Los planes del País Vasco para la gestión de sus cárceles preocupan a la Asociación de Víctimas

una cesión a una reivindicación histórica de ETA, de ahí que haya sido aplaudida por el entorno de la organización», consideró la AVT, que sin embargo, admitió haber asumido las decisiones del Gobierno, ya que se enmarcan dentro de la legalidad.

«Las víctimas del terrorismo aceptamos resignadas la aplicación de la legislación penal, como no podía ser de otra manera, y asumimos que el tiempo pasó y los etarras van cumpliendo sus condenas. Será legal pero el contexto en el que se produce no es moral», denunció la AVT tras una reunión que, según las fuentes consultadas, se desarrolló en un clima cordial y que puede servir, pese a los desencuentros de estos meses, a mejorar la comunicación entre ambas partes.

Puerta de atrás

La asociación aludió a que la cesión de las prisiones se realizara justo ahora, con una coyuntura en la que «los herederos del frente institucional de ETA se vanaglorian de condicionar la política del Gobierno» y en la que cada vez que un etarra sale de prisión es recibido como si fuera un héroe en sus localidad de origen. Alimenta las sospechas que la transferencia de las competencias sobre el sistema penitenciario se haya realizado ahora aunque es algo que ya se recogía en el Estatuto de Autonomía vasco de 1979 y que hasta el momento no había despertado tanto interés entre los sectores nacionalistas.

Por ello, las víctimas reclamaron a Marlaska «que la legislación y la política penitenciaria no se conviertan en la puerta de atrás del Derecho Penal favoreciendo la impunidad». De igual modo, insistieron en que «las autoridades penitenciarias se preocupen y se ocupen no tanto de satisfacer las reivindicaciones de los presos terroristas sino de hacer justicia a las víctimas».