Quince fiscales del Tribunal Supremo deciden hoy si imputan terrorismo al prófugo
▶ El ponente del caso admite que cambió de criterio «tras un profundo estudio»
En plena polémica por el cambio de criterio del fiscal que ha tenido que informar del caso Tsunami, la plana mayor del Ministerio Público en el Tribunal Supremo (TS) decide hoy si procede investigar al expresidente de la Generalitat y prófugo Carles Puigdemont por un delito de terrorismo en esta causa.
Quince miembros de la junta de fiscales de lo Penal del Alto Tribunal estudiarán a partir de las diez de la mañana el segundo borrador de su compañero Álvaro Redondo, que si en un primer momento vio terrorismo en los disturbios que tuvieron lugar en Cataluña como respuesta a la sentencia del ‘procés’, ha cambiado de opinión y lleva ahora a la reunión un informe en el que considera que de momento no hay indicios de criminalidad contra Carles Puigdemont y que en
Tsunami sólo se puede hablar de desórdenes públicos graves. Su opinión ahora sí coincide con la del fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo, que al igual que ha sucedido en este caso, también en cuestión de días –los que mediaron entre las fechas previas y posteriores a las elecciones generales del pasado 23 de julio– modificó la calificación fiscal visada por otro compañero de la Audiencia sin que la palabra terrorismo haya vuelto a resonar en el edificio de García Gutiérrez.
En una reunión que se prevé tan tensa como técnica, la junta de fiscales de lo Penal decidirá si respalda el informe de Redondo, que propone devolver la causa a la Audiencia Nacional para que se sigan investigando esos «desórdenes públicos», o si rechaza la propuesta de su compañero y se presenta un nuevo informe ante la Sala Penal del Supremo pidiendo que asuma la competencia para investigar los hechos. La eventual asunción de la causa por parte del Tribunal Supremo no vendría dada por el hecho de que lo que se investiga sea un delito de terrorismo –podría hacerlo la Audiencia Nacional–, sino porque uno de los investigados es Puigdemont, aforado por su condición de eurodiputado. Su imputación arrastraría al resto de encausados, entre los que también se encuentra el diputado del Parlamento catalán Rubén Wagensberg o la dirigente de ERC Marta Rovira. A ellos apuntó el juez instructor de la Audiencia Nacional Manuel GarcíaCastellón en la exposición razonada que envió al Supremo en noviembre.
El magistrado situó a Puigdemont en el «vértice más alto de la organización» de Tsunami Democràtic, pues su condición de expresidente y líder desde Bruselas del independentismo «le atribuye una posición de autoridad incuestionable». García-Castellón señalaba que para esclarecer los hechos es preciso realizar unas diligencias de investigación que él no puede llevar a cabo por el aforamiento del prófugo. Dice el fiscal Redondo en este segundo borrador que en estos momentos no hay indicios de criminalidad contra el expresidente, algo que, al igual que la ausencia de terrorismo, una parte de los fiscales que hoy se reúnen no comparten. De lo que decida la mayoría de la junta –compuesta por perfiles ideológicos muy variados– dependerá el informe definitivo que se presente ante la Sala Segunda del TS, que es la que tiene la última palabra sobre el destino de esta causa. Fuentes fiscales consultadas por ABC no se atrevían ayer a pronosticar el desenlace de esta reunión, a la que algunos fiscales acuden con la intención de pedir explicaciones a Redondo por ese cambio de criterio del que ayer se desvinculaba el fiscal general, Álvaro García Ortiz, a través de un comunicado en el que niega haber ejercido «cualquier influencia o presión» sobre ese fiscal.
Exculpa a García Ortiz
A la vez, el propio Redondo exculpaba en otro comunicado a su jefe, pero reconociendo la existencia de un «primer borrador interno» (el que aludía a terrorismo) modificado posteriormente «tras un profundo y exhaustivo estudio de los complejos hechos relatados» en la exposición razonada de García-Castellón: «Desmiento haber recibido ninguna instrucción del fiscal general en relación con este asunto. No recibí no ya una instrucción, sino siquiera una mínima sugerencia por parte del fiscal general del Estado sobre la postura jurídica que debía asumir como ponente ante la junta de fiscales del Tribunal Supremo».
Documento que obra en el sumario del caso Uniformes donde se ponen de manifiesto los regalos que presuntamente habrían recibido distintos funcionarios en 2013 por parte de una de las empresas investigadas en el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid por el supuesto amaño de contratos.
Pública, que presumiblemente desempeñan su cometido en departamentos vinculados directa o indirectamente a la gestión de servicios y suministros mediante contratos públicos». Dicen los agentes que el listado podría corresponder con atenciones sociales propias de la época navideña. Pero, además de vinos, puros y licoreras, también registraron en los documentos intervenidos entregas de dinero que iban desde los 100 hasta los 800 euros en cheques o en efectivo que llegaron incluso a dar en mano.
El SAI resalta además que algunos de los obsequios que se enviaron por mensajería se hicieron al «domicilio particular del destinatario», por lo que concluyen «que tales agasajos lo serían más a título particular que institucional y con el aparente objetivo de ganarse la confianza de los funcionarios públicos, influir en sus decisiones y obtener un mayor volumen comercial».
Entre los receptores de estos regalos se encuentran los agentes de la Guardia Civil investigados por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, malversación y cohecho, entre otros delitos, que durante veinte años y en concierto con las empresas habrían manipulado contratos de suministros y más de un centenar de expedientes alterados que suman 180 millones de euros, según el SAI, tal y como informó este diario.