Baleares prepara un plan para catalanizar la Justicia
▶ La campaña incluye cursos de catalán para funcionarios, carteles y traducción de las sentencias
El nuevo objetivo del independentismo balear es catalanizar la Justicia, esfera que escapa del control autonómico y que depende del Estado central. Ante la imposibilidad de imponer el requisito lingüístico a estos funcionarios, el Govern de la socialista Francina Armengol ha impulsado una campaña para fomentar el uso de la lengua catalana en este bastión «altamente castellanizado». La iniciativa parte del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) y cuenta con el apoyo de la dirección de política lingüística del Ejecutivo balear liderado por Beatriu Defior, exmilitante de ERC.
Se trata del primer plan de fomento de la lengua catalana en el entorno jurídico de las Islas e incluye varias actuaciones como la elaboración de carteles en los juzgados para informar a los ciudadanos de sus derechos lingüísticos, en la línea de la Oficina de Derechos Lingüísticos que ya creó el Gobierno balear en 2020 para «paliar el dolor de no hablar en catalán». Además, se ofrecerán cursos de terminología específica y un diccionario de léxico para los funcionarios y se pondrá en marcha un software para la traducción automatizada al catalán de las sentencias en la gerencia territorial. También se estudia la posibilidad de contratar técnicos lingüísticos en los juzgados, pese a la acuciante falta de recursos que sufre esta administración.
El papel de la Universidad
Otro proyecto de este plan es catalanizar los estudios de Derecho en la universidad pública balear. El TSJB trabaja codo con codo con la Universidad de las Islas Baleares (UIB) para avanzar en la normalización lingüística, ya que «sólo el 21,1%» de las asignaturas se pueden cursar en lengua catalana, según ha denunciado la Plataforma per la Llengua. La autodenominada ONG del catalán culpa a la universidad pública de la baja presencia del catalán en el ámbito jurídico y argumenta que la castellanización de los estudios provoca una dinámica de ejercer en castellano ante el desconocimiento del vocabulario jurídico en catalán.
La campaña está todavía por definir y se presentará el próximo mes de junio aunque el presidente del TSJB,
Carlos Gómez, avanzó ayer en el Parlamento balear su intención de aumentar la presencia del catalán en los documentos y demás trámites judiciales. «El objetivo es que cualquier persona se pueda dirigir en catalán a los jueces», defendió.
El TSJB ha creado una mesa de trabajo donde participan diferentes entidades y partes representantes del mundo judicial como son los colegios oficiales de abogados, de procuradores y graduados sociales, así como la Gerencia Territorial de Justicia. También se ha consultado con la Obra Cultural Balear, principal asociación catalanista de Baleares y una de las entidades más regadas con subvenciones por parte del Ejecutivo de Armengol para promover el catalán.
La OCB reconoció en 2017 a los ‘Jordis’ con el premio Gabriel Alomar «por abrir el catalanismo a todas las luchas sociales».
Intervencionismo lingüístico
Desde que llegó al poder en 2015, Armengol y sus socios nacionalistas de Més y Podemos mantienen una política lingüística intervencionista. En 2016 se impuso el catalán como requisito para acceder a un puesto de funcionario en la Administración autonómica, en lugar de un mérito como estableció el PP en la anterior legislatura. En 2017 amplió la normativa para que fuera obligatorio para cualquier contrato con la Administración. Más tarde, lo extendió a la sanidad pública con un polémico decreto que penaliza a médicos y enfermeras sin carrera profesional y sin derecho a traslados si no acreditan el catalán en un plazo de dos años.
Responsabilidad La iniciativa parte del Tribunal Superior de Baleares y está respaldada por el Gobierno regional