Adiós al término ‘disminuido’ en la Constitución española
▶ El Gobierno llama al Congreso a reescribir el artículo 49 por ‘personas con discapacidad’
La reforma del artículo 49 de la Constitución, dedicado específicamente a la protección de personas con discapacidad, será la primera que se haga a nivel social, según el Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad). Una de las modificaciones más visibles es la supresión expeditiva del término ‘disminuido’ por ‘personas con discapacidad’, que es el consensuado en todo el ámbito internacional y reclamado por Naciones Unidas.
Pero esta reforma va más allá del puro lenguaje. Para la presidenta de la Fundación A la Par, Almudena Martorell, «la eliminación del término ‘disminuido’ es el punto de partida para que se empiece a construir algo desde una mirada diferente» hacia el colectivo. Martorell asegura a ABC que ese concepto verbal esconde situaciones de discriminación. «Pensar que son menos válidas sigue bastante arraigado en la sociedad», admite con pesar.
Así lo acredita Raquel Cárcamo. Esta mujer tiene 32 años y un grado de discapacidad intelectual denominado inteligencia límite. Sufrió discriminación durante su época de estudiante debido a su condición. «No se querían sentar conmigo en el autobús cuando íbamos de excursión», recuerda. Ahora trabaja como formadora en A la Par y visita muchos colegios. De acuerdo a su experiencia cree que la situación ha cambiado. «Vamos por buen camino. A medida que evolucionamos, tenemos que cambiar las palabras con las que aludimos a ciertas cosas», dice.
En el año 2005 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya propuso un cambio de término. Fue la primera vez que un presidente se comprometió públicamente a realizar una reforma del artículo. En el año 2018 el Consejo de Ministros volvió a sugerir una actualización para adaptarlo. «Se comenzó ya un trabajo serio con reuniones de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad. Cuando todo parecía que estaba listo, vino el estado de alarma y se paralizó», asegura a este diario Luis Cayo, presidente del Cermi. Finalmente, se ha podido retomar para que desde el Gobierno y el Parlamento se aprueben los últimos flecos.
Según Javier Arroyo, director general de la Fundación Juan XXIII Roncalli, aún existe «mucha confusión con el cambio de término». Desde esta entidad lo aplauden, pero también concretan que es el momento de «poner un poco de orden para denominar a estas personas» y la manera correcta es ‘personas con discapacidad’. No otra. Esa es, de hecho, la propuesta oficial para reescribir el artículo 49 de la Carta Magna.
Junto a Raquel, Víctor Rojo también forma parte de este colectivo aludido. En su caso, nació con espina bífida, afección que le provocó una discapacidad intelectual. Es miembro de la Fundación Juan XXIII, que lleva más de 50 años trabajando en la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad. Tras pasar cuatro años en la recepción de la fundación le surgió la oportunidad de trasladarse a la radio. «Es mi pasión», apunta orgulloso. Se encarga de hacer entrevistas junto a cuatro compañeros. «Buscamos información sobre el entrevistado y redactamos unas preguntas», comenta. Víctor no quiere que la gente sienta lástima por él, acepta su discapacidad y no entiende por qué algunas personas no. Para él denominar a alguien como ‘disminuido’ «no es ético». No cabe.
Respaldo parlamentario
Ayer se dio el penúltimo impulso para la abolición del término. Se celebró un acto de la reforma del artículo 49 en el Palacio de La Moncloa en el que Pedro Sánchez, jefe del Gobierno, apeló a la «responsabilidad y conciencia cívica» de todos los grupos parlamentarios para aprobar por «unanimidad» la reforma. Calificó a esta como «de calado» y que pone a España «a la vanguardia» en derechos sociales. El presidente recalcó la importancia de «facilitar la accesibilidad universal eliminando barreras no solo físicas, sino también mentales» para conseguir la igualdad y la plena inclusión.
Su vicepresidenta primera, Carmen Calvo, defendió el día anterior en el Congreso la necesidad de eliminar el término ‘disminuido’ porque, 42 años después de la redacción de la Constitución, es «inaceptable por peyorativo» e implica «concepciones que no se pueden sostener si rige el principio de igualdad de los españoles». Solo así, indicó, se dará cumplimiento al mandato de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.