Montero ignora el veto del Senado y se agarra a un informe ‘fantasma’ para tramitar los PGE

▶ El PP usa su mayoría en la Cámara Alta para frenar el primer paso de las cuentas del Estado de 2024

El Gobierno vuelve a adentrarse en terreno inexplorado. Y vuelve a hacerlo en medio de la polémica y el ruido. El PP había anunciado el lunes que impondría su mayoría absoluta en el Senado para devolver al Gobierno su plan de reducción del déficit para los próximos tres años y ayer no hizo otra cosa que confirmar sus intenciones. El veto de la Cámara Alta a los objetivos de déficit diseñados por el Gobierno no es irrelevante, ya que la Ley de Estabilidad Presupuestaria –que regula todo el proceso presupuestario por imposición de Bruselas desde el año 2012– exige su aprobación tanto por el Congreso como por el Senado para validarlos y su vigencia es requisito imprescindible para dar trámite al presupuesto, en particular si hay un objetivo de ajuste fiscal que cumplir como es el caso.

O al menos eso es lo que se consideraba hasta ahora. Viendo venir la maniobra de bloqueo, la ministra de Hacienda y nueva vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ya había deslizado también que contaba con un informe jurídico de la Abogacía del Estado que le daba vía libre para saltarse el veto del Senado a sus objetivos de déficit y para, en ausencia de un objetivo de déficit aprobado para 2024, edificar su proyecto presupuestario sobre la base del comunicado a Bruselas el pasado mes de abril en la actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España, con el argumento de que ya habría sido validado por Europa. Y ayer no hizo otra cosa que reiterar su planteamiento.

«Si el PP cree que vetando estos objetivos, el Gobierno no va a poder aprobar los Presupuestos de 2024, se equivoca», espetó la ministra de Hacienda dirigiéndose a la bancada del grupo popular, justo antes de volver a enarbolar ese informe jurídico que hasta la fecha nadie fuera del Ministerio conoce, y volver a recordar que la aplicación de los objetivos de déficit remitidos a Bruselas en abril se traducirán en menos margen de gasto para autonomías y ayuntamientos, gobernados en ambos casos mayoritariamente por los populares.

Montero avanzó que volverá a presentar los objetivos de déficit en el Senado dentro del plazo de un mes que da el marco legal y que si se vuelven a rechazar activará la tramitación de los Presupuestos con la referencia de los objetivos del plan de estabilidad, que exige equilibrio presupuestario a las comunidades autónomas, un superávit de dos décimas a los ayuntamientos, pero que permite al Estado un desequilibrio de unos 45.000 millones entre sus ingresos y sus gastos.

Recursos para sus socios

Por ese flanco atacó el PP, que acusó al Gobierno de reservarse la práctica totalidad del déficit disponible para 2024 «para repartirlo entre sus socios de ‘desgobierno’», recalcó el senador popular, Gerardo Camps.

Los populares acusaron a Montero de ir amenazando a los gobiernos autonómicos y a las corporaciones locales con recortar su margen para gastar, en base a un informe de la Abogacía del Estado que nadie conoce, que dicen haber pedido a principios de diciembre para conocer sus argumentos sin haber recibido respuesta alguna hasta la fecha y de cuya existencia incluso dudan.

Ya en la refriega, Montero acusó al PP de practicar una política de «tierra quemada» y de ejercitar «el bloqueo por el bloqueo» en contra de los intereses de los ciudadanos e incluso de sus propios gobiernos autonómicos y locales, y calificó de incomprensible rechazar unos objetivos que en su opinión les dan mayor margen de gasto. Camps acusó por su parte a Montero de repartir los objetivos de déficit para seguir permitiendo el despilfarro del Estado. «Se está haciendo a costa del bienestar de los ciudadanos de hoy, a los que se sube la presión fiscal, y de los del futuro, porque se hace aumentando la deuda. «Los españoles no quieren más subidas de impuestos, ni de cotizaciones, ni de deuda ni de gasto superfluo. Por todo ello, en defensa del interés general, en defensa de los españoles y del crecimiento vamos a votar que no a estos objetivos de estabilidad», remachó.

Los socios del bloque de investidura apoyaron los objetivos de déficit, al igual que Junts, que se autoexcluyó de cualquier bloque pero advirtió al Gobierno de que no apoyará los Presupuestos salvo que se eleve el gasto público realizado en Cataluña y se afronta su déficit fiscal, que estiman en más de 20.000 millones.