El Estado pide que los Franco no se lleven los lavabos o la pista de tenis
▶ Se discuten los ‘bienes inmuebles por destino e incorporación’, que serían unos 140
Que los Franco no se lleven de Meirás las puertas de acceso al pazo, las cancelas, las chimeneas interiores, los lavabos, el papel pintado de la habitación del servicio o los azulejos de una dependencia anexa la cocina. Es la petición que ha trasladado la Abogacía del Estado al Juzgado de Primera Instancia nº1 de La Coruña, dentro del incidente de ejecución de la sentencia dictada en septiembre del pasado año, y por el que la antigua residencia de verano de Francisco Franco pasó a titularidad pública. El pasado abril, la Audiencia Provincial dictaminó que los bienes muebles del interior del Pazo y su finca no estaban afectados por la reivindicación que en su día hizo el Estado del inmueble y las parcelas catastrales que lo conformaban, y por tanto devolvía a la familia la posibilidad de recuperar sus enseres. Sin embargo, no parece que vaya a ser sencillo.
La petición del Estado se enmarca en discutir la titularidad de los llamados ‘bienes inmuebles por incorporación y por destino’, estos son, objetos muebles que se han fijado de manera permanente al edificio y retirarlos ahora podría deteriorarlo, y los que no estando unidos estructuralmente han generado un vínculo con el mismo por su uso, singularidad o configuración. Dado que por dos veces las instancias judiciales han sentenciado que el Pazo, como inmueble, es del Estado, la duda ahora radica sobre cuáles de aquellos muebles pasan a ser también de su propiedad.
Ante la inminente mudanza del mobiliario —para la que el Juzgado había dado a la familia Franco un mes de plazo—, la Abogacía presentó la pasada semana este incidente de ejecución, con petición de previo pronunciamiento, por lo que cualquier retirada de enseres ha quedado en suspenso hasta que se resuelva. El Estado incorporaba en su escrito un listado de unas 139 referencias que considera afectadas por la sentencia y, por tanto, de titularidad pública. O lo que es lo mismo, bienes que los Franco no podrían retirar cuando efectúen el traslado de sus enseres.
Entre el relatorio de bienes muebles hay algunas entradas, cuanto menos, llamativas. Por ejemplo, en el interior del Pazo se mencionan los equipamientos sanitarios de diez cuartos de baño, dos lavabos de manera individualizada, la puerta de acceso al edificio principal, las vidrieras policromadas de la claraboya y el vestíbulo, varias chimeneas de piedra decoradas, una estancia «tipo office con azulejería» o «habitación de servicio con papel pintado decorado con motivo vegetal», por si acaso los nietos del dictador estuvieran elucubrando la posibilidad de llevarse los azulejos o arrancar el papel de las paredes.
Indignación en la familia
El conocimiento de este escrito provocó una evidente indignación en la familia Franco, por recibir del Estado poco menos que el tratamiento de una familia okupa que pretende arrasar con la vivienda de la que es desalojada a regañadientes. «No sé cómo calificarlo», reconoce el abogado Luis Felipe Utrera-Molina, «es insólito porque hasta en cuatro ocasiones hemos reiterado que en ningún caso era intención de mis clientes retirar ningún elemento que estuviera adherido al inmueble y formara parte de él, como es natural».
Por lo tanto, «ni pensaban llevarse las puertas, ni la pista de tenis ni nada que formara parte del Pazo». El albacea de los Franco no oculta, además, su particular indignación con el escrito de otra de las administraciones, la Xunta de Galicia, «que pedía evitar los desmanes de la familia, cuando han cumplido con la entrega voluntaria de Meirás tan pronto supieron que se solicitaría la ejecución de la primera sentencia». «Es particularmente hiriente, indignante y vergonzoso», lamenta.
De la capilla, uno de los pocos espacios de Meirás que conserva algo parecido a su forma original, la Abogacía enumera casi en su totalidad los bienes que aún hoy la decoran, por entender que se incorporaron «con una clara voluntad de permanencia, unidos a la misma para servir a la finalidad de culto que dicha estancia tendría, sin los cuales, resulta evidente que no podría servir a dicha finalidad». Se listan aquí distintas imágenes de madera policromada o piedra, lápidas funerarias, retablos, sillas, pilas de agua o incluso un confesionario.
En el exterior, además de la ya mencionada pista de tenis, el Estado se reivindica como propietario del resto de inmuebles de la finca —la casa del guarda, la antigua granja y la miniatura conocida como ‘O Paciño’—, pero también de los muros, balaustradas, escaleras, fuentes, balcones, esculturas pétreas o ventanales del edificio principal. «En todos los supuestos nos encontramos con bienes que, o bien están unidos al inmueble de forma tal que no pueden separarse sin quebrantamiento de la materia o deterioro del objeto (...) o ante bienes que, por su colocación en el inmueble, obedecen al propio diseño y configuración del mismo».
Ni cuadros, ni alfombras
Lo cierto es que el listado de bienes reclamados por el Estado cumple a rajatabla con lo indicado por la Audiencia Provincial en su auto que revocaba las medidas cautelares: «El concepto de inmueble por incorporación nunca podría extenderse a mesas, sillas, vajillas, alfombras o cuadros». La Abogacía se ha cuidado mucho de referirse a los elementos decorativos del Pazo, si bien advierte que esto «no implica ningún tipo de reconocimiento del dominio que los demandados puedan invocar sobre los mismos».
De hecho, hace mención a la «expresa reserva» de las acciones que pueda emprender Patrimonio Nacional, después de que entre los enseres del Pazo se identificaran media docena de piezas que podrían pertenecer a las
Otros bienes Está en el aire el futuro de los restantes 550 objetos inventariados y que no se reclaman, por ahora
Colecciones Reales
Tampoco se mencionan los bienes declarados BIC por la Xunta de Galicia: las estatuas pétreas del Maestro Mateo; y los alrededor de 3.000 volúmenes que conforman la parte de la biblioteca de Emilia Pardo Bazán que todavía permanecía en Meirás. Estos bienes están sujetos a condiciones específicas de protección, en aplicación de la legislación autonómica de patrimonio cultural. Pero de las casi 700 entradas del inventario que encargó en su día la juez Marta Canales para identificar qué bienes hay en Meirás, lo cierto es que el Estado apenas reclama en este trámite procesal unas 140.
Quedan en el aire más de 550 objetos —sillas, mesas, lámparas, alfombras, porcelanas, vajillas, etc.—, sin contar los BIC. Entre este mobiliario destacan, sin duda, las obras de arte: los retratos de la familia Franco realizados por Zuloaga, Álvarez de Sotomayor y otros artistas, el Bertuchi de la biblioteca, los bodegones florales pintados por el propio dictador, y antigüedades de todo tipo.
Quien sí ha solicitado que se decreten como bienes inmuebles por incorporación y destino al conjunto de enseres ha sido la representación letrada del Concello de Sada, ajena a las consideraciones de la Audiencia Provincial.
«Es particularmente hiriente y vergonzoso que la Xunta pidiera evitar los ‘desmanes’ de la familia Franco»