FINAL DE CICLO LEGISLATIVO

La ley de Vivienda se aprobó ayer en el Congreso con el voto en contra del PNV, un movimiento cargado de significado al tratarse del último gran proyecto de la legislatura de competencias y el exceso de centralismo han servido como coartada argumental. Sin embargo, caben pocas dudas de que una norma con tantas deficiencias técnicas como las que incorpora la ley de Vivienda se corresponde muy poco con la precisión legislativa con la que suelen desenvolverse los nacionalistas vascos a la hora de defender sus intereses y los de sus representados. Esta ley no sólo tendrá una aplicabilidad dudosa, sino que, en aquellos contextos en los que llegue a surtir algún efecto, muy probablemente acabará generando consecuencias contrarias a las deseadas o, al menos, distintas de las declaradas, tal y como ocurriera con la ley del ‘sólo sí es sí’, un precedente parejo en el que la ideología se impuso sobre la técnica legislativa. La desprotección a la que se expone el derecho de propiedad o el carácter contraproducente del tope de los alquileres sobre la oferta dan buena cuenta del uso estrictamente electoral y expresivo con el que el PSOE y sus socios han promovido la aprobación de la norma.

Si el PNV ha sido capaz de votar en contra de esta ley es porque su estrategia puede verse comprometida por las consecuencias que genere su entrada en vigor. Sin embargo, es posible, también, que los nacionalistas vascos estén ensayando una nueva posición, dada la natural juntura que parece consolidarse entre el PSOE y EH Bildu. Esa alianza, que puede rendir alguna utilidad para los nacionalistas en la Carrera de San Jerónimo, podría acabar teniendo una traducción imprevisible en el País Vasco. La buena interlocución entre los de Otegi y los socialistas no sólo es una anomalía inédita en nuestra democracia, sino que, además, establece unos lazos que pueden resultar inquietantes para los intereses del PNV. La ley de Vivienda no sólo es una mala ley, como parece refrendar de forma unánime el juicio experto. Es posible que, al ser la última iniciativa legislativa de un ciclo político, sirva para prever alguno de los escenarios que nos aguardan en el futuro.

El amparo legal al impago y a la patada en la puerta convierte la seguridad jurídica en una abstracta reliquia burguesa

Uley de Vivienda impulsada e inspirada por la extrema izquierda sin autorizar expropiaciones resulta casi motivo de sospecha. Hay truco. Y consiste en que la norma no necesita incautar casas porque lo que de verdad expropia son derechos, el de libertad de mercado y el de propiedad privada en concreto. El proceso expropiatorio, al fijar una compensación aunque sea baja, no deja de reconocer al individuo como dueño de su finca urbana y obliga al Estado a comprársela; en cambio la intervención de los precios del alquiler y las facilidades a la ‘okupación’ (con la k que le confiere una dimensión revolucionaria) la enajenan de facto sin tener que pasar por engorrosas rutinas burocráticas. Los trámites, las molestias, incluso los gastos de esa transmisión real de uso corren por cuenta del propietario, incapacitado en la práctica para disponer libremente de su posesión y para instar la ejecución de un desahucio, obligado a soportar la morosidad e inerme ante una eventual invasión que, en el mejor de los casos, sólo podrá revertir con un reclamación judicial cuya gestión puede demorarse años.

De este modo, el sanchismo otorga al inquilino deudor y al expeditivo ‘okupante’ una protección con carácter de verdadero blindaje. Más de la mitad de los asalariados españoles están por debajo de los 1.800 euros mensuales que la nueva ley considera el límite de una situación socioeconómica vulnerable. Sucede sin embargo que un ciudadano que cobre ese dinero no podría acogerse a la mayoría de ayudas asistenciales que concede el Gobierno. Pero sí puede dejar de pagar el arrendamiento sin correr ningún riesgo, siendo el arrendador quien debe demostrar –mediante una declaración pormenorizada de sus bienes– la necesidad vital de percibir esos ingresos. En realidad, el inquilino que suscriba un contrato en este marco legal ya demuestra un aceptable nivel de buena conciencia; de otra manera le sería fácil procurarse una ‘solución habitacional’ sin mayores problemas por el concluyente método de la patada en la puerta.

Si se mira bien la cuestión hay poco de qué extrañarse. Cuando se arma un Gobierno en el que un partido surgido del movimiento antidesahucios desempeña una posición relevante, nada resulta más lógico que un proyecto legislativo de esta clase. ‘In dubio pro okupa’, en el certero aserto de la letrada y articulista Guadalupe Sánchez. Si acaso lo que puede sorprender es que, como se queja Podemos, se haya promulgado tan tarde, con la legislatura a punto de agotarse y el presidente acuciado por premuras electorales. La cohabitación con los radicales ha empujado al PSOE fuera del ámbito sociológico de las clases medias, a las que ha decidido endosar los costes de sus medidas de emergencia. La seguridad jurídica ha pasado a ser una abstracta entelequia burguesa. En puridad, esta norma debería de llamarse Ley de Libre Acceso a TU Vivienda.

IGNACIO RUIZ-QUINTANO

Angouleme y su ‘troupe’ (más zarzuelera que marcial, al decir de Nicolás R. Rico) nos ‘desconstitucionalizaron’ a los españoles para siempre, fue la berrea rusoniana de España.

Nuestra servidumbre, pues, es constitucional, y está universalizada por Dostoyevski en su escena del Gran Inquisidor en Sevilla, donde Cristo aparece y el pueblo se prosterna y lo adora. Llega entonces el cardenal inquisidor, que reconoce a Cristo y ordena encadenarlo. «La multitud, automáticamente intimidada, no ofrece resistencia, sino que cae de rodillas y venera al cardenal».

Cómo se puede oprimir y doblegar a la gente sin que nadie lo impida lo aprendió Thomas Bernhard (¡buenos tiempos, estos, para volver a Bernhard!) como cronista de tribunales, donde los jueces, dice, aniquilaban con placer a una personalidad, y lo hacían entre dos bocadillos de salchichón, pues «ser juez es de por sí una debilidad de carácter por excelencia» (miremos al Gran Inquisidor). No tenía Bernhard mejor opinión de los cronistas: lo que te dan a leer las redacciones era, según él, sólo un recuelo descafeinado de lo que, en realidad, uno ha compuesto antes.

Sobre la idea de Diderot (lanzada apuntando a Rousseau) de que «el malvado vive solo», Peter Hamm hace a Bernhard la pregunta ontológica: «¿Es usted malvado?». A lo que Bernhard contesta que sí, que puede ser sin duda muy malvado, pero que no puede darle rienda suelta: «Sería magnífico hacerlo, pero entonces no se tendría inteligencia. La razón construye una valla alrededor, cada vez más alta. Al aumentar la razón, aumenta la valla. Pero en mi pensamiento soy muy malvado».

Aquí, en cambio, los que mandan quieren pasar por inteligentes a base de hacerse los malvados. Para los demás, como Octavio Paz le dijo a Ullán, siempre nos quedan los monasterios.