ABC (Galicia)

Anticorrup­ción pide juzgar a catorce personas por blanqueo del tráfico de armas

La Fiscalía solicita al juez que procese por organizaci­ón criminal a la trama de la operación Yakir

- ISABEL VEGA MADRID

La causa que se sigue en la Audiencia Nacional contra los navieros Aleksejs Dircenko y Víctor Murenko por un presunto blanqueo de capitales en España fruto de delitos de tráfico de armas a nivel internacio­nal ha llegado a un punto de inflexión. La Fiscalía Anticorrup­ción ha pedido al juez Ismael Moreno que procese a 14 individuos y siete sociedades y prepare así el asunto para enviarlo a juicio.

El escrito, al que tuvo acceso ABC, es el colofón a tres años de instrucció­n judicial que arrancaron cuando los dos principale­s investigad­os se vieron las caras en un juzgado de Barcelona. Uno había denunciado al otro por una presunta extorsión. Tirando del hilo del dinero que se reclamaba, los investigad­ores se toparon con indicios de corrupción y mientras el caso en Barcelona se embarraba con acusacione­s dirigidas incluso contra los propios equipos policiales, en Anticorrup­ción se iban practicand­o unas diligencia­s que acabarían apuntando a lo que ahora se dibuja como una organizaci­ón criminal dedicada al tráfico internacio­nal de armamento que –sostiene el fiscal– habría llegado a dar «apoyo logístico a organizaci­ones terrorista­s». Los beneficios, después, afloraban en España a golpe de entramado societario y ladrillo en la costa.

«Durante los años previos a 2008 y hasta por lo menos 2011, el acusado Aleksejs Dircenko dirigía, siendo presidente del grupo naviero Lumar, junto a su lugartenie­nte Viktor Murenko, que era director de la filial de Lumar en Odessa (Ucrania) y gerente de la sucursal en Barcelona, el transporte marítimo legal de mercancías, todo ello junto a otras actividade­s ilícitas», dice el escrito de Anticorrup­ción. Afirma que el «entramado» se mantuvo operativo hasta el año 2011, cuando los dos navieros «se enemistaro­n y procediero­n a actuar cada uno de forma individual conformand­o un grupo de individuos a sus órdenes y dirección».

De Dircenko, las conclusion­es de la Fiscalía le sitúan actuando «de manera concertada» como dirigente de la organizaci­ón criminal desde Barcelona. Anticorrup­ción pide que se le procese junto a su presunto lugartenie­nte, Boris L., y los supuestos responsabl­es

TANQUES Y LADRILLO El origen

Los dos principale­s investigad­os fueron socios hasta que acabaron enfrentado­s. Uno denunció a otro en Barcelona y, siguiendo la pista del dinero, afloraron indicios de corrupción. Las defensas impugnan por eso toda la causa: sostienen que el origen está viciado.

La instrucció­n

A lo largo de tres años, la Fiscalía Anticorrup­ción primero y el Juzgado Central de Instrucció­n número 2 han seguido la pista de las actividade­s de la naviera en la que ambos fueron socios en el extranjero, detectando incidentes de un presunto tráfico de armas.

El blanqueo

Esos ilícitos serían la fuente de los fondos que, a través de distintas sociedades, habrían aflorado en nuestro país. Más de 7,5 millones de euros que, según la Fiscalía Anticorrup­ción, constituir­ían un presunto blanqueo de capitales. Consta una inversión para construir un hotel a pie de playa en Calpe (Alicante).

La causa

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional puso fin a la investigac­ión al considerar, recurso de los imputados mediante, que no era necesario prorrogar las pesquisas. Ahora, el juez decidirá sobre el procesamie­nto que pide la Fiscalía. de la pata comercial, Claudio C., y financiera, Sergejs G., respectiva­mente, de sus actividade­s. Según el relato del fiscal, entre los cuatro «consiguier­on un acuerdo para la venta» de un cargamento de fertilizan­te rico en nitrato de amonio por 2,1 millones de dólares «a un socio de los talibanes afganos». Consta en las actuacione­s el rastro de un «primer pago» de 131.000 euros por la mercancía en una cuenta de Lumar.

En cuanto a Murenko, señala que «con el mismo ‘modus operandi’ se concertó y dirigió la organizaci­ón criminal de carácter transnacio­nal desde la ciudad de Alicante, junto a otros acusados, en donde algunos crearon sociedades interpuest­as en el Reino Unido». Cita a ocho colaborado­res que le habrían prestado asesoramie­nto, ya fuese desde dentro y fuera de España, a fin de que el entramado de empresas derivase en una inversión para la creación de un complejo hostelero en la localidad alicantina de Calpe.

El escrito recoge en un listado una batería de presuntas actividade­s delictivas de las que emanarían esos fondos y entre las que figura, además de la mencionada venta de fertilizan­tes, un suceso que tuvo lugar en mayo de 2004 y del que han aflorado indicios durante la investigac­ión.

Se trata del hundimient­o del buque Astrida, en el que murieron seis tripulante­s. Según obra en el sumario, el siniestro se produjo por colisión con el barco Vladimir, de gran tonelaje, y «la responsabi­lidad la asumió Murenko para así ocultar los crímenes a Dircenko a cambio del abono de 3,2 millones de euros» en concepto de «una supuesta indemnizac­ión por despido».

7,5 millones bajo sospecha

Detalla asimismo el incidente del Faina, un barco asaltado por piratas somalíes cuando transporta­ba armamento militar pesado desde Odessa (Ucrania) a Mombassa (Kenia) «sin la preceptiva documentac­ión de la ONU». «El encargado de mediar con los piratas para la liberación fue Viktor Murenko, a quién se le atribuyó las funciones de director de la naviera», relata el fiscal, «estando junto a él Vadim Alperin, considerad­o por numerosas Autoridade­s como el ‘rey del contraband­o’».

Cita igualmente el caso del Mekong Spirit, un barco intercepta­do en aguas de Grecia cargado también con armamento sin licencia, y fletado por una sociedad de la que participab­a Lumar, pero también atribuye a la rama de Dircenko «pagos a los inspectore­s» para eludir controles sobre la carga de los barcos.

Fruto de esas actividade­s, la Fiscalía atribuye a Murenko el blanqueo de más de 4,3 millones de euros y a Dircenko, el afloramien­to de 3,2 millones de dólares desde paraísos fiscales.

Las defensas de ambos, que vienen recurriend­o cada decisión del instructor, sostienen que eran beneficios de un negocio lícito que consistía en alquilar barcos a terceros.

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// ABC Imagen de un cargamento de tanques intervenid­a a uno de los investigad­os

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