Escrivá refuerza la plantilla con 3.525 funcionarios y permitirá el teletrabajo
▶El ministro sella un pacto con los sindicatos que desactiva la huelga tras mejorar la atención al ciudadano y aumentar los pagos por productividad
El ministro de Seguridad Social ha llegado a un acuerdo con los sindicatos en tiempo récord que evita la huelga general convocada para el 7 de septiembre. En menos de una semana CSIF y CC.OO. han desconvocado el paro después de arrancar a José Luis Escrivá el compromiso de incorporar a 3.525 funcionarios para reforzar la plantilla, mermada en un 22% en los últimos diez años. 2.500 de los nuevos efectivos accederán al sistema mediante oferta pública de empleo y los 1.025 restantes, que fueron contratados para reforzar la gestión del ingreso mínimo vital, se convertirán en plazas estructurales. Reforzar las plantillas ha sido una exigencia clave para las centrales, así como mejorar los plus de productividad que perciben los funcionarios, implantar el teletrabajo, caminar hacia la estabilidad en el empleo y mejorar la formación.
En el texto del acuerdo sellado ayer se incluye el compromiso de elaborar un plan de recursos humanos y el Ministerio expone que recuperará la convocatoria de determinados cuerpos propios de la Seguridad Social, en especial el cuerpo de la Administración, además de revisar los procesos de promoción interna. En línea con el mandato europeo, el empleo interino será «excepcional» y las plazas ocupadas por trabajadores temporales se conviertan en indefinidas.
Dos días en 2024
Ya desde el 1 de julio la plantilla podrá disfrutar del teletrabajo, ahora negado al colectivo, pese a estar implantado el resto de la Administración. Será una jornada no presencial a la semana para los empleados que lo soliciten y cuyas tareas puedan desarrollarse sin que la atención al ciudadano se vea perjudicada. Recuerda el acuerdo que esta fórmula de trabajo será posible gracias a la incorporación de 2.500 interinos y que es objetivo que el trabajo a distancia se pueda implantar dos días a la semana a partir de enero próximo, si bien también se precisa que la medida se podrá adelantar en función de las necesidades.
El pasado jueves las centrales convocaban la primera huelga histórica en el organismo, un día después fueron citados a un encuentro y a reuniones exprés durante el fin de semana, que han dado como resultado el pacto, que incluirá también la prometida y pospuesta Agencia de la Administración de la Seguridad Social, que integrará todas las organizaciones de la Administración de la Seguridad Social bajo una única estructura.
El texto del acuerdo también incluye la exigencia sindical de mejorar la productividad de los funcionarios, en un momento en el que la carga de trabajo se multiplica. Así, «dada la carga de trabajo pendiente soportada por los empleados de la Seguridad Social, y al objeto de reforzar la calidad del servicio prestado», está previsto que este mismo año, una vez analizadas las disponibilidades presupuestarias, se adopten «medidas de incentivación del rendimiento».
Por último, el consenso alcanzado incluye impulsar la creación de una Escuela de Formación de la Seguridad Social con el objetivo de coordinar los programas de formación y especialización para los empleados públicos. Y también hay avances en la prevención de riesgos laborales.
Las partes han elaborado un calendario de reuniones, que comenzará ya el día 25 de este mes y se extenderá hasta el 29 de junio. Los sindicatos quieren cerciorarse de que todos los puntos acordados se desarrollan según lo previsto y han exigido que una comisión en la que estarán representados junto a la Administración realice el seguimiento del acuerdo.
«Por fin tenemos un aumento real de la plantilla y a partir de ahora las condiciones laborales de los funcionarios
van a mejorar notablemente. Hemos avanzado en horarios, productividad y en el régimen de trabajo», aseguró Ricardo Aguirre, responsable de Seguridad Social en CSIF. Eso sí, añade que «estaremos vigilantes sobre el desarrollo de este acuerdo».
Como ha venido informando ABC, la atención al ciudadano en la Seguridad Social está en sus horas más bajas, lo que llegó a provocar un toque de atención del defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, al ministro José Luis Escrivá para que «resuelva las demoras en la concesión de citas» y «se superen las deficiencias apreciadas en los servicios de atención».
Ola de descontento
La situación ha generado una ola de descontento, que se refleja en el alud de quejas puestas en esta administración. Durante la pandemia se han triplicado las protestas de los ciudadanos, y el año pasado crecieron un 42%, según documentos internos del organismo público publicados por ABC. De las 934 registradas en 2020 se ha pasado a 2.966 a finales de 2022, ejercicio en el que los centros de atención telefónica y telemática de la Seguridad Social no pudieron atender casi cuatro millones de llamadas.
El organismo que dirige Escrivá ha perdido casi el 22% de sus efectivos en una década, entre los que se cuentan algunos de los que decidieron adelantar su marcha gracias a la subida del 8,5% que este año se ha aplicado a la nómina de los jubilados. Aquellos que dudaban si dar el paso, lo han dado y gracias a esa alza histórica han esquivado las penalizaciones por adelantar el retiro.
En diez años la plantilla ha pasado de 36.000 a 26.000 y hoy la edad media es de 60 años. Hay 10.000 trabajadores menos, pero el trabajo se ha multiplicado para estos funcionarios, encargados de gestionar y administrar todas las prestaciones del sistema, entre ellas casi diez millones de pensiones contributivas y decenas de subsidios y ayudas, además del ingreso mínimo vital.