Los barones del PP intensifican la rebaja fiscal frente a Sánchez
▶ Habrá mociones en toda España para rechazar en bloque el ‘hachazo’ del Gobierno
dual» se «irá haciendo el trasvase de ahorradores» hacia los planes de empleo, a los que aportarán trabajadores y empresarios. El objetivo es extender su uso desde los tres millones de trabajadores actuales a 13 millones en el 2030 (el 80% de la población activa). El volumen de dinero gestionado con este nuevo vehículo alcanzaría el equivalente al 9% del PIB en esta década y hasta el 31% en el 2050. No será un plan exclusivo para asalariados, está previsto ampliarlo también a autónomos y, de forma «progresiva», también a los empleados públicos.
Mecanismo de equidad intergeneracional
La reforma sentencia el factor de sostenibilidad aprobado en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy y se compromete a poner en marcha un mecanismo de equidad intergeneracional. De este solo se especifica que busca que no se «sobrecargue» a las generaciones más jóvenes con el ajuste provocado por la llegada a la edad de jubilación de los ‘baby-boomers’, un ejército que empezará a retirarse a partir de 2023 y hasta alrededor de 2040. No se detalla nada más, aunque en el diálogo social José Luis Escrivá informó a los agentes sociales de su intención de posponer a 2027 la puesta en marcha de esta nueva herramienta de ajuste del gasto.
El Estado asumirá gastos y los autónomos cotizarán por ingresos reales
El Gobierno argumenta que la Seguridad Social está asumiendo ‘gastos impropios’ que no le corresponden y que si fueran asumidos por el Estado el sistema estaría en situación de equilibrio. Asegura que el primer objetivo es eliminar los números rojos y por ello apuesta por seguir la senda de transferir a los impuestos gastos que hoy se afrontan con las cotizaciones sociales. Y para la primera mitad del año 2022 se proyecta impulsar un nuevo sistema de cotización de autónomos en función de ingresos reales con un periodo transitorio de diez años. Un objetivo que hace unas semanas se posponía hasta 2023 y que será negociado en el diálogo social. Desde ATA llevaban meses insistiendo en que el cambio planteado por la Seguridad Social excluiría a la mitad de los trabajadores por cuenta propia y supondría una subida de cuota para otros 700.000 autónomos. «Esto no se puede llevar a cabo sin los informes técnicos necesarios: tiene que ser un sistema garantista», dijo Lorenzo Amor a ABC.
El Partido Popular va a responder en bloque, desde todos los ayuntamientos, diputaciones y comunidades, con un rechazo rotundo al ‘hachazo fiscal’ que prepara el Gobierno de Sánchez, y con la defensa de un modelo alternativo que tiene en la bajada de impuestos una de sus principales banderas. Génova se ha coordinado con los consejeros de Hacienda del PP y con los municipios para preparar una moción que este lunes tienen previsto presentar en la junta directiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). La moción se llevará a debate en los plenos municipales y autonómicos para mostrar su oposición a la subida de impuestos y ofrecer todo lo contrario.
«Cuando ellos ataquen con impuestos, nosotros los bajaremos, intentaremos hacer menos lesiva la subida que quiere aplicar el Gobierno con bonificaciones en las comunidades y con una reducción de tasas en los ayuntamientos», comentan fuentes de la dirección nacional del PP. La bajada de impuestos forma parte de la ‘marca PP’, o eso pretenden sus dirigentes. De hecho, es una política que se ha seguido en el conjunto de las comunidades y municipios donde gobiernan. Según los populares, hay margen para seguir aplicando nuevas bajadas y esa será su respuesta a lo que consideran un «ataque» del Gobierno a los bolsillos de los españoles.
En el Congreso de los Diputados, el grupo popular tiene preparada una ofensiva parlamentaria para intentar poner contra las cuerdas al Gobierno. El martes, defenderá en el pleno una moción para que explique las subidas de impuestos que piensa llevar a cabo y su posición respecto a la autonomía financiera de las comunidades. Además, ha solicitado la comparecencia de la ministra Montero por la supresión de la declaración conjunta del IRPF, y el miércoles, también en pleno, interpelará al Gobierno sobre las medidas fiscales remitidas a Bruselas el 30 de abril.
Al mismo tiempo, dirigentes nacionales y regionales del PP han abierto una campaña en las redes para denunciar esa ofensiva fiscal del Gobierno. Censuran el «ensañamiento fiscal» de Sánchez en IRPF, Sociedades, seguros, Patrimonio, ahorro, plásticos
Fernández Mañueco y Díaz Ayuso de único uso, en refrescos azucarados, diésel, en cotizaciones, en autovías y carreteras, en matriculación, en los billetes de avión, en los planes de pensiones y en sucesiones, entre otros. Al mismo tiempo, defienden que hay margen de recorte en gasto público, por ejemplo en el «mastodóntico» Consejo de Ministros, donde sigue habiendo 23 carteras, incluidas las cuatro vicepresidencias.
En cada municipio o comunidad donde gobierna el PP la bajada de impuestos seguirá siendo una piedra angular de su política, como parte esencial de la alternativa que quieren ofrecer frente a Sánchez. El PP tiene la firme convicción de que cuanto menos se paga individualmente, más se recauda de forma colectiva en una especie de círculo virtuoso. «Hay un retorno claro en la bajada de impuestos, como estamos comprobando en las comunidades donde gobernamos», advierten los populares.
Y ante el debate sobre una armonización fiscal, el PP lo acepta solo si se hace a la baja, y no al alza. Es decir, si se toma la Comunidad de Madrid como ejemplo, y no una región que ven «asfixiada» por los altos impuestos como es Cataluña. Defienden así una armonización «a la madrileña».
Para el PP es imprescindible que haya una buena financiación local y autonómica, algo que en este momento brilla por su ausencia. «Los ayuntamientos han sido los grandes olvidados del Gobierno, no han recibido ninguna ayuda», denuncian.
La última comunidad gobernada por el PP en aplicar una rebaja de impuestos ha sido Castilla y León. Hoy entra en vigor la eliminación práctica del impuesto de Sucesiones y Donaciones entre familiares directos, una medida que forma parte del programa de los populares. Esta medida supone reducir al 99% el coste fiscal al que se encuentran sometidas las adquisiciones de bienes y derechos por herencia o donación entre familiares directos, cónyuge, descendientes y ascendientes. El PP calcula que supondrá un ahorro de 35 millones de euros para las familias. En Galicia, el 99,9% ya no paga el impuesto de Sucesiones, en Andalucía es el 99%, lo mismo que en Murcia y en Madrid.
Retorno positivo
En Andalucía, el PP encuentra un buen ejemplo del retorno positivo que supone, según defienden los populares, la reducción de impuestos. La supresión práctica del impuesto de Sucesiones y Donaciones permitió recaudar 550 millones más en 2019. Es cierto que la recaudación por ese impuesto cayó en 140 millones, pero los ingresos por IRPF aumentaron en 600 millones, ya que hubo 116.000 declaraciones de la renta más. Es decir, que por cada euro que perdió el impuesto de Sucesiones, se ganaron cuatro por el IRPF.
Armonización Los populares defienden una armonización ‘a la madrileña’, que sea a la baja, y no ‘a la catalana’