El Gobierno acusa a comunidades y ayuntamientos de insolidaridad con los españoles traídos de Gaza
▶
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones llevó ayer al Consejo de Ministros un acuerdo para que este apruebe la declaración de una emergencia. Esta, a la que finalmente se le dio luz verde, supone la adjudicación de 1,2 millones de euros a la ONG Accem para «poder atender de manera inmediata y urgente las necesidades más básicas de alojamiento y manutención de las personas de nacionalidad española y sus familias, todas ellas desplazadas desde los territorios palestinos a España», dice la memoria justificativa de la declaración de la emergencia a la que ha accedido este periódico.
Para hacerlo, el Gobierno se acoge a la ley de contratos del sector público, que prevé que en caso de «acontecimientos catastróficos», «situaciones que supongan grave peligro» o «necesidades que afecten a la defensa nacional» se podrá hacer una contratación sin seguir el procedimiento ordinario –que implica el respeto a la libre competencia, la justificación de la necesidad del contrato, la tramitación del expediente de contratación, etc– y hacer ‘a dedo’ una adjudicación.
En este caso, se ha hecho a Accem –aunque se han tenido en cuenta los presupuestos de otras dos, Cruz Roja y Fundación Punto Omega– por un valor de 1.200.000 euros a ejecutar, según el acuerdo del Consejo de Ministros entre el 12 de enero de 2024 y el 12 de julio del mismo año. Se trata de plazos diferentes a los que figuran en el acuerdo de adjudicación, que amplía la prestación de servicios hasta el 12 de diciembre de 2024 aunque dicho documento sí alude a una «duración inicial» del servicio de seis meses. Tampoco coinciden el importe a pagar. El Consejo de Ministros habla de un «máximo» de 1.200.000 euros y el acuerdo de adjudicación de 1.008.000.
Sistema inexistente
Esta declaración de emergencia, por tanto, se produce dos meses después de las primeras repatriaciones de españoles en Gaza –la primera, en concreto, se hizo el 16 de noviembre de 2023– y la misma memoria señala que –exceptuando a los españoles que tenían alojamiento y apoyo en destino– «en su mayor parte, estos ciudadanos españoles no cuentan con vínculos familiares y personales en España, ni recursos para establecer
Arriba, la memoria que justifica la declaración de la emergencia y extracto en el que responsabiliza a las comunidades y ayuntamientos de no acoger repatriados. Abajo, el acuerdo de adjudicación a la ONG Accem se en nuestro país. Y aquellos que tienen familiares en España no pueden contar con su ayuda, por encontrarse ellos también en situaciones precarias». El propio Gobierno reconoce la necesidad de acudir a las ONG dado que «no existe ningún otro sistema ordinario de valoración y acogida para ciudadanos españoles retornados de zonas en conflicto, de modo que no se cuenta con ningún sistema prestacional similar».
Y, aun así, culpa a las comunidades y ayuntamientos –no especifica cuáles– de no acoger a sus compatriotas. «La respuesta de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos por los que los evacuados manifestaban su preferencia no ha sido todo lo positiva que cabía esperar, por lo que hubo que buscar soluciones de urgencia para acoger de forma inmediata a los recién llegados, carentes por completo de medios para su subsistencia», dice la mencionada memoria. Los servicios que se pagarán a Accem para atender «hasta 100 personas», dice el acuerdo de adjudicación serán, entre otros, para alimentación, descanso, acompañamiento e información y atención médica básica; atención para la obtención de documentación; habilitación de espacios para garantizar una atención y cuidados adecuados o contratación de servicios de traducción e interpretación.