La Fiscalía Europea entra en Mediador para investigar un posible fraude a fondos de la UE
Asume la parte relativa a los contratos de drones en la Fiiapp y al general Espinosa, en prisión provisional
La Fiscalía Europea entra en el caso Mediador para investigar un posible desvío de fondos comunitarios. En concreto, va a asumir la parte que afecta al general retirado de división de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, el único de los investigados que está en prisión provisional desde su detención el pasado 14 de febrero.
Espinosa es quien estaba al frente del proyecto GAR-SI Sahel cuando la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (Fiiapp) adjudicó una serie de contratos sufragados con dinero de la Comisión Europea a un empresario también imputado por un supuesto pago de mordidas, José Suárez Esteve, alias ‘el Drones’.
El pasado 23 de marzo la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife envió esta parte de la causa a la Fiscalía Europea para que se pronunciara sobre su posible competencia. Y una vez estudiado el asunto, el equipo liderado por Concepción Sabadell ha reclamado al juzgado canario la «investigación de esta parte del caso al estar el proyecto aludido financiado por la Comisión Europea y gestionado por la Fiiapp, de la que era máximo responsable el general». Ayer mismo, la juez Ángeles Lorenzo-Cáceres dictó un auto por el que ponía esta pieza del caso Mediador «a disposición» de la Fiscalía Europea.
Con el general Espinosa al mando, ‘el Drones’ habría obtenido tres contratos de suministro y equipamiento para el GAR-SI Sahel y un cuarto de la Fiiapp. El primero fue adjudicado en julio de 2020 y su sociedad, Asesoramiento y Servicio de Drones S.L. (ASD), recibió 37.500 euros para estos dispositivos en Mauritania. En el segundo, de la misma fecha y por el mismo producto, el lote ascendía a 53.000 euros para desplegar en Níger. El tercero, un lote de 16.940 euros para la Gendarmería de Malí. El cuarto es de julio de 2021 por 30.129 euros, pero para el proyecto CT Public Spaces de la mencionada fundación, no para el despliegue en el Sahel.
Con todo, durante los años 2020 y 2022 una empresa de Suárez, con su hija al frente, facturó además a la Dirección General de la Guardia Civil un total de 37.751 euros, de los que buena parte eran para un contrato que iba a recaer en el Seprona en el contexto de otro proyecto financiado por la UE.
Audios, contratos, amaños
Las sospechas en esta y el resto de las contrataciones estriban en que el caso Mediador se sigue en relación a una presunta trama de mordidas y cohechos que abonaría un puñado de empresarios a través de un intermediario para conseguir beneficios a golpe de influencias de cargos como el general de división, pero también el diputado socialista ya dimitido Juan Bernardo Fuentes Curbelo –alias ‘Tito Berni’– y el exdirector general de Ganadería de Canarias, el sobrino de este, Taishet Fuentes.
Siguiendo las pistas en los teléfonos móviles del supuesto conseguidor de la trama, el mediador Antonio Navarro Tacoronte, los investigadores llegaron hasta el general, que conocía al Drones desde al menos un año antes de que esta trama canaria acabase entrando en la vida de ambos.
Se hallaron entonces «indicios que apuntaban a una posible manipulación fraudulenta en la actividad contractual llevada a cabo en el proyecto del GARSI Sahel desde el año 2017», como decía un informe del Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil, en favor de este empresario. No obstante, no se descarta que pueda haber más, según fuentes de la investigación consultadas por ABC.
Los mencionados indicios parten de conversaciones como una de las grabadas por Navarro Tacoronte en la que el Drones, al hilo de los contratos que persigue conseguir con la Administración canaria, le explica cómo funciona en el Sahel. «Todo lo que hago con África, a través del ‘papá’», señala, utilizando el mote con el que se referían al general. Pone un ejemplo: «El contrato que tengo ahí metido con el ministerio, o sea, con la fundación...», por la Fiiapp.
El proyecto lo despliega Interior en tanto que lo dirige la Guardia Civil, pero depende de esta fundación estatal, cuyo patronato lo conforman ministros y secretarios de Estado y lo preside la Vicepresidencia Primera del Gobierno. En la actualidad la ostenta Nadia Calviño, pero antes, Carmen Calvo.
Hasta ahora, se vienen analizando a puerta cerrada los correos electrónicos y el volcado de los móviles y dispositivos intervenidos a Espinosa en busca de algún rastro de alteración o pacto en las contrataciones. La sospecha se extiende desde un acceso privilegiado a los pliegos hasta un concierto para simular falsa competencia pasando por un diseño ‘ad hoc’ de los requisitos técnicos a concurso. En paralelo, el juzgado canario ha venido diseccionando su patrimonio. Hay una comisión rogatoria pedida a Bélgica sobre una cuenta bancaria vinculada a él en este país y la juez instó además la cooperación jurídica internacional de países como Níger, Malí, Mauritania, Senegal, Marruecos y Cabo Verde para averiguar si contaba allí con propiedades. Él siempre lo ha negado.
Mientras, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia analiza los expedientes por orden de la juez. Todo eso pasará a manos de un Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional bajo batuta de la Fiscalía Europea. Será ahí donde se decida si Espinosa continúa en prisión provisional.
Por su parte, la juez de Santa Cruz seguirá investigando el caso Mediador en puridad; es decir, la trama que afecta a Tito Berni, su sobrino, Navarro Tacoronte y un puñado de empresarios. Se estudia ahora la posibilidad de incorporar a la UDEF a las pesquisas, pues toca analizar si quienes pagaron a la trama recibieron algo a cambio para conocer si hubo delito y de qué gravedad, con un puñado de ayudas públicas en el foco.
Se analizan indicios que apuntan a una posible manipulación fraudulenta en los contratos del GAR-SI Sahel desde 2017
La Audiencia Nacional designará un juez de garantías con el que se revisará la petición de libertad de Espinosa