Bruselas quiere suspender el control del déficit hasta 2023
▶ La Comisión Europea opta por que los países recuperen primero su PIB precrisis
en darle a 650.000 pymes que han estado obligadas a reducir su actividad al menos un 50%, un pago por el equivalente al 70% de los ingresos obtenidos en un trimestre normal. Y abonarles a 350.000 autónomos en cese de actividad un pago de 4.000 euros. Esta parte del plan supondría, según los cálculos del equipo de Garicano. unos 9.000 millones de euros.
El segundo pilar son las facilidades para reestructurar las deudas de forma voluntaria, simplificando los mecanismos concursales e implicando al Estado, porque ni la Agencia Tributaria ni la Administración entran en ellos. «Si el banco decide reestructurar los pasivos de una empresa, el Estado automáticamente entraría en la reestructuración. De esta manera se alinean los incentivos. Hemos calculado que
La Comisión Europea quiere que las reglas de disciplina presupuestaria que obligan a los países miembros a controlar el déficit público sigan suspendidas al menos hasta finales de 2022, ya que la pandemia de coronavirus sigue afectando gravemente a la economía. Aunque la decisión formal deberá adoptarse esta primavera, el vicepresidente ejecutivo de la Comisión, Valdis Dombrovskis y el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, adelantaron ayer su intención de asumir que las reglas del pacto de estabilidad no podrán restablecerse hasta que las distintas economías europeas no se recuperen de los daños provocados por la pandemia.
Ello supone que los países de la UE podrán seguir gastando para recuperar sus economías y ayudar a las empresas a sobrevivir a las medidas de restricción y confinamiento. La Comisión esperará primero a conocer las previsiones de primavera y después adoptará una decisión sobre la suspensión de las reglas teniendo en cuenta qué lejos quedan esos pronósticos del nivel de actividad económica que había antes de la crisis.
Según las previsiones actuales, se espera que en 2023 la economía europea esté en plena recuperación de modo que la Comisión pueda volver a exigir disciplina presupuestaria e imponer los límites al gasto público.
«Hay una luz de esperanza en el horizonte para la economía de la UE, pero por ahora la pandemia sigue dañando este proceso podría beneficiar a unas 215.000 empresas y costaría 6.000 millones de euros», explica Garicano.
«El coste para España de no hacer nada ahora va a ser mucho mayor en el futuro», añade. Respecto del origen de los fondos, Garicano explica que España tiene abierto el camino al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que no ha querido ser utilizado por el Gobierno por el estigma que supone la palabra ‘rescate’. «Hoy los costes financieros son bajísimos. El Gobierno tiene que acudir al MEDE, resolver el problema de la solvencia empresarial y evitar un daño innecesario. En vez de usar el MEDE para rescatar bancos, los estándares de vida de las personas y a la economía en general», dijo Dombrovskis que de todos modos insistió en que «nuestro mensaje es que el apoyo fiscal debe continuar mientras sea necesario». Por su parte Gentiloni ha dejado claro que considera que «en 2022 es claro que el apoyo fiscal aún será necesario» y que en cualquier caso «es mejor equivocarse por hacer demasiado que por hacer demasiado poco».
Hasta los socios de coalición alemanes apoyan que los límites de deuda se suspendan hasta 2022, lo que ha servido de luz verde indirecta a Bruselas, si bien el país germano prefiere esperar a ver cuáles son las previsiones en primavera para adoptar una decisión al respecto. Como fuere, el Gobierno español esperaba un déficit público del úsenlo para rescatar pymes y autónomos».
El economista insiste en que es importante la forma en que los mercados perciban el plan. «La primera idea de la vicepresidenta Calviño fue plantear una quita generalizada, del ICO y de los bancos. Esto plantea muchos problemas porque cambia la percepción que los mercados tienen de la banca. Abre una vía para contagiar la crisis de solvencia de las empresas a la banca y sabemos que cuando las crisis económicas se convierten en crisis financieras, estas se alargan muchísimo más. Hablar de quitas generalizadas ahora es multiplicar el problema». 7,7% del PIB este año y una deuda del 117,1%: en ambos casos lejos del 3% de desequilibrio y el 60% de pasivo máximos que marca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento cuya reforma está a debate.
Si bien el FMI proyecta que la Eurozona recupere su PIB precrisis en 2022, para España no espera este escenario hasta 2023. El Ejecutivo ya suspendió las reglas fiscales en 2020 y 2021 para comunidades autónomas y entidades locales, siguiendo lo aprobado por la Comisión Europea. Si se confirma que Bruselas también amplía este plazo a 2022, el Ejecutivo acabaría la legislatura teniendo que presentar los primeros ajustes en 2023. En caso de que Hacienda hiciera lo propio con las administraciones territoriales, comunidades y ayuntamientos irían a elecciones en 2023 sin límites de déficit ni deuda. Como fuere, la Autoridad Fiscal y el Banco de España han reclamado al Ejecutivo que presente un plan a medio plazo para volver a cuadrar las cuentas poco a poco.
Pero todo parece ir encaminado a prorrogar las ayudas y los estímulos hasta que la pandemia quede atrás. El propio miembro del comité de supervisión del Banco Central Europeo (BCE), Fabio Panetta, llamó el pasado martes a que la política monetaria actúe en modo Daft Punk: más duro, mejor, más rápido y más fuerte. Un aviso para navegantes previo a la reunión que tendrá la institución la semana que viene. Junto a ello, el propio Fondo Monetario Internacional ha vuelto a reclamar a los países ayudas y medidas para evitar las quiebras empresariales, en un momento en el que el Ejecutivo se debate entre los instrumentos a aprobar.
Medidas Plantea ayudas del 70% de la facturación trimestral a pymes y 4.000 euros para los autónomos
Calendario El Gobierno no tendría que aprobar ajustes hasta el último año de legislatura, en 2023