Luz verde a la Ley de la Infancia, que volverá al Congreso antes de su publicación en el BOE
El Senado prohíbe la exploración genital de niños para saber su edad ▶
La Ley de la Infancia prohibirá prácticas consideradas invasivas, como la exploración genital o los desnudos integrales, en las pruebas médicas que se llevan a cabo para determinar la edad de los niños cuando esta se desconoce, situación que se da principalmente con los menores no acompañados que llegan a España. Así lo acordó ayer el pleno del Senado, que dio luz verde al proyecto de Ley Orgánica de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia. Ahora, deberá volver al Congreso de los Diputados para su ratificación antes de que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La prohibición de estas prácticas era una de las principales reclamaciones de las organizaciones que defienden los derechos de la infancia y pretende acabar con casos como el de Arcange, una niña de 16 años natural de Camerún que llegó a España en 2017 huyendo de los abusos sexuales y el matrimonio forzoso al que iba a ser sometida y a la que se le realizó –además de una radiografía de muñeca que determinó que tenía 17 años– una exploración genital que la clasificó como mayor de edad, convirtiéndola en una inmigrante adulta en situación irregular. La ONU condenó a España el pasado febrero por someter a este tipo de pruebas a la menor.
Un nuevo consejo estatal
Esta era una de las enmiendas que modificaban el contenido de la norma –se presentaron un total de 409 y se aceptaron más de 50– que no lograron un consenso durante la Ponencia y la Comisión de Derechos Sociales celebradas la semana pasada en el Senado y continuaron vivas hasta el debate de ayer. Además de aprobarse algunas de las propuestas que quedaban pendientes se transaccionaron otras, como la que establece la creación, en el plazo de seis meses desde la aprobación de la norma, del Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia, en el que intervendrán activamente niños y adolescentes.
El Senado, en el pleno de ayer, aprobó también añadir un nuevo apartado al artículo 8 de la ley, sobre la colaboración público-privada. Así, la norma establece que en los casos de violencia sobre la infancia la colaboración entre las administraciones públicas y los medios de comunicación derivará en el respeto al honor, intimidad y la propia imagen del niño y sus familiares incluso en el caso de la muerte del pequeño. Por tanto, la difusión de la imagen del menor tendrá que contar con la autorización expresa de sus progenitores para evitar situaciones como la que se dio hace unos meses con Gabriel Cruz, el niño asesinado en Almería en 2018 por la expareja de su padre, Ana Julia Quezada. Su madre, Patricia Ramírez, denunció el pasado marzo la difusión de fotografías de su hijo en internet y pidió a las autoridades normas que impidan este tipo de situaciones.
La Cámara Alta también acordó modificar el artículo 59 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, para prohibir el uso de la contención mecánica en los centros de menores. Tal como pactaron los grupos, solo se podrá llevar a cabo, y con carácter excepcional, la sujeción de las muñecas con equipos homologados cuando no sea posible aplicar medidas menos lesivas, mientras que se prohíbe la contención mecánica consistente en la sujeción del menor a una cama articulada o a un objeto. En cualquier caso, la aplicación de las medidas permitidas tendrá que contar con la exploración física del menor por un facultativo médico en un máximo de 48 horas para emitir un parte, así como la comunicación de las mismas con carácter inmediato al Juzgado de Menores y al Ministerio Fiscal.
También se acordó practicar la prueba constituida, es decir, la grabación del testimonio del menor para evitar que este tenga que volver a declarar, en los casos en los que menores de 14 años o personas con discapacidad necesitadas de especial protección tengan que intervenir como testigos de procedimientos judiciales.
La ley ya contó en el Congreso el pasado abril con el apoyo para su aprobación de todos los grupos parlamentarios excepto Vox, que mostró su desacuerdo con el contenido de la norma; PNV, que votó en contra al considerar que la ley invadía competencias autonómicas y Bildu y PDeCAT, que se abstuvieron. Ayer, en la Cámara Alta, la norma solo encontró la oposición de los tres senadores de Vox, pues una enmienda transaccional pactada en el último momento salvaguarda ese ámbito competencial que los grupos nacionalistas venían reclamando, de manera que los votos a favor del proyecto de ley fueron 259.