La asociación del fiscal general y el PSOE se opusieron a la reforma que baraja el Gobierno
▶ La UPF denunciaba «impunidad» en los plazos de la Lecrim en causas con políticos
La Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación de la carrera que presidió el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se mostró contraria a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) del Gobierno de Mariano Rajoy que estableció límites temporales a la instrucción de las causas judiciales, modelo al que propone volver el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como vía para cerrar ya la investigación del caso Tsunami que se sigue en la Audiencia Nacional por delitos de terrorismo, entre otros, contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y que éste se avenga a apoyar la ley de amnistía.
La reforma de la Lecrim con Rafael Catalá (PP) como ministro de Justicia introdujo por primera vez en el ordenamiento español –a partir del 6 de octubre de 2015, cuando se publicó en el BOE– un plazo inequívoco para finalizar las investigaciones judiciales. Previamente, la ley establecía que las instrucciones debían concluir en un mes, algo imposible en la práctica y que, por lo tanto, no se estaba cumpliendo. Todas las asociaciones de fiscales se opusieron al modelo de límites temporales que también dejaba en el fiscal –en detrimento del resto de acusaciones– la potestad de solicitar una ampliación. El propio García Ortiz firmó un artículo junto a otros fiscales en noviembre de 2015, publicado en ‘El Mundo’ bajo el título ‘Una reforma aciaga para la Justicia’, en el que se mostró crítico con la iniciativa de Catalá.
El PSOE también inició entonces una dura campaña contra la nueva redacción del artículo 324 de la Lecrim que limitaba las investigaciones a un máximo de 18 meses, considerando que provocaba «impunidad» en causas de corrupción como las que por entonces ya había abiertas contra miembros del PP, como la Gürtel y Púnica.
La carrera fiscal continuó pidiendo a los siguientes ministros de Justicia un nuevo cambio legal para eliminar los citados plazos que, según consideraban, sólo dificultaban la labor de los investigadores en causas complejas. No fue hasta 2020, ya con Sánchez en el Gobierno y a propuesta de sus socios de Podemos, cuando se modificó, aunque sólo parcialmente, de nuevo el artículo 324 de la Lecrim. Ahora queda en manos del juez instructor ir prorrogando la investigación cada seis meses.
Aunque aún no hay una propuesta firme del Gobierno, el anuncio de Sánchez este lunes se entendió como una intención de volver a introducir tiempos más estrictos para el fin de la instrucción, precisamente el modelo al que su propio partido se opuso.
Podemos no la comparte
En una rueda de prensa en el Congreso, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, rechazó una reforma en la línea que apuntaba el presidente. «La ley está bien», aseguró Belarra, que de paso continuó marcando posición con ataque a los jueces: «No son los plazos de instrucción el problema, el problema son los jueces que se creen por encima de la Justicia española y aplican mal esos plazos».
Fuentes de Podemos explicaron después que no pueden fijar una posición ante una eventual reforma de la ley, pero que a día de hoy no apoyan esa reflexión del presidente. «Una vez llegue a la cámara, si llega en una reforma, se estudiará y valorará». Por su parte, delante de los medios la líder de Podemos insistió en que su partido no tiene ningún problema con la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim). «Hay que afrontar el problema de fondo, hay un juez y un sector de jueces reaccionario que se creen por encima de la Justicia española, pero la ley está bien», zanjó.
La posición de Podemos choca con la de ayer de Sumar, cuyo portavoz nacional, a la sazón ministro de Cultura, Ernest Urtasun, manifestó la intención del socio minoritario del Gobierno de respaldar «cualquier propuesta que ayude a desbloquear y a sacar adelante la amnistía». Abogó por una actitud de «flexibilidad» para «posibles soluciones» y desatascar esta ley.