VISTO Y NO VISTO

LA campaña de Ayuso banalizó la idea de libertad y ahora vienen los malentendidos. Veámoslo como en silabario, para que no nos enreden los metafísicos. La libertad, en serio, es política. Se es ciudadano cuando se tiene libertad política, que le permite (donde eso ocurra) elegir y deponer a sus gobernantes. Elige a quién obedecer.

Al sistema de gobierno que garantiza la libertad política llamamos democracia, inventada para impedir la soberanía del Parlamento, o dictadura de la mayoría. La libertad política no sale de los gobiernos, como cree Casado; son los gobiernos los que salen de la libertad política.

—¡Necesitamos legislación! –berrean los caciques autonómicos.

La única ‘legislación’ de la libertad política es la Constitución, nacida de un poder constituyente tras una gestación de libertad constituyente (donde eso ocurra) y que establece el juego de los poderes estatales. El ‘pack’ incluye el estado de excepción, cuyo pin piden los caciques para activarlo en sus feudos con el pretexto de la peste. Vamos, golpes de Estado autonómicos, esencia barroca del acto político en consideración de Gabriel Naudé, que entiende el golpe de Estado como el acto extraordinario a que recurre un gobierno para lograr aquello que concibe como la salvación del Estado. O del Estadín. Así, las autonomías dejarían de ser los «Estados vacíos de soberanía» de Jellinek para convertirse en diecisiete cortes de caciques soberanos, si soberano es quien decide el estado de excepción. Hoy es la peste, otro día es la vendimia, y si no, la matanza del chancho.

La Constitución supone la defensa de uno contra todos (donde eso ocurra), y la ley, la de todos contra uno. Casado cree que una ley lo vuelve todo legal, y pide una ley de pandemia, o sea una Ley de Defensa de la Salud a calcar de la Ley de Defensa de la República que redujo la libertad a una charla de Almeida.

Lo que los caciques autonómicos piden, y no se atreven a decir, es poderes para dictar bandos militares.