Galicia evaluará si ve visos inconstitucionales en la Ley de vivienda

▶El Observatorio, reunido de urgencia, augura un bloqueo en las VPO y que se desincentivará a los constructores ▶La Xunta espera que el Gobierno «retroceda» o al menos les escuche para evitar «un gran retroceso»

Reunido ayer por la mañana «de forma urgente» el Observatorio de la Vivienda de Galicia, ante la «gran inquietud» que había generado entre «todos» sus integrantes la futura Ley de vivienda del Gobierno, la conselleira del ramo, Ángeles Vázquez, ponderó que, si bien «todas las leyes deben ser asumidas, hay leyes buenas y leyes que lo único que hacen es un gran retroceso». De ahí que advirtiera de que el Observatorio —en el que están representados promotores y agentes inmobiliarios, asociaciones del ámbito de la vivienda, arquitectos y administraciones locales, entre otros—, tenían por delante la tarea de «evaluar» la norma y, «a partir de ahí, determinar qué hacer». Y dio una pista clarificadora: «Las leyes están para cumplirse — insistió—, pero distinto es que analicemos la ley y veamos visos de inconstitucionalidad». Dos días antes, el propio presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, no cerraba la puerta a acudir al Tribunal Constitucional si fuera necesario.

Ángeles Vázquez se pronunció de esta forma antes de iniciarse la reunión del Observatorio, en declaraciones a los medios. Posteriormente, ya a mediodía, la Xunta informó de los resultados del encuentro, celebrado en Santiago. La Consellería de Medio Ambiente, Territorio

e Vivenda trasladó que los miembros del foro habían coincidido en manifestar su «preocupación por los posibles impactos negativos de la ley sobre el mercado en general y, más concretamente, en el de alquiler, provocando distorsiones y hasta efectos contrarios a los que se persiguen». En el punto de mira, la obligación de destinar a alquiler el 50% de viviendas protegidas que se construyan en suelo de reserva. El Observatorio entiende y denuncia que esto «desincentivará a constructores y cooperativas a la hora de implicarse en este tipo de promociones». Creen que a causa de la falta de expectativas de lograr un retorno económico inmediato.

Así las cosas, la conselleira se comprometió a trasladar, en nombre también del Observatorio, si finalmente el Ministerio atiende la reclamación de celebrar una conferencia sectorial —demanda para la que aún no hay respuesta—, un documento que recoja las conclusiones, aportaciones e inquietudes compartidas ayer, para que el Gobierno conozca sus objeciones y rectifique en aquello que consideran los aspectos de la norma «más preocupantes y desincentivadores». No solo eso: dando continuidad a sus declaraciones, la conselleira avanzó que, cuando haya un texto definitivo, se estudiarán «posibles acciones a adoptar en defensa de los intereses de la Comunidad».

Antes, ante la prensa, apuntó que «ya tenemos una imagen clara de a qué nos va llevar esta ley», por lo que emplazó al Gobierno a que «se retroceda o, al menos, si no se retrocede, que se nos den explicaciones». Porque, de nuevo, censuró que contiene «muchas carencias», significativamente una memoria económica. Lo que provocó su frase más rotunda, ante dicha laguna: «Me atrevo a decir que ni siquiera es una ley». Además, la norma, que tildó de «muy confusa» —por ejemplo, jurídicamente, para saber si corresponde a la comunidad o a un concello la declaración de zona tensionada—, «no fue participada por las comunidades autónomas», pese a invadir sus competencias.

«No se pueden hacer anuncios electoralistas», volvió a afear Vázquez, con «un tema muy sensible». Las regiones, abundó, no pueden «consentir» que prospere un texto que, «si no hay ningún avance», advirtió, supondrá una «parálisis total y absoluta en la construcción de vivienda» protegida, tanto por parte de los promotores privados a nivel privado, como en espacios, solares y parcelas públicos. De paso, recor

Ángeles Vázquez emplazó a los alcaldes socialistas a ayudar a la Xunta ante la carencia de inmuebles que existe en las ciudades

dó que el Banco de España ha alertado de que topar los precios de los alquileres ha provocado el efecto «contrario» al deseado en otros países europeos; y que en Cataluña la experiencia fue «totalmente nefasta». La pelota, pues, está en el tejado del Gobierno, al que Vázquez acusó de no hacer «ningún esfuerzo».

No computa aquí la Xunta los anuncios sobre la inyección de inmuebles a través de la Sareb. Como hizo la víspera Rueda, Vázquez recordó que, frente a las más de 1.200 viviendas que anunció el Gobierno que le corresponderían a Galicia, desde la propia gestora se había informado por escrito, a preguntas de la Xunta, de que eran poco más de 40 las disponibles. Pero, una vez analizadas, se advirtió que «tan solo cinco tienen licencia de primera ocupación», y de estas, algunas ya están ocupadas. «No casan los datos», apostilló Vázquez, quien volvió a demandar «claridad».

Tras recordar las medidas adoptadas por la Xunta en las últimas semanas —plan para llegar a 5.600 viviendas públicas en alquiler en 2026; avales hasta el 20% en hipotecas para menores de 36 años; opción de que bajos comerciales se puedan convertir en vivienda—, la conselleira volvió a salir al paso del recurrente rifirrafe con las urbes socialistas, indignados varios alcaldes esta semana por un nuevo ‘tirón de orejas’ por su lentitud burocrática.

Vázquez señaló que, en Vigo, Abel Caballero no ha erigido ninguna vivienda pública pero ha puesto «trabas» a la Xunta, «una tras otra»; en La Coruña, el desarrollo en Xuxán corre por cuenta de San Caetano, y falta diligencia para revitalizar el casco histórico; de Lugo, que ha de resolverse una nueva parcela en las mismas condiciones que la prevista por la Xunta; y en Santiago, que «no hay preocupación alguna» sobre una doble promoción con 60 inmuebles. «Estamos haciendo nuestros deberes. Me gustaría que en la línea de ayudas que tiene la Xunta, para que los concellos construyan vivienda pública (...), tengan a bien solicitarlas. Y entre todos demos una solución a la carencia de vivienda (...) en las ciudades», zanjó.

Hace unos meses el concello de Cervo, en Lugo, compró un inmueble a la Sareb, ese banco de activos tóxicos que el Gobierno quiere utilizar como reservorio de vivienda para familias de pocos recursos.

Donde estaba el edificio de Cervo ahora hay una plaza pública y un aparcamiento. Del inmueble solo quedaba un esqueleto, que había sido levantado además fuera de la ordenación urbanística. Ya se pueden imaginar el valor que tenía la «joya» en cuestión, como gran parte de los activos que siguen en el ‘banco malo’: a estas alturas de la película son los que no ha querido ninguna administración ni ningún particular, y por eso suena tan raro que puedan ser la solución del Gobierno para terminar con el problema de acceso a la vivienda en Galicia o en cualquier sitio.

Cierto que encontrar un alquiler asumible a día de hoy es un quebradero de cabeza enorme, y además afecta a la productividad porque limita la movilidad de los trabajadores, pero poca esperanza de que la solución venga por las ocurrencias de última hora, topar precios o movilizar inmuebles que no hay.

La misma sociedad de activos tóxicos que supuestamente va a salvar a quien no puede pagar un alquiler a precio de mercado es la que ha desahuciado a más de 40 familias estos años en Galicia. Curioso, porque se puede dar la circunstancia de que alguno de los que se quedó en la calle pueda ser ahora repescado.

Bienvenido si todo esto finalmente sirve para algo, si por fin asumimos que es caro hasta compartir piso, pero comprendan que tal y como se ha planteado todo suene a chiste improvisado. ¿Pisos sociales en la parcela del antiguo colegio Peleteiro de Santiago? También es de la Sareb, vayan preparando la mudanza….

Y sobre la Ley de Vivienda, vamos a darle el beneficio de la duda al ministerio, pero si va a ser imposible echar al inquilino moroso hasta que se le dé solución habitacional, a ver quién se arriesga a poner un piso en alquiler. A menos oferta… más precio, la ecuación más simple no puede ser.