Caso Neurona
mayo contra las políticas gubernamentales por el Covid-19. En un caso, varias personas agredieron a un fotógrafo que cubría una protesta en Madrid, arrojaron su cámara al suelo y le rasgaron la camisa. RSF también expresó su preocupación por el acoso digital de Vox a periodistas críticos y servicios de verificación de hechos, y condenó a Vox por prohibir a algunos medios de comunicación asistir a sus conferencias de prensa y eventos electorales». En junio, Vox prohibió el acceso a sus sedes y actos a periodistas de ‘El País’, entre otros medios. Un año más, el informe denuncia que la situación en Cataluña, con el pulso independentista de por medio, hace muy difícil el libre ejercicio del periodismo. «En febrero, la Federación Internacional de Periodistas advirtió en su informe anual relativo a 2019 del aumento de los casos de violencia contra el ejercicio del periodismo en Cataluña, afirmando que esta comunidad se ha convertido en ‘territorio peligroso’ para los «Abogados afirmaron que Podemos estaba vinculado a Neurona Consulting, una supuesta empresa fachada para desviar dinero» periodistas». El año pasado, el informe denunció ataques a periodistas que cubrían actos independentistas.
Como en años anteriores, el informe recoge las denuncias de los líderes del proceso independentista catalán sobre supuesta persecución política, incluido el encarcelamiento arbitrario. El informe de la diplomacia norteamericana, sin embargo, afirma que «ni el Gobierno ni ninguna ONG internacional de Derechos Humanos apoya la denuncia» de que en España existan «presos políticos». Es más, insiste el informe en al menos cuatro ocasiones ocasiones en que las denuncias de separatistas de que son una minoría perseguida no tienen sentido, porque «el Defensor del Pueblo rechaza la categorización de la población catalanoparlante como una minoría».
El informe refleja que «miembros de las fuerzas de seguridad cometieron algunos abusos», aunque en España, asegura, «la impunidad no es un problema significativo». En general, el informe recoge las denuncias de Amnistía Internacional sobre «uso ilegal de la fuerza en la ejecución de medidas de encierro» durante el punto álgido de la pandemia de coronavirus. En concreto, cita la detención violenta en Bilbao en marzo por parte de tres agentes de la Ertzaintza de un joven africano con problemas mentales y su madre, que intentaba ayudarle.
Por último, según recoge el documento en su apartado relativo a España, las condiciones en diversos centros penitenciarios de este país son mejorables. «Hubo algunos informes sobre las condiciones de las prisiones y los centros de detención que plantearon preocupaciones en materia de derechos humanos», afirma. «Las ONG informaron sobre hacinamiento extremo en algunos centros de detención temporal de migrantes debido en parte a la pandemia de Covid-19», añade.
El informe se elabora desde 1977 y analiza la situación de los derechos humanos en todo el planeta. La división de asuntos relativos a la democracia, los derechos humanos y el trabajo del departamento de Estado utiliza informes de las embajadas de EE.UU., gobiernos extranjeros y ONG. Cada año, se envía al Capitolio para que conste en el registro de las cámaras y sirva de guía para la aprobación de leyes que afecten a las relaciones exteriores.
Preguntado por ABC, el Gobierno defiende que España es una «democracia consolidada» y reconocida «en los principales ranking internacionales». Además de que el derecho a la información y expresión se recoge en la Constitución. Esta declaración se produce el mismo día en que Pablo Iglesias abandona la vicepresidencia después de asegurar reiteradas veces que España no es una democracia plena.
«Consolidada» Moncloa responde que España es una «democracia consolidada» y reconocida en diversos rankings