondos
este año se abrió un cisma entre ambos socios porque la formación de Pablo Iglesias exigió a Armengol «un cambio drástico» en la política de vivienda y consideraba que era complaciente con los fondos buitre. A mediados de febrero, Armengol remodeló el Ejecutivo y relevó, entre otros, al consejero Marc Pons, acusado por Podemos de «inactivo». La socialista pretendía suavizar las tensiones en el seno del Pacte y, de hecho, es sintomático que una de las primeras medidas anunciadas por el nuevo responsable de vivienda y hombre fuerte del PSOE en Ibiza, Josep Marí, sea la expropiación en un guiño a Podemos.
Podemos se atribuye este avance gracias a la «presión» ejercida en el PSOE y reivindica su «impronta» en la ley autonómica de vivienda, que abre la veda a las expropiaciones, para que la vivienda sea «un derecho y no una mercancía». Satisfecho, el partido morado avanza que esto es solo el principio y que el siguiente paso será regular los alquileres –un tema espinoso que actualmente enfrenta a PSOE y Podemos en el gobierno de España– y aumentar el parque de viviendas sociales. De hecho, la formación morada recuerda que Baleares está lejos de la media española (0,9%) y europea (4%) con apenas un 0,3% por cada 100 habitantes. Para alcanzar el promedio europeo, Podemos calcula que faltarían 40.000 VPO en el archipiélago balear.
En algunas de las comunidades autónomas gobernadas por PSOE, Podemos e independentistas, también están en vigor algunas medidas que penalizan a los grandes propietarios, pero hasta ahora no existía ninguna norma de ‘expropiación’ como la aplicada por Baleares.
Evitar los desahucios mediante el derecho de tanteo, con la adquisición de domicilios de fondos de inversión, y ampliar el parque público de vivienda han sido los principales objetivos de Podemos, en su política de vivienda en el Gobierno de la Generalitat Valenciana. Sin embargo, la consejería dirigida por la formación morada no cierra la puerta a estudiar nuevas medidas para «frenar la especulación».
En relación a la resolución de Baleares, por la que el Ejecutivo balear inicia la expropiación durante siete años de 56 viviendas de grandes propietarios inscritas en el registro oficial, fuentes de la consejería explican a ABC que la Generalitat «prefiere ampliar el parque público con viviendas en propiedad», aunque no cierra la puerta «a estudiar nuevas medidas que permitan establecer una obligación por parte del propietario a arrendar la vivienda, en caso de ejecución hipotecaria, a la persona que vivía allí previamente».
La política de vivienda de la Generalitat ha sido objeto de una fuerte polémica con el sector, que considera que las sucesivas regulaciones han sido calamitosas. La expropiación de pisos en Baleares se considera una medida grave, pero menos lesiva incluso que las vigentes en Cataluña. Es el caso por ejemplo de la obligación de destinar a contrato social parte de los pisos de los considerados grandes tenedores (a partir de 15). «No es una expropiación, pero casi peor. No hay tope, y el alquiler que una puede recibir viene fijado por la renta del inquilino. Puede ser una ruina para el propietario, del que tampoco se tiene en cuenta su situación», denuncia a este diario Òscar Gorgues, gerente de la Cámara de Propiedad Urbana de Barcelona.
En enero, el Tribunal Constitucional ya tumbó, por defectos de forma, el decreto que obligaba a los propietarios a ofrecer un contrato social alternativo a los inquilinos morosos con pocos recursos, incluso si ocuparon la vivienda ilegalmente. Y ahora se está a la espera de que el TC se pronuncie, tras el recurso del PP, sobre la ley que fija topes al precio de los alquileres. En cualquier caso, desde el sector se confía en que la nueva regulación estatal, y el propio TC, ponga coto a lo que se consideran excesos del Govern.
Desde la Asociación de Promotores de Cataluña se añade a ABC que las normativas aprobadas penalizan la actividad promotora y desincentivan la inversión. Es por ello que, entre otras, piden derogar la citada ley de contención de rentas, que ha frenado la nueva construcción de viviendas en alquiler: «Había previsión de construir 1.500, pero ahora apenas se llegará a unas 150».