Medio Rural pide al Gobierno que «defienda» al sector ante la PAC
▶Agricultores y ganaderos gallegos participaron en las tractoradas convocadas en Lugo y Orense ▶Desde la Xunta lamentan que hay aspectos de la ley que ponen en peligro la viabilidad de las explotaciones
Agricultores y ganaderos gallegos se sumaron ayer a las tractoradas convocadas de forma simultánea en varios puntos del país, en una protesta con la que el sector busca conseguir mejoras siguiendo el precedente de otros países europeos. Concretamente, en Galicia se llevaron a cabo movilizaciones en Orense y Lugo, si bien fue sin el apoyo de las organizaciones agrarias más representativas, como son Unións Agrarias y el Sindicato Labrego Galego, que se desmarcaron de participar para no «mezclar movilizaciones y citas electorales» y optaron por aplazar sus protestas para después del 18F. Unas protestas que contaron con el apoyo total de la Xunta, que reclamó al ministro de Agricultura que «traslade» a Europa la «necesidad de parar» los aspectos de la Política Agraria Común que van en detrimento del sector, fundamentalmente requerimientos ambientales y burocráticos.
Siguiendo el impulso de otras regiones europeas, e igual que ocurrió en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía y Cataluña, ayer en Galicia el sector primario también convocó protestas contra unas políticas de la Unión Europea que «amenazan» su «modo de vida», como explicó en declaraciones a Ep esta semana el portavoz de la asociación lucense Agromuralla, Roberto López. Orense y Lugo fueron los lugares escogidos por el sector para esta cita, en la que, finalmente, no hubo tanta afluencia como en otras comunidades. Mientras que en la capital orensana se pudo ver una caravana conformada por un centenar de vehículos agrícolas, en la lucense se congregaron decenas de trabajadores en una jornada «con poca afluencia», como indicó el portavoz de Agromuralla. Eso sí, López apuntó a que se trata de «de un punto de partida» y que «a lo largo de los próximos días» tratarán de «hacer ver a la UE que lo que nos están imponiendo es inviable».
Ante esta situación, el conselleiro de Medio Rural, José González, mostró su apoyo a las movilizaciones en declaraciones a los medios durante el día de ayer, pidiendo, eso sí, que sean «pacíficas» para que no se repitan escenarios como los ocurridos en el sur de Francia. «Estamos al lado de las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos», manifestó «en este caso concreto sobre una legislación europea ligada a la Política Agraria Común (PAC) que esta suponiendo una serie de trabas burocráticas y exigencias medioambientales que ponen en peligro la sostenibilidad económica de nuestras explotaciones».
Una cuestión que, recordó –«igual» que lo hace el sector–atañe al Ministro de Agricultura, Luis Planas, que es quien tiene «la interlocución con Europa y quien tiene que llevar la voz de una potencia agroalimentaria como es España». A él le pidió que «traslade» con claridad la necesidad «de parar esta legislación» y «reflexionar», para «ir de la mano con los ganaderos» que «son los que garantizan nuestra soberanía alimentaria». «El Gobierno tiene que dejar de ser el abanderado de esta legislación, el primero en apoyarla y aprobarla», criticó, «tiene que proteger menos al lobo y a otras especies y proteger mucho más a nuestros agricultores y ganaderos». «Estamos hablando de una legislación que se está haciendo a espaldas del territorio, a espaldas de los agricultores y ganaderos», lamentó el conselleiro.
«No puede ser que permitamos que se firmen convenios como el Merco
Política Agraria Común «El Gobierno tiene que dejar de ser el abanderado de esta legislación, el primero en apoyarla y aprobarla, y apoyar más al sector»
sur sin cláusulas espejo que garanticen que los productos agroganaderos que vengan de esos países tengan los mismos requisitos que los nuestros» o «que se estén imponiendo cuestiones como el Decreto de Nutrición Sostenible de los Suelos, que obligan a tener inyectores cuando no hay talleres que los den fabricado», criticó.
Legislación «incongruente»
«Es tan incongruente que nos están pidiendo que los gallineros de autoconsumo se den de alta como si fuese una explotación apícola normal», criticó, del mismo modo que «en la primera redacción del decreto del veterinario de explotación, exigían veterinarios en las explotaciones de una oveja». Cuestiones que no se adaptan a la realidad de la agricultura gallega, por lo que volvió a poner sobre la mesa su petición al ministro de Agricultura de que «defienda en Europa una moratoria inmediata» de los aspectos de esta legislación «que ponen en peligro la economía de nuestras explotaciones» y que «defienda con firmeza» el sector.
Un cambio en la legislación que, recordó el conselleiro, la Xunta lleva solicitando desde que se comenzó a negociar la PAC, «advirtiendo que no es lo mismo el suelo de Países Bajos o Alemania que el de Galicia, por lo que no podemos aplicarles la misma legislación». Por ello, concluyó, además de con el propio sector, también se tendría que contar en esa «reflexión europea» con las comunidades autónomas, «que somos los que tenemos las competencias en relación a agricultura y ganadería».