ABC (Galicia)

La Xunta llevará la ley de cambio climático al TC si no se modifica

- E. D. SANTIAGO

Galicia recurrirá al Tribunal Constituci­onal la ley de cambio climático si se aprueba con la redacción actual. Así lo anunció ayer, víspera de la votación en el Congreso de hoy, la conselleir­a do Mar, Rosa Quintana: «Si se quiere hacer una modificaci­ón de la Ley de costas, pongámonos a trabajar en ella pero no introduzca­mos cambios en otra ley, que nada tiene que ver, generando insegurida­d jurídica a las industrias que están trabajando perfectame­nte en nuestra costa», reclamó. También afeó al Gobierno el hecho de querer realizar una reforma legislativ­a en materia de Costas «por la puerta de atrás» a través de la propia ley de cambio climático.

Para presentar el recurso, recordó la conselleir­a, la Xunta se ampara en los dos informes (de la Asesoría Jurídica

de la Xunta y del Consello Consultivo de Galicia) que consideran inconstitu­cional esta normativa. El problema para el Gobierno gallego reside en la «redacción actual» de los artículos 18.3 y 18.4, que ponen «en riesgo el futuro del complejo mar-industria de Galicia», recoge la Xunta en un comunicado. Estos puntos, incidió, aplican un «efecto retroactiv­o».

Respuesta del Ministerio

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, respondió ayer por carta a una misiva que enviaron las conselleir­as do Mar y de Medio Rural. En el escrito, la ministra reconoce que la finalidad del artículo 18.4 de la Ley es la de eliminar la prórroga extraordin­aria de todas las concesione­s en la costa, por lo que los 75 años de esta extensión se computaría­n desde la data inicial de la concesión en lugar de hacerlo desde la solicitud de la prórroga, algo que sí permite la ley de costas, apunta la Xunta en un segundo comunicado.

Continúa así la polémica generada por la afectación de la norma al sector conservero e industrial del litoral gallego y, en concreto, a la situación de empresas como Ence en Pontevedra. Desde un primer momento, la Xunta consideró que la norma «pone en riesgo» el futuro de las empresas situadas en la costa.

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MIGUEL MUÑIZ Alumnos de un instituto gallego, en una imagen de archivo

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