El Observatorio de la Vivienda se cita ante la «inquietud» por la ley estatal

▶La Xunta lo convoca de urgencia para este viernes por la «gran preocupación» del sector, en medio de un cruce de reproches con el Gobierno y el PSOE

El Observatorio de la Vivienda se reunirá el próximo viernes, convocado ayer de urgencia por la Xunta, para abordar como tema central el proyecto de la Ley por el derecho a la vivienda del Gobierno, que encara la recta final de su tramitación en el Congreso de los Diputados. Lo anunció ayer, tras un acto en Santiago, la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, ante la «gran inquietud» que el proyecto legislativo ha generado en el «sector». Esto, en un clima de cruce de reproches entre los gobiernos gallego y central y entre populares y socialistas.

Vázquez, quien ya el lunes había cargado contra la norma, que encuadró en los «anuncios electoralistas» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volvió a reclamar entonces una rápida convocatoria de la conferencia sectorial, donde el Gobierno «dé la cara»; y denunció que la futura ley «invade las competencias» de las autonomías y que supondrá un «freno para que los promotores sigan construyendo». Ayer, coincidiendo con el Consejo de Ministros donde se concretó el plan de 50.000 viviendas de la Sareb para alquiler social avanzado por Sánchez, ahondó en esos mensajes. Demandó al Gobierno «claridad» y «transparencia» con una

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Galicia, Pedro Puy, informó ayer, tras la junta de portavoces, de que la sesión plenaria de la próxima semana incluirá la comparecencia del conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, para informar del desempeño fiscal del gobierno gallego en 2022. Ayer, precisamente, se supo que el TC admite a trámite el recurso contra el impuesto del Gobierno a las grandes fortunas. El pleno arrancará con el debate y aprobación de la cuenta general correspondiente a 2021, elaborada por el Consello de Contas. ley que se «entromete» en las competencias autonómicas, que carece de memoria económica y que no menciona en su articulado a la Sareb. Además, la Xunta aprecia «visos de inconstitucionalidad» y vaticina una «parálisis total y absoluta de promotores de vivienda protegida», al imponerles un régimen de alquiler, sin poder hacer ventas, cuando «tienen que tener un músculo», para ello, «del cual carecen en este momento». Por añadidura, se quejó de que desde La Moncloa «se nos están poniendo deberes y obligaciones» a las regiones, cuando el Gobierno lo «único» que ofrece son «titulares».

Ante este cóctel, que ha causado «gran preocupación», y con el objetivo de fijar un «posicionamiento» común, convoca la Xunta el Observatorio de la Vivienda —creado por el Instituto Galego da Vivenda e Solo, en el que están representados promotores y agentes inmobiliarios, asociaciones relacionadas con la vivienda, arquitectos y representantes de las administraciones locales, entre otros colectivos—. venta, de las que 1.285 corresponderían a Galicia. Una «actuación sin precedentes en la historia de España», «un antes y un después» con una «entrada de suelo espectacular», ensalzó el delegado del Gobierno en la Comunidad, José Ramón Gómez Besteiro, quien apostilló que «va a poner fin a años de apatía por parte (...) de la comunidad autónoma».

Su compañero de filas en el PSdeG y secretario general, Valentín González Formoso, aprovechó —tras compartir acto con la conselleira— para insistir en que la Xunta «está renunciando a hacer» una «política de vivienda», y que prefiere «embarrar el campo de juego» antes que admitirlo. Por otro lado, su portavoz parlamentario, Luis Álvarez, anunció que el próximo miércoles, en O Hórreo, en la sesión de control, preguntará a Alfonso Rueda por este asunto, del que acusó a la Xunta de «desidia» y de utilizarlo como «ariete», «disparando» contra Gobierno y concellos. «Somos la última comunidad autónoma en creación de vivienda protegida (...), ha dejado sin ejecutar más de 400 millones de euros (...) en los últimos 12 años», recitó. Alcaldes socialistas como el vigués Abel Caballero y la coruñesa Inés Rey amplificaron la crítica.

La conselleira rebatió esa supuesta «baja ejecución» en la que, criticó, insiste el PSOE, señalando que ya se ha «ejecutado el 100 % de lo que nos correspondía en el año 2022» del plan de vivienda, al igual que con los fondos europeos; y que solo se descuelga el programa Rexurbe, por el retraso con las licencias de concellos como Ferrol, el caso «más sangrante». Además, recordó que la Xunta ha presentado un plan dotado con 250 millones para llegar a 5.600 viviendas públicas y 3.000 protegidas; y que este año la Xunta ha comprado a la Sareb 40 viviendas, por un importe de 4,4 millones.

La líder del BNG, Ana Pontón, a lo suyo, volvió a reclamar la transferencia de las viviendas de la Sareb.

Ángeles Vázquez

SANTIAGO

El próximo curso escolar comenzará el día 11 de septiembre, lunes, y finalizará el 21 de junio de 2024. Será así para todas las etapas en los centros de enseñanza públicos, excepto las de Régimen Especial, que rematarán el 28 de junio, y Bachillerato, que depende de las fechas de la evaluación de acceso a la universidad (Abau). Así lo pactó ayer la Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades con los sindicatos CIG, CCOO, ANPE y UGT, después de que el borrador situase la fecha de inicio prevista tres días antes, en el viernes 8.

Así lo establece el documento que verá la luz en los próximos días en el Diario Oficial de Galicia, según adelantó la Xunta a través de un comunicado, y en él también se encuentran fijados los periodos de vacaciones escolares. Estos, de acuerdo a la resolución, comprenderán desde el día 22 de diciembre hasta el 7 de enero del año próximo, ambos inclusive; los días 12, 13 y 14 de febrero de 2024 para el Carnaval; y desde el día 25 de marzo hasta el 1 de abril para la Semana Santa. A mayores, establece como no lectivo el Día da Ensinanza, que se celebrará el 7 de diciembre de este año.

El borrador original del texto, recogió Ep, había contado con críticas tanto de sindicatos como de las ANPA y determinaba, en un primer momento, que la evaluación parcial «puede coincidir» con la final, pero en su versión definitiva las fijará como obligatoriamente simultáneas con miras a evitar que, en la práctica, en la última semana del curso el profesorado no pueda continuar impartiendo materia —esto, en relación con la orden del calendario que ya recogía específicamente «el derecho y la obligación» del alumnado de asistir a las clases hasta el último día, el 21 de junio—.

Finalmente, aporta la Xunta que «el final de curso 2023-24 se desarrollará de igual manera que el del presente»; es decir, que, en el caso de las etapas de Secundaria, los centros podrán hacer coincidir la tercera evaluación parcial con la final, sin que exista ninguna novedad en este sentido. Se mantiene, también, invariable el periodo de adaptación —el cual no se prolongará más allá de 15 de septiembre—, en el que los centros pueden optar por una incorporación gradual del alumnado de cuarto curso de Infantil.