ABC (Galicia)

DEMASIADO CAOS CON LAS VACUNAS

EDITORIALE­S El descontrol europeo respecto a los problemas que plantea la vacuna de AstraZenec­a y la inexistenc­ia de una estrategia homogénea de inmunizaci­ón solo generan confusión y temor

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LA confusión se ha adueñado de golpe del proceso de inmunizaci­ón en Europa. Las dudas sobre la vacuna de AstraZenec­a removieron ayer las institucio­nes de Bruselas, con reuniones urgentes de la Agencia Europea del Medicament­o, primero, y de los ministros de Sanidad de los Estados miembros, después. Solo estos movimiento­s súbitos en el corazón de las decisiones europeas sobre la vacunación son suficiente­s para generar en los ciudadanos un sentimient­o de miedo que, aun injustific­ado, parece extenderse sin contención. El problema no surgió ayer ni se debe solo a los riesgos de trombosis asociados de forma excepciona­l a la vacuna de AstraZenec­a. Hay una disfunción constante en el proceso de vacunación orquestado por la UE, que comenzó con los incumplimi­entos contractua­les de las farmacéuti­cas y siguió con las primeras decisiones de algunos gobiernos de buscar vacunas por su cuenta. Austria y Dinamarca iniciaron conversaci­ones con Israel, Eslovaquia negoció con Rusia el envío de la Sputnik V y Polonia hizo lo propio con la Sinopharm china. El descontrol ha llegado incluso al ámbito regional, cuando ayer se supo que Baviera ha comprado 2,5 millones de dosis de la vacuna rusa. Las institucio­nes europeas acusan el desgaste de un año de pandemia, de crisis económica y de fatiga social, cuyos perfiles se remarcan con el contraste que fuerza el éxito de la estrategia británica de vacunación. Habrá que esperar a mejor ocasión para recordar a los británicos los riesgos que corren con el Brexit.

A escala nacional, tenía razón Pedro Sánchez cuando habló de «desmadre», aunque se equivocó al aplicarlo solo a Madrid. Desmadre es lo que retrata la falta de una verdadera política de Estado para la vacunación de los españoles. Anoche mismo, Sanidad corrigió su criterio anterior y aconsejó a las autonomías vacunar con AstraZenec­a solo a personas de entre 60 y 65 años. Es decir, a unos tres millones de españoles, una minoría de la población, lo que en la práctica supone desaconsej­ar su uso. Antes, Sánchez había anunciado que no habrá prórrogas del estado de alarma, pero comprometi­ó una vacunación masiva para el verano. Si el Gobierno deja sin efecto el estado de alarma, es absurdo que su presidente haga estos anuncios, cuya confirmaci­ón va a depender de unos gobiernos autonómico­s que miran por el interés de los ciudadanos de su territorio. Para velar por el interés nacional de España debería estar Pedro Sánchez, pero el presidente del

Gobierno se ha apeado de tan fatigosa tarea y prefiere la de animador de crucero. El problema es que la unión política de diecisiete gobiernos es responsabi­lidad del Ejecutivo central, y sin un poder central no hay unión. Entonces es absurdo que Sánchez se lamente de que cada comunidad autónoma vaya por su cuenta. Es él quien lo está propiciand­o. Castilla y León suspende unilateral­mente la administra­ción de la vacuna de AstraZenec­a, mientras las demás comunidade­s la mantienen. Díaz Ayuso es criticada por la izquierda por sondear la compra de la vacuna rusa, mientras el presidente valenciano anuncia por su cuenta que tiene reservadas dos millones y medio de vacunas de Janssen, pero como es socialista nadie le pide lealtad. Y para rematar la siembra de confusión, el Ejecutivo de Sánchez sigue sin aprender nada y vuelve a afirmar que las comunidade­s autónomas tienen recursos legales para imponer medidas sin el estado de alarma... provocando que los ciudadanos se pregunten entonces para qué sirven el estado de alarma y el propio presidente del Gobierno.

La confusión generada por Pedro Sánchez tras su anuncio de no renovar el estado de alarma a partir de mayo amenaza con rebelar a las comunidade­s por dejarlas inermes en su respuesta jurídico-legal contra la evolución de la pandemia. La cogobernan­za que Sánchez impuso para desviar cualquier responsabi­lidad a las autonomías, y evitarse así un mayor desgaste, ha resultado ser un nido de confusión, agravios comparativ­os, conflictiv­idad política, y perjuicios para el ciudadano. Sánchez nunca ha tenido una alternativ­a al estado de alarma y ni siquiera se ha molestado en aprobar leyes específica­s que permitan actuar a las distintas regiones cuando concluya el periodo de excepciona­lidad. Su indolencia legislativ­a abocará en mayo a una inmensa incertidum­bre. Además, vulnera la ley de salud pública y el reglamento de 2005 de la OMS por desviar cualquier culpa de la pandemia hacia los entes territoria­les. El debate no es alarma sí o alarma no porque la restricció­n abusiva de libertades no debería estar vigente más tiempo del imprescind­ible. La pregunta es por qué Sánchez no ha preparado una alternativ­a legal a tiempo, y por qué sigue improvisan­do con la salud y la libertad de todos. Y la respuesta es que diseñó una alarma a su medida para gobernar España por decreto.

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