El Tribunal de Cuentas eleva un 8% el coste del rescate bancario hasta los 71.833 millones

▶ Pide al Gobierno idear escenarios alternativos de cara a la venta de la participación en Caixabank

Nueva cifra, y de nuevo más alta, del coste público del rescate a la banca en la gran crisis. El Tribunal de Cuentas ha elaborado un nuevo informe de fiscalización al respecto, tratando también el proceso de absorción de Bankia por parte de Caixabank, y ahora cifra la factura para las arcas del Estado en casi 72.000 millones de euros.

El organismo ha elaborado en tres ocasiones una fiscalización de la reestructuración bancaria en España y esta será la cuarta vez que haga el cálculo, a cada cual más elevado según van pasando los años.

El último informe, que data de hace dos años y llega hasta el fin de 2018, cuantificaba el coste público en 66.577 millones de euros. A dicha fecha, Bankia era la única entidad de crédito reestructurada que se encontraba aún participada por el FROB.

Ahora, esa cantidad se ha actualizado, para incrementarla, y dejarla concretamente, a 31 de diciembre de 2021, en 71.833 millones de euros; esto supone 5.256 millones más, un incremento del casi el 8%.

De ese montante, 50.622 millones de euros corresponden al FROB, 21.273 millones al Fondo de Garantía de Depósitos, que se financia con las aportaciones de las entidades de crédito, y -62 millones al Banco de España. El principal componente del coste (un 73% del total) ha sido el derivado de las aportaciones al capital y cuotas participativas (52.716 millones de euros), que son puramente los rescates. «Destacan, como procesos que han supuesto mayor coste, los de BFA/Bankia (17.590 millones), CX (12.691 millones de euros), Banco CAM (12.560 millones) y NCG (9.229 millones)», indica el organismo. Asimismo, la institución deja la puerta abierta a que la cifra final todavía continúe incrementándose en futuros informes.

50.622

millones del rescate público corresponden a ayudas públicas puestas a disposición por el FROB, que depende del Ministerio de Asuntos Económicos.

52.716

millones de euros de los casi 72.000 en que se cuantifica el rescate corresponde a las aportaciones al capital y cuotas participativas; esto son, en el sentido más puro, los rescates vía recapitalización de entidades. alrededor de un 17% del banco. Esa participación que tiene el FROB la ostenta a través de BFA, el holding que tiene en realidad las acciones y que es cien por cien público. Ese 17% en Caixabank, en teoría, ha de venderse antes de 2025. Igual que ocurre con el holding BFA. Y esto después de que en los últimos años, por los sucesivos gobiernos de PP y PSOE, se haya ampliado el plazo de desinversión de la participación pública.

Bajo este escenario, el Tribunal de Cuentas también llama la atención al Gobierno por su estrategia de desinversión de la participación pública. «Ninguno de los acuerdos del Consejo de Ministros por los que se amplió el plazo de desinversión ha tenido en consideración las actuaciones necesarias para la desinversión de la participación que el FROB mantiene en BFA, que habrá de producirse, muy probablemente, mediante un proceso de liquidación de esta sociedad», señala el documento.

Asimismo, el resumen del documento añade: «Con el fin de disminuir la incertidumbre y facilitar la planificación y el seguimiento del cumplimiento del objetivo consistente en la maximización de la recuperación de los recursos utilizados en la reestructuración de BFA y de Bankia, el FROB podría incorporar a la estrategia de desinversión el análisis de distintos escenarios alternativos para la ejecución de la venta de la participación en Caixabank, calculando el importe recuperable teniendo en cuenta como variables el precio de venta de la acción y el momento de ejecutar la desinversión».

El presidente de la plataforma Denaria, Javier Rupérez, ha pedido al Gobierno que suprima cualquier tipo de límite en el uso del efectivo para no perjudicar la vida cotidiana de los ciudadanos. En la actualidad, existe un tope para el uso del dinero físico fijado por ley en 1.000 euros, mientras que un dictamen del Banco Central Europeo (BCE) critica severamente esta restricción, que afecta a toda la población y, sobre todo, a los más vulnerables. En un foro celebrado ayer en Madrid, Rupérez solicitó también al Ejecutivo que estreche la vigilancia sobre las empresas privadas y públicas que no cumplen con la obligación legal de aceptar el efectivo como medio de pago y lo ha defendido «como garantía a un modelo de convivencia entre dinero público (efectivo) y dinero privado (tarjetas), que se ve amenazado por una agresiva digitalización». Por su parte, Fernando Zunzunegui, experto en regulación financiera, dijo en el mismo foro que «lo digital va a ser un complemento al efectivo, ya que la moneda es intrínseca al ser humano y no desaparecerá».

MADRID

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