La Justicia veta el toque de queda en Navarra y el cierre de un municipio andaluz
▶ Otros territorios de la región con situaciones similares sí seguirán perimetrados La gratuidad de las PCR frena la aprobación del pasaporte Covid
La espita del caos jurídico abierta por el Gobierno al dejar en manos de las comunidades la restricción de derechos fundamentales, como la movilidad nocturna o los cierres perimetrales, sumó ayer dos nuevos varapalos judiciales en Andalucía y Navarra.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) denegó el toque de queda nocturno decretado por el Gobierno de Navarra para evitar la proliferación de los botellones al considerar que la medida «no superaba el canon de necesidad y proporcionalidad». Con similares argumentos, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tumbó el confinamiento del municipio granadino de Montefrío. Ambos autos coincidieron ayer con la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien volvió a insistir en que el estado de alarma «es el pasado». «La vacunación está a 99 días de lograr la inmunidad de grupo. Las autonomías tienen amplios instrumentos. Hay que seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias», aseguró.
Medida invasiva
El su auto, el TSJ de Navarra considera que «el control del denominado botellón no necesita ni exige una medida tan invasiva en los derechos fundamentales». «El control del botellón se puede realizar con aplicación de la legislación ordinaria (lo mismo que se hacía antes de la pandemia) no necesitando de la aplicación de la legislación sanitaria extraordinaria», asegura la Sala.
Navarra fue una de las cinco comunidades autónomas que decidieron mantener el toque de queda tras el fin del estado de alarma el pasado domingo. De ellas, los tribunales solo han autorizado esta medida en la Comunidad Valencia y Baleares. En el País Vasco, Canarias y Navarra, se ha rechazado.
En el fallo, que puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN sostiene sobre el toque de queda que «es evidente que esta medida (como todas las que ha propuesto el Gobierno de Navarra: confinamiento perimetral, etc.) es eficaz», pero eso «no basta para poder ratificar una medida tan restrictiva de un derecho fundamental».
La oposición de varios Gobiernos a que las pruebas PCR sean gratuitas, especialmente los de los países que reciben más turistas, es el principal obstáculo para que se apruebe la puesta en marcha del «certificado verde» europeo que debe servir para recuperar la movilidad. Esta tarde se ha celebrado una nueva reunión entre representantes del Parlamento europeo,
La Sala, por otra parte, tampoco ratifica el horario de cierre de la hostelería, fijado en la orden foral a las 22 horas, al ser estar ligada al toque de queda. Entiende el Tribunal que estas limitaciones horarias «solo tienen sentido en el contexto de la vigencia del toque que exige que las PCR sean gratuitas o al menos que tengan un coste reducido, y el Consejo, donde los países no están de acuerdo por sus «implicaciones financieras». Las dos instituciones se han de poner de acuerdo para que la legislación pueda entrar en vigor.
El secretario de Estado para la UE, Juan González Barba, que ayer participó en un Consejo de Asuntos Generales presencial en Bruselas, dijo que de queda, pues estos límites de horario máximo solo persiguen habilitar el cumplimiento» del mismo.
Respecto a las limitaciones de reuniones de un máximo de seis personas, tanto en el ámbito privado como público, la Sala considera la decisión la gratuidad de las PCR significaría que España tendría que pagar el de todos los turistas que vengan de vacaciones en el momento que regresen a sus países. El Parlamento entiende que este pasaporte ha de ser un documento que no genere discriminaciones entre los países donde las PCR son gratuitas para sus nacionales y aquellos donde los ciudadanos tienen que pagar por ello para poder tener el certificado que les permita viajar. En lo que están de acuerdo todos los países es en la instauración de un freno de emergencia que permitiría a un país denegar el acceso incluso a los que posean ese certificado verde en caso de que se produjera un repunte en las infecciones.