El PP bloquea el trámite de los PGE y fuerza a Montero a retorcer la ley
▶ Hacienda tendrá que aplicar un criterio nunca usado para aprobar sus cuentas
El PP utilizará mañana su mayoría absoluta en el Senado para devolver al Gobierno los objetivos de déficit que sirven de base para su proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2024, bloqueando así el primer paso del trámite presupuestario y empujando a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a transitar un terreno completamente desconocido en la historia presupuestaria reciente.
Consciente de la incierta situación que abriría un veto del Senado a los objetivos de déficit, Montero ha dedicado las últimas semanas a advertir del negativo impacto que tendría sobre la disponibilidad de recursos por parte de los gobiernos autonómicos un eventual frenazo al que la Ley de Estabilidad Presupuestaria señala como el primer trámite ineludible para la tramitación de los Presupuestos: la aprobación por ambas cámaras, no únicamente por una de ellas, de los objetivos de déficit para el año de Estado, Seguridad Social, comunidades autónomas y corporaciones locales.
El PP ignoró ayer las amenazas y anunció, por boca de su portavoz en el Senado, Alicia García, y su vicesecretario de Asuntos Económicos, Juan Bravo, que rechazará mañana esos objetivos, devolviendo así al Gobierno la base sobre la que se deben construir los Presupuestos del Estado de 2024.
«Las comunidades autónomas han hecho los deberes y han aprobado sus presupuestos. Aquí el que no los ha aprobado es el Gobierno», recalcó ayer el portavoz económico del PP, Juan Bravo, que recordó que los gobiernos autonómicos han diseñado sus cuentas sobre el objetivo de déficit del 0,1% del PIB que les marcó el propio Gobierno –que presumió además de flexibilizar la capacidad de gasto de las autonomías– y subrayó que no ve sensato que ahora se les amenace con recortar su capacidad de gasto.
Un terreno inexplorado
El portavoz económico del PP dijo también que el partido se replantearía su oposición a los objetivos de déficit en caso de que el Gobierno se aviniera a asumir el paquete fiscal planteado por los populares, que defiende el mantenimiento íntegro de las rebajas fiscales al recibo de la luz y el gas, la deflactación del IRPF o la ampliación de la rebaja de IVA a los alimentos a la carne, el pescado y las conservas; a renunciar a aplicar más medidas como el gravamen a los ricos, que irrumpen en el espacio fiscal autonómico; a establecer un reparto más equilibrado del déficit entre Estado y administraciones territoriales; y, por último, a aprobar un fondo que cubra las insuficiencias de financiación de las CC.AA.
El Ministerio de Hacienda tiene otros planes para esquivar esta roca en el camino de la aprobación de los Presupuestos de 2024 que le pondrá mañana el PP. María Jesús Montero ya viene deslizando desde hace semanas
CLAVES DEL CONFLICTO
El Gobierno del PP redactó la Ley de Estabilidad Presupuestaria de modo que los objetivos de déficit tuvieran que contar con el voto favorable de Congreso y Senado. El PSOE trató de remover este artículo cuando se topó con sus efectos en el año 2019. No lo consiguió.
El veto de una de las cámaras obligaría al Gobierno a ajustarse al último objetivo de déficit aprobado. La singularidad del caso es que esta vez no hay ningún objetivo de déficit para 2024 por la suspensión de las normas durante la pandemia.
El PP entiende que sin el apoyo del Senado los Presupuestos no pueden avanzar porque no hay cobertura legal. Hacienda enarbola un informe de la Abogacía que sostiene que se pueden agarrar a la senda aprobada por Bruselas en abril. // ABC que dispone de un informe de la Abogacía del Estado, que habilita al Gobierno a esquivar el veto del Senado a los objetivos de déficit sosteniendo los Presupuestos de 2024 sobre los objetivos que se remitieron a Bruselas dentro de la actualización del Programa de Estabilidad y Crecimiento, que se envío a finales de abril.
A efectos prácticos, la diferencia es escasa, ya que el único cambio sería que las comunidades autónomas tendrían un objetivo de equilibrio presupuestario, frente al déficit de una décima que tienen ahora, y esa décima extra iría al Estado. La parte más peliaguda tiene que ver con la ausencia de respaldo a esta maniobra desde la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
La norma especifica de forma clara que los objetivos tienen que ser aprobados tanto por el Congreso como por el Senado y que si alguna de las dos cámaras los rechazara serán devueltos al Gobierno, que tendrá un mes para hacer otra propuesta, que no tiene por qué ser necesariamente diferente a la rechazada.
Se entiende que en caso de un nuevo rechazo seguirían vigentes los últimos objetivos aprobados y las cuentas deberían ajustarse a la última hoja de ruta aprobada. Lo que ocurre en este caso es que no hay ningún objetivo oficial de déficit aprobado para 2024 por la suspensión de la ley de estabilidad durante los últimos tres años.
Ahí va a estar la guerra. Juan Bravo ya advirtió ayer de que espera que el Gobierno no quiera saltarse la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Pero en Hacienda están convencidos de que pueden esquivar el veto del Senado tirando de la última senda comunicada a Bruselas para sostener sus Presupuestos, bajo el argumento de que ha sido evaluada y su adecuación a la normativa europea de estabilidad presupuestaria avalada por la Comisión Europea.