Justicia se reúne hoy con los funcionarios en huelga para evitar un nuevo colapso
Tras la manifestación multitudinaria de ayer en Madrid para exigir aumentos salariales
Dos días de movilizaciones parciales y una manifestación multitudinaria, a la que acudieron ayer funcionarios de la Administración de Justicia de toda España, han sido suficientes para que el ministerio que dirige Pilar Llop haya accedido a hablar con los sindicatos sobre sus reivindicaciones, entre las que se encuentra un aumento salarial similar al acordado para los letrados judiciales (LAJ).
La iniciativa, que la ministra ha encomendado al secretario general de Innovación, Manuel Olmedo, no garantiza que las movilizaciones hayan dado frutos, pero sí revela la voluntad del ministerio de que el conflicto no se enquiste, como sucedió durante dos meses con los LAJ, y de evitar un nuevo colapso en los tribunales en plena precampaña electoral. Cada día de paro parcial de estos 45.000 funcionarios llamados a la huelga supone la suspensión de 700.000 actos judiciales, entre los que se incluyen juicios, vistas, notificaciones y otro tipo de comunicaciones de las que día a día se encargan auxiliares judiciales, tramitadores y gestores procesales y responsables de los servicios administrativos. Todos ellos constituyen la columna vertebral de los tribunales aunque no acaparen titulares.
El responsable de Justicia de CSIF, Javier Jordán, negó ayer que los funcionarios se movilicen precisamente ahora por la subida salarial a los LAJ, con los que comparten el trabajo diario en los juzgados, pero sí reconoció que «ha sido el detonante» para reactivar un debate «que estaba dormido». «El conflicto lleva tiempo ahí –remarcó–. Estamos hartos de hacer funciones que no nos corresponden». Quieren que se reconozcan esas atribuciones tanto en la ley como en sus nóminas.
«Queremos decirle a Llop que se siente a negociar, que haga una propuesta razonable, que arregle esto», apuntó Jordán a los medios al inicio de la manifestación. Mostró, además, la disposición de los funcionarios a participar en el proceso de modernización de la Justicia, pero eso pasa, dijo, por «negociar» su papel dentro de la ley de eficiencia organizativa que todavía está en tramitación parlamentaria. De ahí que los representantes sindicales se
estén reuniendo también con los portavoces de Justicia de los distintos grupos políticos. «El ciudadano está preocupado, somos los más interesados en que esto se resuelva a la mayor brevedad, pero el ministerio no nos ha dado otra alternativa. Llevamos dos años y medio sin negociar y tiene que dar una solución ya», insistió.
Aunque sólo 12.000 de los 45.000 funcionarios llamados a la huelga dependen del territorio no transferido (Baleares, las dos Castillas, Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla y los órganos centrales), todo el personal de la Justicia son cuerpos nacionales, por lo que orgánicamente dependen del
departamento de Pilar Llop. Así, reclaman que la subida se realice a través del «complemento general del puesto», una retribución de carácter básico ligada a las funciones y que se fija en los Presupuestos Generales del Estado o por un real decreto, explican fuentes del comité.
En la actualidad, la horquilla de este complemento va de los 200 euros que cobra un funcionario de auxilio judicial en un juzgado de paz a los 385 de un gestor administrativo. Lo que quieren es una subida salarial proporcional a la de los letrados judiciales –responsables de la fe pública judicial–, que vieron incrementado sus sueldos mensuales entre 430 y 450 euros. Sostienen en este sentido que cualquier modificación al alza de las retribuciones de un Cuerpo tiene repercusiones en el resto de carreras, cuerpos y categorías, por lo que, una vez acordada la subida a los LAJ, hay que hacer lo mismo con ellos.
Aunque la mayor parte de estos 45.000 funcionarios son personal ‘transferido’, al ser cuerpos nacionales dependen del ministerio