RESIDENTES ILEGALES CON PISCINA Y PISTA DE PÁDEL
Desde ha un año, una urbanización de la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda ha visto cómo los pisos que quedaban vacíos de una promoción de 2009 se llenaban de okupas. Primero fueron unos pocos, pero ahora han completado prácticamente las 89 viviendas que, tras una subasta, pasaron a ser de la Sareb en abril. En busca de una vida tranquila, parejas, sobre todo jóvenes, adquirieron una vivienda en esta ciudad dormitorio situada a escasos kilómetros de Valladolid capital, una zona acomodada con un bloque de pisos que dispone además en sus zonas comunes de piscina, pista de pádel y un parque infantil que ahora disfrutan también los inquilinos ilegales. Los problemas están en un número determinado de bloques –los pares– y hay residentes que tienen directamente «miedo» –hay «enganches ilegales» en la luz y el gas–. Las compañías los retiraron esta misma semana acompañados de la Guardia Civil, pero «no tardaron ni 24 horas en romper de nuevo la puerta e intentar hacerlos de nuevo», explican los vecinos.
CASTILLA Y LEÓN
ACUMULA 54 DENUNCIAS, aunque sólo en esta urbanización de Valladolid hay más ‘okupas’.
EL ALCALDE pide a la Sareb que actúe. Son los propietarios los que deben iniciar la demanda.
Otros no temen a los okupas, sino a «los gastos» que les están generando. «Rompen todo» y «es imposible mantener la limpieza», dicen. Pero, además, advierten de que la zona pueda estar siendo foco de «trapicheos» con droga y actividades ilegales como subarrendar pisos a otras personas.
«Los propietarios tenemos que arreglar todos los desperfectos», explican, a lo que hay que sumar que los pisos afectados adeudan «unos 270.000 euros» a la comunidad. De cara a este verano ya se plantean poner un candado a la piscina y también a la pista para evitar «enfrentamientos». Pero es que, además, deben hacer «reparaciones que ahora mismo no se pueden asumir económicamente por la comunidad». «La Policía no hace nada. Saben quiénes son, pero nada», se lamentaba otro de los vecinos en un inmueble en el que prefieren permanecer en el anonimato y hay quienes prefieren no hablar del asunto.
Hasta el alcalde, Sarbelio Fernández, está en pie de guerra para acabar con la okupación en los únicos bloques que padecen este problema en el municipio. «Esto es fruto de la permisividad del Gobierno», asegura convencido, a la vez que pide a la Sareb, como propietario, que actúe «ya» para desalojar sus pisos y terminar con la situación de «indefensión» a la que, dice, la Policía sí hace frente, «pero hasta donde marcan sus competencias». Por su parte, Sareb asegura que tomará medidas cuando los inmuebles estén inscritos a su nombre. Si los okupas son problemáticos, pedirá el «desalojo» y si son personas «vulnerables», se buscará una salida y un alquiler social.