Galicia plantea recurrir la Ley de Vivienda con el apoyo del sector
▶ La Xunta emplaza al Estado a que responda a sus propuestas de modificación
La vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, confirmó ayer que la Xunta ha solicitado un informe al Consello Consultivo de Galicia para, posiblemente, recurrir de «inconstitucionalidad» la Ley de Vivienda estatal. El anuncio llega tras semanas de intentos de diálogo por parte de la Xunta con el Gobierno central para, conjuntamente, analizar artículos que el órgano autonómico tacha de inconstitucionales. La petición, abundó Vázquez, se produce «en caso de que a lo largo de esta semana» la administración autonómica no obtenga respuesta, ante el riesgo de poderse pasar el plazo. Por el momento, la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein) ya confirmó que respalda y defiende el recurso.
En declaraciones antes de participar en la reunión del consejo del Observatorio da Vivenda de Galicia, informa Ep, Vázquez avanzó que darían a conocer lo tratado en la comisión bilateral, que «después de muchos meses de espera tuvo lugar» y que «va a dar muy pocos frutos». Con todo, en ese momento señaló que la administración autonómica mandó el texto e, «independientemente de las alegaciones hechas antes», advirtió: «Volvemos a reiterar que desde Galicia no vamos a permitir que la ‘okupación’ sea el título habilitante para tener una vivienda pública».
A su vez, trasladó que el Gobierno gallego expuso en la comisión bilateral «los malos datos» que está dando la «aprobación de la ley de vivienda», para la que, recordó, «no se tuvo en cuenta a las comunidades autónomas». En esta línea, censuró que debido a «la gran inseguridad que se está creando», a nivel nacional, «un 30% de las viviendas se retiraron del mercado para el alquiler, buscando otras vías, vender o que pasen para vivienda turística».
«Galimatías normativo»
«Respaldamos y defendemos el anunciado recurso de inconstitucionalidad», sostuvo ayer Benito Iglesias, presidente de Fegein, hacia una normativa que, a sus ojos, «únicamente ha creado más inseguridad jurídica, incertidumbre y preocupación, aumentando considerablemente el galimatías normativo».
Entre los motivos concretos que la plataforma cita como respaldo de su apoyo, destaca que no contempla «ni sola una medida para aumentar la oferta de vivienda en arrendamiento»; que se «penaliza al propietario de vivienda»; que «reduce notablemente» las posibilidades de poder alquilar una vivienda de «los inquilinos vulnerables y los más jóvenes»; que «ahuyenta la inversión en alquiler tanto de personas físicas como jurídicas y, en especial, la de inversores foráneos; y que, en definitiva, «no ha aliviado los precios» sino «todo lo contrario»: «Ha reducido notablemente la oferta de vivienda en alquiler por la tremenda inseguridad jurídica creada. Todo ello con una demanda que seguirá creciendo a razón de un 7% anual», advierte Fegein.