Marlaska rehúsa investigar la seguridad paralela de Podemos
▶ Dos de los detenidos por el ataque a Vox en Vallecas pertenecen a ella, uno es contratado «Aunque no hay denuncia, nunca está de más hacer comprobaciones y evitar suspicacias»
La disposición adicional segunda ahora anulada dice así: «La Comisión estará presidida por el vicepresidente del Gobierno que designe su presidente, e integrada por los vicepresidentes designados por el presidente del Gobierno, las ministras de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y de Defensa, el ministro del Interior, y la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, así como el director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, el secretario de Estado de Seguridad y la secretaria de Estado del Centro Nacional de Inteligencia, que actuará como secretaria».
Se garantizaba así también un puesto en esta comisión del Congreso a uno de los hombres más cercanos al presidente del Gobierno, Iván Redondo, a quien sí afecta la nulidad de la disposición decretada ayer por el Tribunal Constitucional.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reconoció ayer que su departamento no ha abierto investigación alguna al margen del procedimiento judicial sobre los escoltas sin acreditación oficial que han prestado servicio al exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Dos personas vinculadas al ‘aparato de seguridad’ paralelo de la formación, una de ellas en nómina y la otra miembro del grupo radical y violento de hinchas del Rayo Vallecano conocido como Bukaneros, fueron detenidas días después de los disturbios ocurridos el 7 de abril en el barrio de Vallecas de Madrid en un acto electoral de Vox.
Cuando se informó de esta operación no se dio cuenta de ello y solo se mencionó que algunos de los agresores se movían en la órbita de ese grupo ultra. Sin embargo se evitó mencionar sus relaciones con la formación entonces liderada por Iglesias; es más, que estaban «directamente relacionados» con él, según las fuentes policiales consultadas por ABC en su momento. Interior no tenía obligación de hacerlo, pero muchas veces trascienden estos ‘detalles’; sobre todo cuando interesa políticamente.
«Causa judicializada»
A preguntas de la prensa en Sevilla, Marlaska contestó que no han abierto «nada» relativo a este asunto: «Hay una causa judicializada por unos hechos y nosotros al exvicepresidente le damos la cobertura de seguridad que le corresponde y la protección necesaria, como acontece con el resto de miembros o que han sido miembros y que, por razones estrictamente de seguridad y evaluación de riesgos, tienen derecho a mantener los servicios de seguridad», explicó el titular de Interior, informa Ep.
Marlaska se remitió a la escolta oficial compuesta por agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado porque desde el ministerio se ocupan de la «seguridad de las personas que tiene derecho por el riesgo concreto evaluado». «A eso es a lo que nos limitamos», señaló, antes de añadir: «Sobre otros hechos, están judicializados y no tienen nada que ver con los sistemas de protección que se le da a las personas que tienen derecho al mismo».
Si bien es cierto que formalmente no existe denuncia alguna contra esa seguridad paralela de la formación morada, no lo es menos que en ocasiones se hacen comprobaciones cuando en los medios de comunicación se informa sobre asuntos que pueden ser objeto de irregularidades, penales o no. ABC, por ejemplo, informó el pasado día 3 de que un cabecilla de los Bukaneros –Iñaki J.J., alias ‘el Pirrakas’, hermano de uno de los detenidos en Vallecas–, hacía trabajos que rozaban las misiones propias de un servicio de seguridad, cuando no entraban de lleno en ellas. Así sucedió a las puertas del chalé de Galapagar del exvicepresidente del Gobierno y de la ministra de Igualdad, Irene Montero, donde el Pirrakas exigió a una persona que dejara de grabar y se dirigió a la Guardia Civil para que alejara a gente de la casa. Pero además, junto con otros, solía acudir a los actos de Iglesias minutos antes de su comienzo para controlar que todo estuviese en orden.
Las fuentes consultadas por ABC califican a este grupo de «machacas típicos» de los partidos, algunos de ellos contratados por ellos en áreas como la de Logística –es el caso del otro arrestado por los sucesos de Vallecas–, y que a veces hacen de chóferes; otras, piden acreditaciones, montan algún escenario o cumplen cualquier misión que se les encomiende. No forman, por tanto, parte del servicio de seguridad de Podemos propiamente dicho –en el caso de Iglesias sus escoltas son policías nacionales–, pero sus actividades a veces se mueven en ese ámbito.
No hay denuncia
«No ha habido denuncia, ni los escoltas del exlíder de Podemos han visto necesario poner nada en conocimiento de sus superiores porque aunque esta gente se mueve en ese ámbito confuso no se inmiscuyen en su trabajo ni lo que hacen afecta al servicio de seguridad que prestan», explican los expertos en esta materia consultados por ABC. No obstante, añaden que «nunca está de más hacer algunas comprobaciones para confirmar que no se está incumpliendo la Ley de Seguridad Privada y de paso se evitan suspicacias».
Esta normativa, muy estricta, obliga al director de seguridad a tener una titulación, lo mismo que los que hacen trabajos de vigilante. Pero admite que otras personas formen parte de él en otras misiones.