La Abogacía del Estado no se opone a los indultos del ‘procés’
▶ Elude pronunciarse sobre la gracia y da por reparado el daño económico
La Abogacía del Estado ha emitido un informe al expediente sobre los indultos de condenados en la causa del ‘procés’ que se encuentra en tramitación en el Tribunal Supremo en el que no se opone a la concesión de la medida de gracia y da por reparado el daño en el caso de los sentenciados en concurso medial con malversación.
En el informe, notificado ayer, la misma Abogacía del Estado que acusó por sedición y malversación en el juicio, hasta el punto de que fue su posición la que finalmente asumió la Sala Segunda del Tribunal Supremo, se pone de perfil en lo que al indulto se refiere. «Ni el informe que se acompaña al presente escrito ni el escrito mismo incorporan una valoración sobre ‘la justicia o conveniencia y forma de la concesión de la gracia’», señala en sus conclusiones. Lo hace argumentando que al estar representando al Estado y en concreto, a la Hacienda Pública, pronunciarse sería como posicionar al Gobierno, que es quien toma la decisión definitiva.
«Dada la personalidad jurídica única de la Administración General del Estado, no corresponde a la Subsecretaría de Hacienda ni a esta Abogacía del Estado en su representación, en cuanto órganos de la propia Administración General del Estado, manifestarse sobre la justicia o conveniencia del indulto o sobre la forma de la concesión de la gracia, pudiendo entenderse en el caso de hacerlo que con ello se estaría anticipando o determinando gentes que, entre 2008 y 2015, cuando el partido lo presidía Artur Mas, llevaba un control exhaustivo de las licitaciones de obras públicas que manejaban las instituciones que controlaba el partido. Estos dirigentes, presuntamente encabezados por Gordó, se concertaron, por una parte, con funcionarios de dichas instituciones, y, por otro, con algunos empresarios –especialmente constructores– para alterar los concursos públicos a cambio de regalos y comisiones irregulares. Estos pagos se camuflaban como supuestas donaciones a fundaciones afines a Convergència –Catdem y Fórum Barcelona–, y finalmente el dinero se desviaban a las arcas del partido de Mas.
Esta práctica corrupta quedó probada en el conocido caso del Palau de la Música. La sentencia, ya firme, dejó el sentido de una decisión que sólo al Gobierno compete», afirma.
Acota además su pronunciamiento «exclusivamente» a los condenados por el delito de malversación, esto es, el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y los ex consejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, sin pronunciarse sobre la sedición. Argumenta que su posición en este asunto es la de «parte ofendida» y esa ofensa lo es para la Hacienda Pública, en cuya representación acudió como acusación al juicio. Excluye así informar sobre la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, los exconsejeros Joaquim Forn y Josep Rull, y Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.
Reparación del daño
Con todo, deja por escrito que en estos cuatro casos el daño ya se habría reparado atendiendo al informe emitido por el Tribunal de Cuentas que acredita que los 4,1 millones de euros que se fijaron como liquidación provisional de cara al juicio contable por los gastos y pagos del referéndum ilegal del 1 de octubre ya han quedado garantizados.
«Consta garantizada la cantidad de 4.146.274,97 euros a que asciende el importe de la presunta responsabilidad contable» que cuantificó en el acta de liquidación provisional el Tribunal de Cuentas con «resolución justificativa». Se trata de las fianzas ya consignadas, es decir, no es un dinero que hayan abonado sino que una vez afianzado, les será reclamado por la vía del Tribunal de Cuentas.
Para la Abogacía, la existencia de este afianzamiento da ya por reparado negro sobre blanco que Convergència había recibido de Ferrovial –usando esa institución como «cañería», tal y como lo definió el fiscal– al menos 6, 6 millones de euros en mordidas. Ahora, en el caso 3 % –bautizado así por el porcentaje de comisiones en algunas operaciones– deberá dilucidarse si el ‘modus operandi’ del Palau se replicó con otros constructores y actores. Además de Gordó, están imputados en la causa el extesorero el partido Andreu Viloca y su antecesor, Daniel Osàcar, ya condenado por el caso Palau.
El partido de Artur Mas
Fue a partir de aquella causa del Palau que el partido que dirigía Mas trató de lavar su imagen y sacudirse el peso de la corrupción refundándose en una nueva formación política, que el daño a esa parte ofendida que es la Hacienda Pública.
«Habiéndose determinado provisionalmente el alcance y sus presuntos responsables y encontrándose garantizada ese cantidad a día de hoy, tal y como establecen la Providencia de 24 de febrero de 2020 del Tribunal de Cuentas y el informe de la Subsecretaria del Ministerio de Hacienda de 25 de marzo de 2021, ese afianzamiento constituye un elemento que repararía el perjuicio económico producido a la Hacienda Pública», expone el informe. bautizaron como PDECat. Pese a que sus dirigentes eran los mismos, estos se desentendieron de las siglas convergentes, no solo políticamente, sino que lo intentaron también jurídicamente. En este último terreno parece que no lo han conseguido, pues la Sala, en la resolución conocida ayer, deja claro que existen sólidos indicios de que el PDCat se creó en julio de 2016 para, precisamente, desvincularse de responsabilidades criminales. Ambas formaciones, según el juez instructor, guardan una «identidad sustancial» en su «estructura, funcionamiento, recursos humanos y materiales».
El tribunal también desestima el recurso
Añade que, todo ello, «sin perjuicio del posterior desarrollo del proceso de reintegro por alcance que, con carácter jurisdiccional, vaya a celebrarse ante la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas».
Fue el propio Supremo quien establecíó en la sentencia que sería este organismo el competente para dirimir las responsabilidades civiles de cada uno de los condenados.
La fianza, desde 2020
La liquidación provisional se practicó en enero de 2020 atendiendo a los gastos incurridos por la convocatoria del referéndum ilegal fijando el alcance en esos 4,1 millones de euros que incluyen 242.980,11 euros de intereses. Ese acta, válida hasta que se dicta la sentencia, implica la obligación de que los condenados depositen las cantidades determinadas. Un mes después de la liquidación, ya habían reunido y consignado el dinero.
La Abogacía preguntó el pasado mes de febrero por el estado de la cuestión ya que lo consideraba imprescindible para pronunciarse sobre el indulto. Sin embargo, el informe finalmente se limita a evidenciar que esas cantidades están afianzadas.
Con su dictamen, se sigue avanzando en el expediente de indulto. La Sala de lo Penal del Supremo ha recabado ya la información penitenciaria respecto de los doce sentenciados y también el parecer de la Fiscalía, que se opone a la medida de gracia por lo grave de los hechos y por la ausencia de razones de justicia, equidad o utilidad.
Una vez analice los argumentos de las acusaciones que ejercieron en el juicio, la Sala Segunda emitirá su propio informe y remitirá todo el expediente al Ministerio de Justicia. Ninguna de las opiniones en este asunto es vinculante, es decir, Justicia propondrá lo que considere para cada uno de los doce sentenciados y el Gobierno resolverá sin que la posición del tribunal sentenciador obligue.
IGNACIO GIL
de Convergència –que reducía la causa a unas contadas reuniones y donaciones–, y confirma que esas operaciones supuestamente ilegales se pusieron en práctica «en numerosas ocasiones» y «con el mismo patrón de comportamiento». Su presunto ideólogo fue Gordó, señalado además en una declaración judicial por el octogenario Osàcar, único cargo convergente que había sufrido las consecuencias penales del caso Palau. Osàcar también sugirió que Mas, si despachaba habitualmente con Gordó, debía estar enterado de los tejemanejes del exconsejero. La Justicia, sin embargo, todavía no ha podido demostrarlo.
El mismo partido El juez ve claro que Convergència se refundó en el PDECat para intentar sortear responsabilidades