El juez garantiza que tres peritos estudien qué pasó en el Pitanxo
La expedición que partió sin autorización embarcará hoy a dos expertos en Terranova
La prueba clave para averiguar por qué naufragó el pesquero Villa de Pitanxo el pasado mes de febrero segando la vida de 21 tripulantes se practicará con todas las garantías. Tras dos semanas de tensión entre el Ministerio de Transportes y la Audiencia Nacional por la partida a toda prisa y sin autorización judicial del Ártabro, el buque contratado para realizar la expedición, las familias veían ayer con esperanza que la Comisión de Investigación de Accidentes Marítimos (Ciaim) se aviniese a embarcar a dos peritos más. Uno, el que se quedó en tierra por la premura con que salió la expedición, que fue organizada mientras se encontraba en Tailandia. Y el otro, el que ayer mismo designaron las familias y que viajaba ya a última
hora camino de San Juan de Terranova, como adelantó este diario.
El Ártabro hará allí una breve escala donde ambos subirán a bordo y se dirigirán, junto al perito que ya estaba en el barco –se encontraba en Portugal cuando arrancó la misión pero llegó a tiempo al puerto de Vigo–, a las aguas donde se encuentran los restos del pecio para tratar de desentrañar quién tiene razón. Si el patrón, Juan Padín, que asegura que el motor se paró de manera repentina y las malas condiciones del mar hicieron el resto, o el marinero Samuel Kwesi. Él declaró como testigo en la Audiencia Nacional que las redes embarraron y el patrón, que se negó a soltarlas, intentó recoger los cables, haciendo escorar el Pitanxo y que el agua que entraba anegase el motor. Padín está imputado por 21 delitos de homicidio imprudente y contra los derechos de los trabajadores, porque se sospecha que como dijo el marinero, no dio a tiempo la voz de alarma ni las instrucciones para salvar a la tripulación. Sólo él y su sobrino, el único otro superviviente junto a Kwesi, llevaban el traje de protección.
Los peritos se centrarán por ello en ángulos concretos de la embarcación. Desde el presunto embarre hasta la cantidad de cable recogido, entre otros detalles sobre la forma en que quedó depositado en el fondo, que revela el punto por donde comenzó a hundirse, según las fuentes jurídicas consultadas por ABC. El juez Ismael Moreno ha ordenado que los informes que generen lleguen directamente a su mesa, cuestión que fue motivo de fricciones al inicio, porque los dos peritos designados lo son de la Ciaim y allí se trabaja de otra manera: el dictamen se somete a consideración de un órgano colegiado sujeto a cambios, lo que podría invalidarlo como prueba en un juicio.
Mientras, alivio en las familias, que veían peligrar «una prueba fundamental». «Es justo. Es nuestro derecho», añadía la portavoz, María José do Pazo.