La compañía afirma que su primera opción es defender la prórroga y quedarse en Lourizán
Ence abre la puerta a buscar otra ubicación a su planta fuera de la ría ▶
Ence acepta buscar nuevos emplazamientos para la fábrica de pasta de papel que se asienta en los terrenos públicos al pie de la ría de Pontevedra. Según el comité de empresa, la compañía se abrió ayer al posible traslado en la reunión convocada por el Ministerio de Transición Ecológica, en la que participaron también la Xunta, el Concello de Pontevedra y los representantes de los trabajadores. La fábrica espera una sentencia de la Audiencia Nacional que decidirá si la prórroga para poder quedarse en los terrenos de Lourizán aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2016 es o no ilegal.
Ence asegura que su prioridad sigue siendo mantenerse en Lourizán y defender la legalidad de la prórroga, pero que por responsabilidad social «está abierta a escuchar». Desde 1988, el abandono de Ence de la ría tenía una fecha marcada en el calendario, el año 2018 en el que finalizaba su concesión. Pero en 2016, el Gobierno de Rajoy en funciones decidió concederle una prórroga que se extendería hasta 2073, tras haber modificado previamente la Ley de Costas. El pasado 8 de marzo de 2019, la Abogacía del Estado concluía que esta decisión no fue conforme a derecho abriendo la puerta a que la pastera, de la que dependen unos 5.000 puestos de trabajo directos e indirectos (según la empresa y la Xunta) tenga que dejar Lourizán.
Antes de la prórroga, Ence buscó otra ubicación en Galicia y en los últimos años había asegurado que no la encontró. En 2006, la compañía recurrió «a expertos independientes», entre ellos la consultora finlandesa Pöyry, que concluyeron que ningún otro punto contaba con las «especiales condiciones técnicas que necesita para su operación».
Según explica a ABC, José Antonio Lafuente, presidente del comité de empresa de Ence, en la reunión celebrada ayer en el Ministerio, la compañía volvió a remitirse a estos informes, pero no se cerró en banda al traslado. «El Ministerio le ha pedido a la empresa que estudie las posibles ubicaciones dentro de Galicia para montar una fábrica nueva. La empresa se ha comprometido a estudiarlas», indica Lafuente. Según el representante de los trabajadores, en la reunión «la Xunta se ha comprometido a estudiar nuevos emplazamientos y que la empresa los analice, hay compromiso por parte de las administraciones de buscar ese nuevo emplazamiento para ir trabajando en caso de que la Audiencia Nacional dictamine que la prórroga no es legal, tener una alternativa para los trabajadores». Desde el comité muestran su satisfacción por el encuentro, pero advierten de que ahora toca a las partes trabajar para encontrar una solución de futuro para la factoría. La ministra Teresa Ribera destacó que «tenemos un marco temporal para poder organizar bien las cosas. Pensemos que la concesión de Ence estará vigente como mínimo hasta el año 2033, en el supuesto de que la Audiencia Nacional considere ilegal la prórroga», informa el Ministerio en un comunicado.
Fondos europeos
El posible uso de los fondos europeos para luchar contra la pandemia del Covid podría haber motivado el cambio de parecer de Ence, hasta ahora cerrada a cal y canto a la posibilidad de traslado. Antes de la reunión el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, explicaba que la posición del Gobierno autonómico es que «la planta no puede cerrarse en este momento», informa Ep. El mismo argumento defendió el conselleiro de Industria, Francisco Conde, en la primera mesa de diálogo de Ence. Pero, prosiguió Feijóo, «lo cual no significa que «si hay fondos europeos y si hay interés por invertir se pueda poner una pastera dentro de algún tiempo en un lugar más adecuado del que está». En 2013, el mismo año en que el Ejecutivo de Rajoy cambiaba la Ley de Costas y con la prórroga ya solicitada, el entonces presidente de Ence, Juan Luis Arregui desveló que el motivo económico también pesaba en su negativa a cambiar de emplazamiento. Los informes encargados cifraban el coste de la operación en 700 millones de euros.
Conde explicó en la reunión que la Xunta está dispuesta a colaborar si hay un compromiso por parte del Gobierno central de mantener los empleos en la pastera.