Sánchez deja al 23% de los presos de ETA en manos de sus socios del PNV

▶ Iceta cierra la entrega de las cárceles vascas, donde hay más de 40 miembros de la banda cumpliendo condena Presos de ETA por comunidades autónomas

El viernes de la semana pasada, tras el anuncio de que otra remesa de etarras cambiaba de prisión, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) lanzó su enésimo aviso: el Gobierno sólo tiene que trasladar a otros diez presos de ETA para culminar el fin de la política de dispersión de los integrantes de la banda encarcelados. El viaje de todos ellos, seguramente, terminará en su tierra. Y con el plan del Gobierno a punto de culminar, el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, se desplazó ayer hasta el País Vasco para rubricar la entrega de las cárceles.

A partir del 1 de octubre, la cesión a los nacionalistas se hará efectiva cumpliendo con la reivindicación vasca contemplada en el statuto de Guernica, publicado en el BOE en el año 1979. Y desde ese momento, en un movimiento bendecido por Bildu, el día a día de los presos etarras quedará en manos del Ejecutivo vasco, liderado por el PNV; en ambos casos, socios necesarios para que Pedro Sánchez prolongue su estancia en La Moncloa. En sus manos quedarán los etarras que de las cárceles

Mayo 2021, incluidos los traslados no materializados vascas. Según los datos que maneja la AVT, son 44, contando los internados y aquellos cuyo traslado ya está aprobado. O lo que es lo mismo: el 23% de los 192 miembros de la banda que, según estas mismas fuentes, cumplen condena en las distintas prisiones del territorio nacional.

A las puertas

Al revisar el mapa, la tendencia es clara. Los presos etarras cada vez están más cerca del territorio vasco. En virtud de los recuentos de la AVT, entidad a la que Interior ha notificado cada traslado, hay 42 presos de la banda terrorista en prisiones de Castilla y León, 19 en Aragón, 22 en Cantabria, 21 en La Rioja, 11 en Asturias o 19 en Aragón. En total, otros 125 etarras en las zonas más próximas al País Vasco sin contar otros territorios más alejados.

Iceta obvió estos datos en su comparecencia ante la prensa ayer en Bilbao. Una vez finalizada la comisión mixta de Transferencias que integran el Gobierno

central y el Ejecutivo vasco, el ministro sacó pecho por el traspaso de las competencias penitenciarias. «Es una cuestión trascendente, pendiente desde hace muchos años y que viene a cumplir y saldar una deuda», dijo el socialista, quien también insistió en que la cesión es perfectamente legal.

«No estamos haciendo nada más que cumplir con la ley», defendió Iceta, a quien no se le ocurrió poner otro ejemplo que el catalán –el otro territorio donde gozan de estas competencias– para respaldar el pacto del Ejecutivo con los nacionalistas. «La verdad es que la sociedad catalana está razonablemente satisfecha de la gestión y el uso concreto de esa transferencia». Eludió el ministro el golpe del 1 de octubre, la posterior condena a los cabecillas del ‘procés’ y el golpazo judicial que el Tribunal Supremo dio a la Generalitat por trato de favor a los líderes secesionistas.

Control judicial

Cuestiones cotidianas de la vida en prisión de los etarras, como pueden ser la concesión de los permisos o la flexibilización de la pena, pasarán ahora a manos de la Administración vasca. No obstante, las fuentes jurídicas consultadas consideran que, por mucho que las competencias sobre las cárceles pasen a manos de los nacionalistas, los etarras no disfrutarán de beneficios penitenciarios en su concepción más técnica, que se corresponde con la reducción de la pena o el indulto.

Y si la Administración vasca ejecutara alguna decisión polémica en este sentido, la última palabra la tendría