El CGPJ se reprime y rechaza llevar al TC y al Defensor del Pueblo la reforma que lo ata
▶ Trece vocales, entre ellos Lesmes, abortan la propuesta de ocho conservadores
Pese a su oposición a la tramitación de la reforma que lo maniata estando en funciones, y que semanas atrás se tradujo en contundentes acuerdos mayoritarios del Pleno, los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no lograron ayer ponerse de acuerdo para llevar al Tribunal Constitucional la ley que limita sus atribuciones. Se trataba de la última oportunidad que tenía el órgano de gobierno de los jueces para responder ‘en primera persona’ a lo que hasta hace poco consideraban una injerencia intolerable y que ha llevado a 2.500 togados a pedir ayuda a Europa. El viernes 30 acababa el plazo para interponer el recurso contra la nueva ley (entró en vigor hace un mes), el mismo día en el que inicialmente se pensó celebrar el pleno extraordinario que tuvo lugar ayer tras forzar su convocatoria ocho vocales.
Por ocho votos a favor –los de los vocales que llevaron esta propuesta al Pleno– y trece en contra –todo el sector progresista, algunos vocales del sector conservador y el propio presidente, Carlos Lesmes–, el Pleno rechazó tanto la opción de plantear ese conflicto de atribuciones como la de instar al Defensor del Pueblo a que sea él el que recurra la ley ante el TC. Al menos un vocal de los que votaron en contra (Mario Macías) formuló un voto particular concurrente explicando su desacuerdo con la vía elegida y dejando claro su repulsa a esta reforma exprés.
Recurso de los partidos
La votación de la iniciativa ante el TC y la del Defensor del Pueblo se produjo después de que el Pleno estudiara y debatiera intensamente el informe elaborado por los ocho vocales partidarios de plantear ante el TC el conflicto de atribuciones al considerar que, llegados a este punto, el Consejo no se puede quedar de brazos cruzados. Sin embargo, paradójicamente, algunos de estos vocales se opusieron a seguir adelante con los nombramientos justo antes de que entrara en vigor la ley impulsada por PSOE y Podemos con el argumento de que la renovación del órgano se iba a producir pronto.
En el texto sometido a debate en el pleno extraordinario de ayer se aludía al informe de los propios letrados del Consejo para señalar que con esta reforma se ha llevado a cabo una privación de competencias por parte de órgano constitucional, lo que «produce un menoscabo o lesión» que se constata «de manera actual y efectiva» sobre las competencias referentes a nombramientos. Para estos vocales resultaba «imprescindible» que desde el más alto nivel constitucional se clarificara qué competencias puede ejercer el Consejo y cuáles no.
El documento señalaba, además, que la interposición de este conflicto de atribuciones es independiente del recurso de inconstitucionalidad que partidos como PP y Vox ya han anunciado que interpondrán, un recurso que para algunos de los vocales que ayer votaron en contra es la opción que cuenta con más posibilidades de prosperar. «No se pretende que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional dicha ley. Lo que se solicita de dicho órgano constitucional es dirimir conflictos de atribuciones entre órganos constitucionales», señalaba el texto que ayer se estudió. Y agregaba en este punto que, en plena tramitación de la proposición de ley, el CGPJ se dirigió a la Mesa del Congreso en dos ocasiones para recordarle su obligación, conforme a las recomendaciones europeas, de escuchar a los jueces.
El borrador de los ocho vocales diferenciaba, como hicieron los letrados del Consejo, un CGPJ saliente y un CGPJ
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