La Fiscalía apunta que los votos en Melilla se pagaron con fondos de contratos públicos
Tres investigados por el caso de Murcia están también imputados por tráfico de drogas
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, asignó ayer a la Fiscalía Anticorrupción la investigación sobre el presunto fraude electoral registrado en Melilla ante la «especial trascendencia» de unos hechos que resume como «una operación a gran escala de compra de votos». Expone que según lo averiguado hasta la fecha, se estaría costeando con dinero salido de contrataciones públicas.
En un decreto al que tuvo acceso ABC, explica que la investigación arrancó en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Melilla a partir de un atestado de la Policía Nacional que alertaba sobre «la existencia de sólidos indicios de la compra de votos con vistas a las elecciones a la Asamblea de Melilla» que se celebran este domingo. Y las investigaciones realizadas hasta el momento han puesto de manifiesto la existencia de la mencionada «operación a gran escala» por la que se compraron votos por entre 100 y 150 euros «a un importante número de ciudadanos alterando la mecánica legalmente establecida del voto por correo».
La trama se desencadenó ya desde el 4 de abril, cuando el Boletín Oficial del Estado publicó la convocatoria electoral y, conforme explica el decreto de la Fiscalía, «habría sido llevada a cabo por varios individuos afines o relacionados con el partido político Coalición por Melilla».
La Policía detuvo el martes a nueve individuos entre los que figuran el número tres del partido y consejero en el gobierno de la ciudad autónoma, Mohamed Ahmed Al-la, y el yerno del líder de Coalición por Melilla Mustafá Aberchán, conocido como ‘Abu Lobo’. Además, practicó una decena de registros en los que encontraron votos, resguardos y dinero en efectivo, tal y como informó este diario.
«Dichos individuos conformarían una estructura organizada, con planificación previa y concertada», dice en el decreto la Fiscalía General del Estado. Sostiene que «la compra de votos se estaría financiando además, con parte de los fondos obtenidos por empresas y particulares relacionadas con el partido político en licitaciones públicas, convenios, contratos y subvenciones que se habrían adjudicado durante la última legislatura en la ciudad autónoma».
Tal y como publicó ABC, el Gobierno de Melilla ha adjudicado desde que empezó la legislatura 68 millones de euros en contratos menores, casi nueve de cada diez sin publicidad y por importes que rondaban los 8.000 euros. De hecho, sólo el consejero detenido –y destituido 24 horas después– adjudicó 1,5 millones de euros en 80 contratos menores en el primer trimestre de este año. Y cabe recordar además que uno de los detenidos por comprar votos, Felipe Heredia, se llevó una subvención de 205.000 euros de una consejería de Coalición por Melilla para el club de fútbol que preside.
Según informaron en fuentes de Anticorrupción a este diario, eso es lo que distingue la trama de Melilla de las detectadas en otros lugares de España y donde reside la dificultad de la investigación, que podría así ir más allá del mero delito electoral. En su escrito, la Fiscalía General habla ya de delitos de malversación, prevaricación, cohecho y falsedad documental, a la luz de los avances policiales de los últimos días.
Otros tres focos
En cuanto al impacto electoral, ayer Correos dio sus cifras. Finalmente, y después de que la Junta Electoral de Zona impusiera restricciones a la hora de presentar los sufragios, como mostrar el DNI o limitar el número de votos entregados por persona, se han validado un total de 5.814 votos por correo, un 49,66 por ciento de los 11.727 que se solicitaron en plazo.
Mientras, el Juzgado de Instrucción de Mula (Murcia) que lleva la operación por la que 13 personas fueron detenidas el jueves por compra de votos, incluida la alcaldable del PSOE Dolores Peñalver y otras tres personas aspirantes a un cargo público, ha levantado el secreto de sumario. Esta causa nació a partir de unas escuchas en una investigación por tráfico de drogas en otro juzgado. De hecho, tres de los investigados por fraude electoral lo son también por delitos contra la salud pública. Tal y como informó este diario, allí se captaba a personas en riesgo de exclusión, principalmente sin techo y toxicómanos, a quienes se pagaban de media unos 100 euros por el voto al PSOE. Los detenidos, todos en libertad, irán pasando ante la juez en los próximos días.
En paralelo, un juzgado de Arona, en Tenerife, ha abierto una investigación tras una denuncia por fraude electoral al hilo de una conversación de un grupo de Whatsapp entre un votante del PSOE y un cargo de confianza del candidato socialista a la alcaldía hablando de pagar 50 euros por el voto. La denuncia la interpusieron ayer. En La Gomera sigue abierta otra causa por un asunto similar, sin imputados de momento. Y en Mojácar (Almería) continúan pasando detenidos a disposición judicial.