La misión al Pitanxo, a la espera de que la Audiencia Nacional apruebe la salida
▶El Ministerio firmó ayer el contrato con la concesionaria, pero las familias critican que los tiempos se alargarán por la falta de diligencia del Gobierno
José Ramón G. Besteiro
«Todos debemos estar pendientes de la instrucción penal y acordar lo que allí se disponga»
María José do Pazo Portavoz de las familias
«La Audiencia no puede hacer en una hora lo que el Ministerio [de Transportes] no hizo en meses»
In extremis, el Ministerio de Transportes y la empresa ACSM Shipping firmaron ayer el contrato para la bajada al Villa de Pitanxo, hundido en febrero de 2022 en aguas de Terranova. Después de varios días de tensión —amenaza mediante del gerente de la compañía viguesa de renunciar a la expedición si el Gobierno central no daba señales de vida— a primera hora de este martes se formalizó el acuerdo para el descenso, licitado por 3 millones de euros. Y casi al mismo tiempo que el Ministerio cerraba uno de los frentes abiertos en la misión a Canadá, las familias de los afectados se reunieron con el nuevo delegado del Gobierno en la Comunidad, José Ramón Gómez Besteiro, para tratar otros asuntos nucleares en la investigación por el peor accidente marítimo del último siglo en España. En este primer cara a cara, los afectados expusieron su parecer sobre la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que acusan de no colaborar con la instrucción penal que dirige el juez Ismael Moreno desde la Audiencia Nacional. «Lo que le hemos pedido es que reclame al Ministerio de Transportes que coopere y que le manden todo lo que requiera la Audiencia, que los oficios que manda el juez se le contesten a la mayor celeridad para que así se avance en esta operación y que se haga siempre con garantías, tal y como está estipulado por la ley», solicitaron verbalmente al representante gubernamental una representación de las familias de los fallecidos, desde Pontevedra.
Se referían, con su advertencia, al tirón de orejas que el instructor le dio al Ministerio la pasada semana a través de un escrito al que tuvo acceso ABC en el que exigía información sobre la expedición a Canadá. El propio fiscal del caso indicó que esta salida se estaba montando «a espaldas» del órgano judicial, y el responsable del Juzgado Central número 2 de la Audiencia Nacional solicitó al Ministerio que «de forma urgente» aportasen «la documentación relativa a la contratación y adjudicación» de la expedición que, les recordó, fechará el propio juzgado «en coordinación con la empresa».
Esta atribución de funciones, teniendo presente que la misión está judicializada y forma parte de una instrucción por 21 presuntos delitos de homicidio, fue asumida por Besteiro en las declaraciones posteriores a la reunión, en las que reconoció que «todos debemos estar pendientes de la instrucción penal y acordar lo que allí se disponga». Lo hizo, según revelaron los afectados, después de que durante el encuentro (que se prolongó durante cerca de dos horas), las familias lo hiciesen conocedor de la falta de colaboración del Ministerio con el instructor, encargado de dar luz verde a la expedición. Unas horas más tarde, la propia delegación informó de que toda la documentación había sido enviada ya a Madrid y de que a partir de ahora la gestión del operativo queda en manos de la Ciaim (Comisión permanente de investigación de accidentes marítimos).
Desde el Congreso
Aclarado el asunto del contrato, toda la atención gira por tanto, ahora en torno la Audiencia Nacional, que como impulsora de la prueba deberá tener la última palabra en la fecha de salida del buque Ártabro, seleccionado para regresar al punto del accidente e inspeccionar los restos del pecio en busca de respuestas. De ella depende la cadena de custodia y los peritos judiciales que naveguen a bordo, claves en que la misión tenga validez de cara a un proceso judicial y una futura vista oral. Sobre este extremo, los afectados reprocharon que los plazos se dilatarán irremediablemente porque «lo que no hizo el Ministerio durante meses no lo va a hacer en una hora la Audiencia, que ahora deberá que leer, reunirse con la empresa y los peritos y acordar un día». El asunto llegó ayer también al Congreso de los Diputados, donde el BNG pidió que se respeten los protocolos de la investigación y la custodia de pruebas para que finalmente sean útiles.