La Asociación de Fiscales ya ha llevado a los tribunales dos decisiones que considera arbitrarias
plantilla». A juicio de Dexeus lo que realmente necesita la carrera es «un estudio completo de su plantilla y de las cargas de trabajo, con ampliación del número de plazas de segunda categoría y reconversión de las plazas de tercera en segunda, un estudio de la carrera profesional, mejoras de los sistemas de guardia, entre otras».
No es la primera vez que la AF denuncia el «dedazo» de la fiscal general, cuya idoneidad para el cargo está en manos del Tribunal Supremo a través de un recurso que interpuso el PP contra su nombramiento. El pasado 17 de marzo la AF ya se quejó de que «transcurrido más de un año desde su toma de posesión, los concursos para la cobertura discrecional siguen un orden en cuanto a las plazas concretas y un ritmo en cuanto al tiempo de publicación que obedecen a una estrategia solo conocida por la fiscal general del Estado». Esta asociación ha llevado esta supuesta arbitrariedad a los tribunales, donde hay pendientes dos recursos: uno contra el decreto de delegación de funciones en Antidroga (el de Javier Zaragoza, quien ya renunció al cargo) y otro contra el nombramiento de Eduardo Esteban como fiscal de Sala de Menores en detrimento de un fiscal mucho más especializado en la materia y con un bagaje profesional mayor.
Esteban fue portavoz de la UPF, como también lo han sido el fiscal-jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía
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General, Álvaro García-Ortiz, y la recién nombrada coordinadora de Violencia de Género Teresa Peramato.
En el comunicado de ayer la Asociación de Fiscales también destacan la continua «falta de transparencia» de la Fiscalía General, y pone como ejemplo el Consejo Fiscal en el que se trató el Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática.
La información suministrada por el gabinete de prensa de la Fiscalía General, dice la AF, omitió que el informe favorable al texto lo era solo de la mayoría de los vocales pues cinco de los integrantes del mismo anunciaron su voto discrepante.
En aquel Consejo Fiscal, el informe sobre el anteproyecto salió adelante gracias al voto de desempate de la fiscal general. Los vocales de la AF consideraron que la norma de la ministra Carmen Calvo resultaba «confusa, calculadamente ambigua y contradictoria». Señalaron que el texto tenía que ser rechazado por dar «falsas expectativas a las asociaciones y familiares de víctimas», y por facilitar la instrumentalización del Ministerio Fiscal.