Acuerdo retributivo de jueces y fiscales: la única alternativa razonable

Las asociaciones judiciales y fiscales –todas menos una– hemos firmado un acuerdo con el Gobierno en materia retributiva hace unos días. El mismo, alcanzado en el seno de la llamada Mesa de Retribuciones, ha puesto fin a la amenaza de huelga indefinida que dos asociaciones de jueces (AJFV y FJI) y dos de fiscales (AF y APIF) habíamos convocado para el pasado lunes.

Para los ciudadanos, lo más relevante es que se haya evitado deteriorar aún más con una nueva huelga la difícil situación que atraviesa la Administración de Justicia, inmersa en conflictos laborales desde principios de año. Esta perspectiva también ha sido tenida en cuenta por las asociaciones profesionales a la hora de decidirnos a firmar el acuerdo con el Gobierno.

Para los jueces, la valoración del acuerdo es más matizada. La cuantía del incremento retributivo pactado (440-450 euros mensuales) se queda corta, teniendo en cuenta que en los últimos 20 años hemos perdido un 20 por ciento de poder adquisitivo aproximadamente. Hay conceptos retributivos especialmente sangrantes –el pago de las guardias, por ejemplo, con algunos jueces percibiendo menos de 0,50 euros por hora– que el Gobierno se ha negado a tocar en esta negociación.

Sin embargo, este incremento supone la primera mejora salarial pactada en el marco de la Mesa de Retribuciones desde que la Ley 15/2003 creó, hace ya 20 años, este específico marco de negociación de las condiciones retributivas de jueces y fiscales. El dato es importante por dos motivos que desgrano a continuación. El primero es que la mesa, configurada como un instrumento de participación de los jueces en la definición de sus condiciones salariales, apenas se había reunido en una ocasión en dos décadas a pesar de que la ley exige su convocatoria quinquenal. El segundo es que nunca la negociación directa entre jueces y Gobierno en la mesa se había traducido en un acuerdo de este tipo.

Aparte del evidente interés corporativo, el funcionamiento regular del marco de negociación diseñado legalmente para la fijación de las retribuciones de jueces y fiscales es relevante para la ciudadanía. La Constitución consagra la independencia del Poder Judicial como elemento central de nuestro Estado de Derecho y esa independencia, como recuerdan los organismos internacionales, ha de ser también económica. El instrumento normativo destinado a hacer efectivo ese principio es la Ley 15/2003, que creó la Mesa de Retribuciones.

Si tenemos esto en cuenta, es más fácil comprender la importancia que presenta el acuerdo firmado. En él se establece que, en los próximos meses, se constituirán grupos de trabajo –con intervención del Ministerio de Hacienda– cuya función será desarrollar propuestas para su valoración por la mesa, cuya convocatoria ha quedado fijada ya en el documento para mayo de 2024. También se ha pactado que se reunirá anualmente hasta 2028.

Que un mecanismo de participación de los jueces y fiscales en la mejora de su marco retributivo, que es además un instrumento de reforzamiento de la independencia económica del Poder Judicial y que llevaba dos décadas inactivo, haya sido recuperado, haya permitido materializar la primera mejora salarial en una década y vaya a ser periódica y sistemáticamente utilizado en los próximos cinco años constituye un punto de inflexión cuya verdadera importancia solo apreciaremos pasado el tiempo.

En resumen, en la firma del acuerdo se han mezclado sentimientos diversos: insatisfacción por el aumento salarial, esperanza por haber conseguido cambiar una tendencia perversa, el peso de la responsabilidad para no comenzar una huelga muy dañina y, sobre todo, confianza en que, cuando valoremos este acuerdo dentro de un tiempo, aquellos que lo han criticado agriamente comprenderán que aceptar la propuesta del Gobierno era la única alternativa razonable.

«Nunca la negociación directa entre jueces y Gobierno en la Mesa de Retribuciones se había traducido en un acuerdo de este tipo»