La Mesa del Congreso da otros 15 días a PSOE y Junts para renegociar la amnistía
▶ PP y Vox estudian ir al Constitucional por entender que la ley ya ha decaído
La Mesa del Congreso reactivó ayer la tramitación de la ley de amnistía después de que Junts la tumbara hace una semana y obligara al PSOE a pasar por el bochorno de tener que renegociarla con el fugado Puigdemont. El órgano presidido por la socialista Francina Armengol fijó un nuevo plazo de quince días naturales, esto es, hasta el 21 de febrero, para que PSOE y Junts intenten llegar a un acuerdo, a pesar de que PP y Vox y otros letrados de la cámara entienden que decayó al ser tumbada en su conjunto por mayoría absoluta del Pleno en la segunda votación.
Así, el perdón legal a los encausados por el ‘procés’ recupera su andadura en el Congreso después, además, de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abriese antes de ayer una nueva ventana de posibles cesiones a Junts y ERC sugiriendo una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) para limitar el plazo de las instrucciones judiciales. Los socialistas se niegan a modificar la amnistía tal cual salió de la Comisión de Justicia, dado que consideran que no pasaría los filtros de Europa ni del Tribunal Constitucional, pero ofrecen esta otra reforma legal a los secesionistas.
En este escenario negociarán PSOE y Junts en el nuevo tiempo de descuento de dos semanas que ayer fijó la Mesa del Congreso en connivencia con el letrado mayor, Fernando Galindo, fichaje ‘estrella’ de la propia Armengol, que rubricó un informe que avala que la amnistía sea devuelta a la Comisión de Justicia con las enmiendas que quedaron ‘vivas’ del pleno del 30 de enero.
El informe de Galindo se suma al que ya firmó favorable a la amnistía y que más tarde fue censurado por las letradas de la Comisión de Justicia, que expresaron dudas sobre la constitucionalidad de la ley. Armengol rechazó ayer los escritos de reconsideración a la Mesa de PP y Vox, informe del letrado mayor en mano, amparándose en el artículo 131.2 del Reglamento del Congreso. Dicho punto señala que la aprobación de una ley orgánica «requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la cámara en una votación final sobre el conjunto del texto». Luego, se añade: «Si, por el contrario, aquélla no se consiguiese, el proyecto será devuelto a la comisión, que deberá emitir nuevo dictamen en el plazo de un mes».
Sin embargo, el PP defiende que en la frase «si, por el contrario, aquélla no se consiguiese» el pronombre «aquélla» hace referencia a «mayoría absoluta». Y los populares explican que la ley de amnistía no solo no consiguió una mayoría absoluta favorable, sino que fue rechazada en su conjunto por 179 ‘noes’. Es decir, y así lo consideran también algunos juristas expertos de la Cámara Baja –como ha informado ABC–, entienden que la ley debería decaer y empezar su tramitación de cero.
PP y Vox explican que los precedentes que se han dado en el Congreso para que una norma sea devuelta a su comisión es que en la votación de su conjunto no se logró mayoría absoluta a favor, pero sí había una simple. Algo que no ocurrió con la amnistía: el dictamen fue aprobado por 177 ‘síes’, pero la votación en su conjunto superó la mayoría absoluta en contra incluso por tres votos. Fuentes parlamentarias aseguran que cuando el PP planteó ayer esto en la Mesa, el PSOE «fue incapaz de rebatir estos argumentos».
El PP también planteó ayer que la Constitución dice en su artículo 79 que los acuerdos en las Cortes deben ser aprobados por la mayoría absoluta de los miembros presentes. Las mismas fuentes explican que los socialistas están omitiendo este artículo de la Carta Magna y que no supieron explicar en la Mesa por qué no entra en contradicción con el 131.2 del Reglamento, así como que el informe de Galindo también lo obvia. PP y Vox estudian ya recurrir en amparo ante el Constitucional.