Un ruso con lazos con España lideró las injerencias a favor de Trump en elecciones de EE.UU.
▶ Torshin estuvo a punto de ser detenido por la Guardia Civil en Mallorca, pero se libró en el último momento
Un político y supuesto capo del crimen organizado ruso, cercano a Putin, lavaba dinero en España mientras cultivaba lazos con el entorno de Trump e instituciones cercanas al Partido Republicano en una estrategia de injerencias destapada por la fiscalía norteamericana. Alexander Torshin, que fue senador del partido de Putin, Rusia Unida, y vicegobernador del Banco Central Ruso, estuvo a punto de ser detenido por la Guardia Civil en Mallorca en 2013, pero escapó en el último momento al cambiar planes de viaje.
El fiscal especial Robert S. Mueller III identificó a Torshin, que fue miembro vitalicio de la NRA (Asociación Nacional del Rifle, por sus siglas en inglés), como parte de su investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. Torshin había intentado contactar con la campaña de Trump a través de intermediarios en la primavera de ese año. Aunque este intento fue aparentemente bloqueado, logró reunirse brevemente con Donald Trump Junior, hijo del que sería presidente, en un acto de la NRA en Kentucky a finales de mayo de 2016.
El fiscal Mueller estuvo en contacto con las autoridades españolas para recabar información sobre Torshin. La Guardia Civil entregó informes sobre la operación Dirieba, un golpe a la mafia rusa y su red de blanqueo en España, en la cual resultó detenido el ruso Alexander
Romanov. Según reveló ABC, Romanov tuvo estrechas relaciones con Torshin, padrino de uno de sus hijos y hay sospechas de que el segundo es testaferro del primero. Romanov llamaba «padrino» o «jefe» a Torshin en conversaciones intervenidas.
Las revelaciones de ABC y otros medios en 2014 sirvieron para abortar una reunión planeada entre Torshin y el propio Trump cuando ya era presidente. La Casa Blanca obtuvo informes de la Policía española que llevaron al equipo del presidente a anular un encuentro que iba a tener lugar durante un desayuno el 2 de febrero de 2017. Las relaciones de Trump con Rusia eran entonces objeto de escrutinio, especialmente ante las investigaciones del Congreso sobre los presuntos vínculos de su equipo de campaña con Rusia y la interferencia rusa en las elecciones estadounidenses.
La Guardia Civil había intentado arrestar a Torshin en la fiesta de cumpleaños de Romanov en 2013. La Fiscalía sospechaba que había blanqueado 14 millones de euros a través de la compra de un hotel en Mallorca. El arresto fracasó cuando Torshin no apareció en la isla y nunca se presentaron cargos.
Torshin era además estrecho colaborador de Maria Butina, una ciudadana rusa que fue condenada en EE.UU. por actuar como agente no registrado del Gobierno ruso. El fiscal Mueller la acusó de tratar de influir en políticos estadounidenses en favor de Moscú. Ambos trabajaron juntos en varios proyectos para promover los intereses rusos en territorio estadounidense. Butina fue sentenciada a 18 meses de prisión en 2019 después de declararse culpable de conspiración para actuar como agente extranjero sin registrarse. Tras cumplir parte de su condena, fue deportada a Rusia en octubre de ese año. Torshin, investigado en España por actividades delictivas sobre todo en Baleares, fue identificado como parte central de esa campaña de injerencias que el fiscal Mueller reveló en un extenso informe publicado en 2019. En paralelo, Rusia mantenía una campaña activa para interferir en elecciones y procesos democráticos en Europa. La inteligencia europea detectó campañas de interferencia y noticias falsas en crisis, como el Brexit o la consulta ilegal del 1-O.
Otros empresarios y conseguidores rusos llegarían a reunirse con Puigdemont, entonces presidente catalán, en su residencia de Barcelona en 2017 y llegarían a plantear hasta el envío de tropas rusas y la creación de la infraestructura digital de una posible república catalana independiente. El Kremlin ha negado ninguna oferta de ese tipo.
En 2011, la Guardia Civil y el Gobierno español intervinieron para que Xavier Crespo, exdiputado de CiU y alcalde de Lloret de Mar, no fuera nombrado por Artur Mas, entonces presidente catalán, jefe de los Mossos. Crespo, según quedó probado después en juicio, recibía sobornos de la mafia rusa. En noviembre de 2015 fue condenado a nueve años y medio de inhabilitación.
El fiscal también identificó entre los peones de Rusia a Julian Assange, fundador de Wikileaks, que trata de eludir su extradición para enfrentarse a juicio. Fue uno de los grandes defensores del 1-O y compartió mensajes en catalán tras reunirse en la embajada ecuatoriana en Londres con el influyente empresario independentista Oriol Soler.