Justicia y Hacienda ignoran al CGPJ en la firma del acuerdo con jueces y fiscales
Malestar en el Consejo con su presidente por no convocar el Pleno antes de la rúbrica
Veinte días después de la primera reunión, y tras la amenaza de una huelga indefinida a las puertas de las elecciones, Justicia y Hacienda firmaron ayer con jueces y fiscales el acuerdo que contempla, entre otras cuestiones, una subida salarial de 450 euros por nómina de la que también se va a beneficiar la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, la única de las siete asociaciones presentes en la mesa de retribuciones que no ha firmado el acuerdo al considerarlo insuficiente.
En un acto en el que sólo se convocó a medios gráficos, y con la sonada ausencia, además de la APM, de los representantes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ); los secretarios de Estado de Justicia y Hacienda, Tontxu Rodríguez y Lidia Sánchez, firmaron con ambos colectivos el acuerdo que junto con la subida salarial, contempla la creación de más plazas de jueces y fiscales y la creación de grupos de trabajo para mantener vivas las reivindicaciones de la carrera, entre ellas trienios y guardias.
La propuesta que salió ayer de la mesa de retribuciones se elevará ahora al Consejo de Ministros sin contar con el visto bueno del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ). Pese a ser partes implicadas en las negociaciones (de hecho la ley reserva a sus representantes nada menos que una cuarta parte de la representación en la mesa), los tres vocales elegidos por el Pleno para desempeñar esa representación no acudieron al acto de ayer al considerar que no habían sido convocados. Como adelantó ABC, la única noticia que tuvieron de esta firma fue un correo electrónico enviado por la secretaría de la directora de gabinete del secretario de Estado a las siete de la tarde, nueve horas después de la comunicación que el propio Txontxu Rodríguez dirigió personalmente a las asociaciones.
A la indignación que este gesto ha provocado en los vocales se suma el malestar que ha causado la actuación de su presidente, Rafael Mozo, que convocó el pleno extraordinario solicitado por un grupo de vocales para visar la propuesta un día después de su firma aun siendo consciente de que el cónclave perdía su razón de ser si el CGPJ opinaba sobre el acuerdo con éste ya firmado. Mientras que Mozo defiende que convocó el pleno dentro del plazo legal de tres días y que si no lo hizo antes fue porque no le constaba la convocatoria de la firma, vocales del Consejo hablan de una actuación obstruccionista ante el temor de que el pleno echara por tierra el acuerdo y eso le comprometiera a él ante el Gobierno. Estos vocales aseguran que en ningún momento iban a cuestionar el pacto que beneficia a los jueces y que sólo pretendían que lo visara el Pleno, como prevé la ley.