El Supremo abre la puerta a que Hacienda pague 2.500 millones a las CC.AA.
▶ Da la razón a Castilla y León por las cantidades pendientes del IVA de 2017
El Plan de Recuperación que, al parecer, aprobó ayer el Consejo de Ministros, es una oportunidad única y muy probablemente irrepetible para sacar a la economía española del marasmo en el que se encuentra por culpa de la pandemia y de sentar las bases de una modernización de sus estructuras, cuya necesidad viene de mucho más atrás. Digo, al parecer porque esa es la noticia de ayer, pero nos llega tan vacía de concreción que uno ya no sabe a qué atenerse. El tema viene de lejos. Ahora hace un año, el Consejo de Ministros europeo celebrado el 23 de abril de 2020 tomó el acuerdo de establecer el fondo, cuyos objetivos se fijaron en el consejo celebrado entre los días 17 y 21 de julio. Es decir hemos tenido un año para pensar en ello y no es presentable que a dos días de su envío a Bruselas sigamos en éstas. El Plan es como un libro que nos muestra el título de sus capítulos, pero no su contenido. Sí sabemos que este año incluiremos en los presupuestos 27.000 millones en total y que habrá que esperar hasta el 2025 para completar la cifra de los 74.000 millones que esperamos.
Nos faltan por conocer temas capitales como el alcance de las reformas exigidas por la UE y prometidas por el Gobierno en pensiones, mercado de trabajo, fiscalidad mercado interior o capital humano. Los constantes enfrentamientos entre las almas económicas, representadas ahora por las vicepresidentas segunda y tercera, con la más compleja y cambiante ubicación entre las dos del ministro Escrivá, han trasladado un sin fin de globos sondas y declaraciones que impiden formar un juicio definitivo. Y no es nada evidente que el viernes, cuando se envíe el documento a Bruselas, se nos despeje el panorama. ¿Ha formado el Gobierno un criterio único al respecto de las reformas, de su alcance y de su calendario? ¿Sabe cuál va a ser el reparto de las actuaciones y las responsabilidades con las comunidades autónomas una vez que se ha comprometido a repetir el modelo de la poco afortunada cogobernanza seguida en la pandemia?
Por si fuera poco, todo sucede en medio de un agravamiento de las cuentas públicas, con previsión de menor de crecimiento y mayor déficit, lo que dificulta el esbozo de un calendario de consolidación que, en principio, debería empezar en 2023 y que el Gobierno quiere posponer.
El Ministerio de Hacienda se enfrenta a la posibilidad de tener que pagar 2.500 millones de euros por la mensualidad de IVA de 2017 no pagada al conjunto de las comunidades autónomas. El Tribunal Supremo sentó ayer un precedente al dar la razón a Castilla y León, que el pasado septiembre interponía un recurso contencioso-administrativo, después de que el Consejo de Ministros desestimara por falta de respuesta, la reclamación del pago de la liquidación del IVA cuya recaudación se origina en
2017.
La comunidad gobernada por Alfonso Fernández Mañueco exigía el pago de 182 millones de euros, si bien el Supremo simplemente se limita a señalar que la cantidad con la que Hacienda debe indemnizar a la región debe ser la diferencia entre lo que le correspondía y lo liquidado. «La sentencia reconoce que tenemos razón, pero nosotros hemos cuantificado la cifra y el Gobierno nunca lo hizo», explica a ABC el consejero de Economía y Hacienda castellano y leonés, Carlos Fernández Carriedo.
Cataluña, Galicia, Madrid, Castilla-La Mancha, Asturias, Andalucía o Murcia, también habían presentado recursos similares y ahora ven que el fallo del Supremo sienta precedente para sus reclamaciones. La Junta de Castilla y León cifró ayer en 4.150 millones de euros el impacto que podría tener para Hacienda el pago del IVA adeudado a todas las comunidades, aunque en su día la Autoridad Fiscal lo cifró en 2.500 millones. El presidente de la comunidad autónoma, Alfonso Fernández Mañueco, señaló que «Castilla y León gana, Sánchez pierde». Y anunció que reclamará una reunión urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera para dirimir esta cuestión.
La problemática deriva de una medida que adoptó en 2017 el Ministerio de Hacienda que entonces comandaba Cristóbal Montoro. Al aprobar la declaración informatizada del IVA (el Sistema Inmediato de Información, para modernizar la declaración del impuesto), la fecha de tributación para las empresas se atrasó para permitirles adaptarse al nuevo sistema, lo que provocó que en dicho año, a efectos de caja, se recaudaran solo once meses.
Como las comunidades perciben el 50% de los ingresos del gravamen, en 2017 el Estado cubrió la parte de las comunidades, pero el modelo de financiación indica que a dos años vista el Ejecutivo liquida las diferencias de la recaudación real frente al reparto de ingresos previstos. En 2019, llegó la liquidación y dejó a las comunidades con 2.500 millones de ingresos menos fruto de esta decisión de 2017.
De esta forma, el Estado cobró en caja diez meses de ingresos de recaudación en 2017, frente a los doce de las comunidades. En 2019, el Estado al hacer la liquidación de 2017, se quedó con 13 meses de recaudación del gravamen –una de ellas fruto de la de 2017 de menos que percibió– y las comunidades, con once. Hacienda, en su momento, incluyó una solución en su proyecto de Presupuestos de 2019, pero al tumbarlos el Congreso y adelantarse las elecciones, quedó en papel mojado. Después, ya en 2020, suavizó los objetivos de déficit y permitió a las regiones compensar esta pérdida de ingresos con préstamos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a tipo cero.
Sienta precedente Cataluña, Galicia, Madrid, Asturias, Andalucía y Castilla-La Mancha también habían recurrido
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero