Las cofradías cargan contra la gestión del Gobierno: «Faltan al respeto a las familias»
Los pescadores apoyan a las víctimas y afean que la investigación debe ser «rigurosa»
Las familias del Villa de Pitanxo, hundido en febrero de 2022 en Terranova, recibieron ayer el apoyo de las cofradías españolas. Después de una de las peores semanas del último año y medio, el tiempo que media desde el accidente que dejó 21 marineros fallecidos, la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores dejó clara ayer su adhesión a todas las reclamaciones de los familiares. «Es inadmisible que el buque Ártabro [encargado de inspeccionar el pecio en Terranova] haya zarpado sin haber autorizado el juzgado competente esta expedición», manifestaron desde el gremio ante la salida de la misión el pasado miércoles a aguas canadienses sin la autorización de la Audiencia Nacional. La decisión, adoptada de forma unilateral por el Ministerio de Transportes, supuso un mazazo para los familiares de los 21 fallecidos en el naufragio, que llevan quince meses peleando para que esta prueba se lleve a cabo con las máximas garantías.
«Esta forma de actuar no es respetuosa con las familias afectadas, y además pone en peligro las pruebas que se puedan aportar a la causa para determinar la responsabilidad en este siniestro», explica el comunicado remitido por la Federación de Cofradías ante el complejo escenario judicial que perfila la actuación del ministerio. Sabedores de que el instructor de la Audiencia Nacional exigió con urgencia que se le tuviera al tanto del operativo, y que advirtió por escrito de que debía ser él el encargado de organizarlo, los pescadores reprocharon que «el juzgado competente tampoco ha sido informado sobre los peritos que integran la misión, ya que además estaba aún pendiente de que se pronunciara acerca de la viabilidad de que se nombrara un perito de parte».
Estas consideraciones empatan con las quejas emitidas por los familiares a principios de la semana, cuando la salida del barco era sólo una sospecha, y con más intensidad desde el pasado miércoles, momento en que el Ártabro zarpó de Vigo de forma apresurada y sin ningún tipo de permiso. Sobre el asunto, que salpicó a la propia ministra del ramo, Raquel Sánchez, en su visita a Galicia, se pronunció también la Comisión de Investigación de Accidentes Marítimos (Ciaim). Ante los reproches vertidos por su gestión de una prueba que está judicializada, en un escrito el ente indicó que a bordo del Ártabro van, además de su propia tripulación y el personal necesario para operar con los equipos de búsqueda e inspección submarina, un miembro de la Ciaim y un representante de la Agencia Europa de Seguridad Marítima. A la petición de las familias de que el barco dé la vuelta y regrese a puerto para acometer la expedición con la rigurosidad exigida —a la espera de respuesta por parte del magistrado Ismael Moreno— el organismo aclaró que va embarcado un perito designado por el juzgado «para participar en las operaciones en el marco de las actuaciones judiciales».
¿Algo que ocultar?
Sus anotaciones, pese a todo, no contentan a las partes afectadas, que temen que esta prueba nuclear en el caso se pueda tumbar por detectarse irregularidades en su desarrollo. En esa línea, el sindicato CIG calificó ayer lo ocurrido de «espectáculo bochornoso» y se preguntó si las administraciones «tienen algo que ocultar respecto de esta tragedia» y si, con su forma de proceder, quieren «proteger a alguien» o tienen «algún favor que tapar».
En total, la comisión prevé que el dispositivo de localización e inspección del Pitanxo, a 1.000 metros de profundidad, se podrá prolongar hasta 25 días en función de las condiciones meteorológicas, a los que hay que sumar dos semanas de navegación de ida y vuelta desde Vigo hasta la zona donde se hundió el pesquero. La previsión es que vuelva «antes de que finalice el mes de junio».
La instrucción, en riesgo «Esta forma de actuar pone en peligro las pruebas que se puedan aportar a la causa»