Calviño pedirá a la Comisión acelerar la llegada de fondos en el segundo semestre
▶ El Gobierno cree que los agentes sociales pueden avalar su reforma laboral
mente todo. Alargar la vida laboral es un parche necesario, pero no deja de ser un parche. Como consecuencia, lo que instamos es a una revisión global del sistema de pensiones con absoluta transparencia y adoptar medidas valientes. Es un compromiso de nuestra generación con los jóvenes. Tenemos que dejar un país donde puedan vivir sin tener una hipoteca gigantesca al entrar al mercado laboral —¿Qué les parecería una armonización fiscal como defiende Hacienda? —Tenemos una enorme preocupación por lo que estamos oyendo con relación a los temas fiscales, porque las sugerencias que oímos entendemos que no responden a la realidad. Se habla de armonización fiscal con Europa,
es decir, en armonizar la presión fiscal en España con otros países de nuestro entorno. España es un país que tiene menor presión fiscal, pero la razón está en una causa muy concreta, que es el desempleo. En impuestos sobre el trabajo, en cotizaciones sociales, estamos igual o por encima de la media europea y donde estamos por debajo es en las contribuciones del IRPF. Y no precisamente porque los ricos contribuyan menos. En España el tipo marginal máximo puede llegar al 50% y en Alemania es del 45%. No es una cuestión de tipos, es que la renta media española es más baja y es una realidad que tenemos que aceptar. ¿Y por qué es más baja? Porque una de cada cuatro personas en España no puede trabajar, porque tenemos un problema de empleo gravísimo. Es un análisis equivocado el intentar subir los impuestos con la excusa de una armonización con Europa. Por otro lado, y con relación a los impuestos de la armonización interior, en ningún país de Europa existe un impuesto como por ejemplo el de Patrimonio. Y creo que es importante explicarle a los ciudadanos esto: solamente en tres países de Europa, además de España, existe algo parecido a un Impuesto sobre el Patrimonio: en Dinamarca, Suiza y Países Bajos. Y en ninguno existe simultáneamente Patrimonio, Sucesiones y Donaciones e impuesto sobre las ganancias de capital. Ahora quieren implantar Patrimonio en toda España y esto es voracidad fiscal. Cuando estamos hablando de armonizar, no debería ser una armonización al alza, debería ser una armonización de los impuestos con relación al conjunto de Europa, es decir, que las comunidades ajustaran sus figuras impositivas y recaudatorias a lo que se está haciendo en Europa. Y eso pasa no por la subida de impuestos, sino por la bajada. —¿Cree que Madrid es un paraíso fiscal?
—La voracidad recaudatoria del Gobierno es enorme. Madrid no es un paraíso fiscal, es una comunidad donde se han armonizado los impuestos con la UE. Es precisamente el resto de comunidades donde todavía no se ha producido esa armonización. El intentar acabar con la situación fiscal de Madrid va en contra de la evolución natural que deberían seguir los impuestos en España.
—¿Qué piensa de la propuesta del FMI de una tasa Covid temporal?
—La tasa Covid se basa en gravar patrimonios y rentas altas y esto no lo secunda ningún país del mundo, con lo cual me parece que es una declaración de intenciones, quizá algo populista y con poco sentido práctico. La subida del IRPF para los ricos supone una recaudación de 144 millones de euros en el ejercicio 2021, la mitad del incremento de gastos del Ministerio de Igualdad, por ejemplo. Y sin embargo, el resto de subidas de impuestos, bebidas azucaradas, seguros... todos los impuestos que pagan todos los españoles han servido para subir el sueldo a los funcionarios en un año de IPC negativo.
«Los que no nos hemos jubilado tendremos que retrasar el retiro para aspirar a una pensión digna»
El Gobierno confía en que la Comisión Europea inyectará gran parte de las transferencias del fondo de recuperación en el segundo semestre de este año para rellenar el agujero de los 27.000 millones que ha incluido en los presupuestos para el presente año, porque en ausencia de estas ayudas (no reembolsables) se produciría una situación francamente inquietante para España. La ministra de Economía, Nadia Calviño, participó ayer en las reuniones virtuales del Eurogrupo y del Ecofin e insistió en su idea de que la Comisión Europea aprobará esos desembolsos.
Los plazos son bastante cerrados, ya que el mecanismo para que la Comisión pueda recaudar esos fondos no puede ponerse en marcha hasta que todos los países lo hayan ratificado, y entre los que no lo han hecho figura Alemania, pendiente de un dictamen de su Tribunal Contitucional. Si todo sale bien, desde ese punto de vista, la Comisión tiene dos meses para evaluar los planes que le envíen los países incluyendo las reformas que se comprometen a llevar a cabo y después tendrá que pasar por el filtro del Consejo (donde opinan los gobiernos), lo que significa que en el mejor de los casos antes de septiembre es imposible que haya ninguna inyección de dinero.
Antes de ello, por supuesto, el plan deberá ser aprobado formalmente por el propio Gobierno (de hecho, Calviño utiliza el término «proyecto de plan de recuperación») y asegura que en las negociaciones con los sindicatos y empresarios «hay gran receptividad por parte de los agentes sociales, es decir, la gran mayoría de la población». Tal y como lo ve la vicepresidenta económica, «en el Gobierno no hay discrepancias sobre la reforma laboral» de la que solo se conocen algunos aspectos relativos a la modernización del SEPE, la renovación de los ERTE y aspectos que «resuelvan algunos de los problemas de nuestro mercado laboral», pero sin entrar en mas detalles. Este será uno de los aspectos más importantes para la evaluación en la Comisión y en el Consejo. En mayo, la Comisión pretende también tener listas las previsiones de primavera con los efectos de esas reformas incluidas en el cálculo, según dijo el comisario de Economía, Paolo Gentiloni.
En la reunión del Ecofin hubo, según Calviño, «bastantes países insistiendo en la urgencia y en la necesidad de que los planes de recuperación se aprueben cuanto antes porque necesitamos que este estímulo se inyecte lo antes posible y que, cuanto antes, consigamos dar un impulso que nos permita recuperar la caída de la inversión, tanto pública como privada. No tenemos tiempo que perder para conseguir que estas inversiones lleguen a la economía real».