El fallo del TS abre la esperanza de recuperar los 204 millones del IVA
▶El Gobierno central tendrá que pagar a Castilla y León la mensualidad de 2017 que también reclama Galicia ▶Facenda acusa a Sánchez de dar a Galicia 660 millones menos de los que le tocarían en los fondos del Covid
Tras meses de negociaciones infructuosas, el pasado 20 de agosto la Xunta activó la vía judicial para recuperar los 204 millones de una mensualidad del IVA de 2017 que el Gobierno central, aún en manos del PP, no había transferido a las comunidades. Galicia no fue la única autonomía que protestó ante los tribunales y ayer Castilla y León exhibió el primer fallo del Supremo que obliga al Ejecutivo de Sánchez a abonar la deuda pendiente, en su caso de 184 millones. La Consellería de Facenda espera ahora que la resolución sea también favorable para Galicia. «Todo indica», apuntó ayer su titular Valeriano Martínez en el Parlamento, que los millones «tendrán que venir a la comunidad autónoma porque son de todas las gallegas y de todos los gallegos».
La noticia del fallo del TS se conocía mientras el conselleiro comparecía en el pleno para explicar la gestión económica de Galicia durante la pandemia del Covid-19. Desde el estrado, Martínez dio la «bienvenida» a la sentencia que da la razón a Castilla y León y destacó que entró en el fondo del asunto. «En 2017 los gallegos sí que abonaron su IVA y por un cambio de sistema resulta que se deben a la comunidad autónoma 204 (millones)», avisó. El conselleiro esperó que el Supremo «siga por ese camino», si bien pide «prudencia» para esperar por el fallo específico para Galicia.
A principios de 2020, el Gobierno de Sánchez daba portazo a la reclamación de la Xunta. La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, argumentaba entonces que ya no era posible devolver el dinero a las autonomías. El plazo límite, explicaba, era el año 2019 porque el sistema de financiación tiene la liquidación dos años más tarde del ejercicio en el que se produce. Ese año 2019, España estaba con los presupuestos generales prorrogados y no había partida específica para la devolución del IVA. Sin embargo, varias autonomías afectadas entendían que la deuda no podía prescribir y acudieron a los tribunales que ahora empiezan a darles la razón. «La Xunta siempre defendió que había una cantidad que el