El Gobierno se divide en la condena a los radicales y cuestiona el papel de Abascal

▶La mayoría de los socios de Sánchez callaron o acusaron a la Policía ▶El PP y Ciudadanos volvieron a condenar la violencia y a apoyar a Vox La izquierda condenó el ataque a la sede de Podemos, pero ahora lo justifica o enmudece

Al igual que sucedió en el mes de febrero tras las protestas violentas por la detención del rapero Pablo Hasel, el Gobierno volvió ayer a manifestar sus diferencias en torno a la condena de la violencia, en este caso la que tuvo lugar en el acto de Vox en el distrito madrileño de Vallecas y que se saldó con varios agentes de la Policía Nacional heridos.

El rechazo más contundente llegó por parte de la ministra de Defensa, Margarita Robles, durante una visita a la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid). A preguntas de los medios de comunicación sobre lo sucedido sostuvo que «ningún tipo de violencia tiene cabida en ningún sitio». La titular de Defensa defendió que se aspira a «una sociedad tolerante, en convivencia y en paz, en la que cada uno pueda tener sus ideas respetando a los demás». Robles quiso mandar «un mensaje de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que realizan, al igual que las Fuerzas Armadas, un trabajo comprometido con los derechos y con las libertades». La ministra hacía estas declaraciones cuando ni La

Moncloa ni el Ministerio del Interior habían hecho ninguna manifestación. Hasta las palabras de Robles el único posicionamiento del Ejecutivo había sido el de las ministras Ione Belarra e Irene Montero justificando los sucesos y culpando a Vox de lo ocurrido.

Volvía a evidenciarse las discrepancias en el seno del Ejecutivo entre algunos de sus integrantes. Pero en los sucesos del mes de febrero la crítica del Gobierno fue más nítida frente a los integrantes de Podemos.«La libertad de expresión tiene límites y no se defiende con violencia», dijo la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, al día siguiente de los primeros disturbios en febrero. Dos días después hacía lo propio el presidente del Gobierno. «La violencia es inadmisible en una democracia y el Gobierno garantiza la seguridad».

Ayer, en cambio, no hubo más reproches y de forma oficial desde la Presidencia el Gobierno se remitían a las explicaciones del Ministerio del Interior.

La Moncloa defendía así que «se diseñó un dispositivo policial acorde a unas circunstancias complejas con el fin de garantizar los derechos de todos». Y sin criticar directamente al líder de Vox, Santiago Abascal, desde el Gobierno dejaban claro que «determinadas actitudes, sobre todo aquellas que se produjeron al no seguir las indicaciones y pautas de los agentes que velaban por la seguridad, lo que ponen en riesgo es el trabajo y la integridad física de los propios agentes de la Policía Nacional».

Iglesias culpa a Vox

El candidato de Unidas Podemos a las elecciones del 4-M, Pablo Iglesias, ya fuera del Gobierno, se unió a las ministras Montero y Belarra y justificó la violencia contra Vox como había hecho el día anterior el portavoz de su grupo en el Congreso, Pablo Echenique. «Los ultraderechistas de Vox organizaron una concentración en la Plaza Roja con el fin, absolutamente deliberado y evidente, de provocar altercados en el barrio. Todo el mundo sabe a lo que iban: insultan a los vecinos, les amenazan, les lanzan objetos. En las redes están todos los vídeos para los que lo quieran ver», dijo Iglesias en un vídeo de Twitter, informa Paloma Cervilla.

La condena rotunda del PP y de Ciudadanos (Cs) se repitió ayer por segundo día consecutivo, con Pablo Casado y Edmundo Bal, entre otros, lanzando mensajes de apoyo a los de Abascal y criticando sin paliativos la acción de los radicales. Eso sí, el portavoz de Cs, en un desayuno organizado por Ep, pidió también a sus colegas que abandonen mensajes que «generan odio», como hablar en la campaña de «comunismo o libertad» –en alusión a Isabel Díaz Ayuso– o autoproclamarse como candidato «antifascista» frente a «la ultraderecha» –en referencia al exvicepresidente Iglesias–.

Entre los socios de Sánchez contrasta el silencio generalizado con la denuncia plasmada tras el ataque a la sede de Podemos en Cartagena (Murcia), que no dudaron de calificar como un «atentado de la ultraderecha». También critican la actuación policial, como