«España ya tiene una ley de claridad: la Constitución»
en España. No lo culpabilizo, las emociones ‘per se’ no son ni buenas ni malas. Pero los problemas se solucionan con responsabilidad y no atizándonos los unos a los otros, ni alimentando los problemas o agravándolos. —Asegura que el de Pedro Sánchez es un mal gobierno. ¿Quién decide lo que es, o no, un mal gobierno?
—El mal gobierno es el que miente por sistema, que te dice que va a hacer una ley a favor de las mujeres y acaba beneficiando a mil agresores sexuales. El que suspende el Congreso de manera ilegal, el que intenta acabar con la libertad de expresión, el que introduce nuevas desigualdades en lugar de reducir las que ya hay. Hay elementos objetivos. Nunca habrá un gobierno perfecto. Pero hay datos objetivos para valorar que este es posiblemente el peor gobierno de la historia democrática de España.
—¿Está la democracia en peligro? —Sánchez no tiene los conocimientos de teoría política como para diseñar un proceso que nos lleve a una dictadura, pero es una persona con una ambición con muy pocos límites. No estamos en un proceso de una brutalización directa de las instituciones, por usar la terminología de Pierre Rosanvallon, que sí ocurre en Venezuela. Fundamentalmente, porque estamos en el marco de la Unión Europea, no porque Podemos o el separatismo no quieran. Es algo más sutil pero quizás más eficaz. Suspendo el Congreso, reformo el Código Penal al gusto del delincuente, meto a mis amigos en las instituciones y en el Poder Judicial para que me beneficien en las futuras sentencias de leyes polémicas... El PSOE se ha convertido en un partido semileal a la democracia, en terminología de Juan Linz. No quiere derribar la democracia pero está introduciendo el germen, ideas y reformas institucionales que la están degradando. ‘¡Liberaos! El fracaso de la política de la indignación y el retorno de la responsabilidad’ (Deusto), 174 páginas, 18,95 euros.
MADRID
El Consejo General del Poder Judicial avala la exigencia de subida salarial que las asociaciones de jueces (y las de fiscales) van a llevar a la mesa de retribuciones con el Ministerio de Justicia el próximo miércoles, 3 de mayo.
En un acuerdo aprobado por unanimidad ayer, el Pleno entiende que el régimen retributivo de los miembros de la carrera judicial «constituye un elemento vertebrador de su independencia económica, íntimamente vinculada a la independencia en el ejercicio de la potestad jurisdiccional». Jueces y fiscales han supeditado al resultado de esa reunión la convocatoria de una huelga indefinida a partir del día 16 de mayo.
En el texto, los vocales señalan que el Poder Judicial desempeña un papel esencial como poder clave en un Estado democrático de derecho. «Como ha señalado el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea en sentencia de 27 de febrero de 2018, refiriéndose a jueces y magistrados, los Estados miembros tienen el deber de garantizar la independencia de los miembros de los poderes judiciales nacionales, también en su dimensión económica, pues el hecho de que éstos perciban un nivel de retribuciones en consonancia con la importancia de las funciones que ejercen constituye una garantía inherente a la independencia judicial», apunta.
El Consejo ha acordado designar a los vocales José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez Tristán y Juan Martínez Moya para que participen en esa mesa en representación del órgano de gobierno de los jueces.