Prorrogan la investigación de la causa de Miguel Ángel Blanco
El juez de la Audiencia Nacional al frente de la investigación del secuestro y asesinato del concejal del PP Miguel Ángel Blanco ha prorrogado la instrucción seis meses más, hasta el 11 de agosto, para poder interrogar a los tres exdirigentes de ETA investigados –María Soledad Iparaguirre, alias ‘Anboto’, José Javier Arizkuren Ruiz (‘Kantauri) e Ignacio Miguel Gracia Arregui (‘Iñaki de Rentería’)– sobre su presunta responsabilidad en este crimen de 1997 como miembros de la cúpula de la banda terrorista.
El magistrado Manuel García-Castellón estima así la petición planteada por la Fiscalía y el resto de acusaciones, dado que considera «esencial» que se les tome declaración para «no cercenar el derecho de defensa de los investigados», según el auto al que tuvo acceso ABC. «A resulta de sus deposiciones, sería dable que sus defensas interesasen la práctica de ulteriores diligencias de investigación o que las acusaciones solicitasen nuevas líneas de instrucción, lo que no sería posible si se estima que no ha lugar a acordar la prórroga», argumenta el juez. «De este modo, para garantizar el derecho de defensa de los investigados y la igualdad de armas entre todas las partes, y puesto que resta por practicarse una variedad de diligencias de instrucción, procede acceder a lo peticionado por las partes solicitantes», prosigue.
La resolución destaca que ninguna de las partes ha mostrado su oposición a alargar el proceso –cuyo cierre sería «prematuro»– y expone que las diligencias que aún faltan por practicar son «relevantes» para poder esclarecer si los investigados, entonces miembros de la comisión ejecutiva de ETA, dieron la orden de secuestrar y asesinar a Miguel Ángel Blanco o podrían haber evitado el fatal desenlace. Y más teniendo en cuenta «tanto el carácter complejo de los hechos investigados como la propia naturaleza de las expresadas diligencias de investigación que han sido acordadas y aún no practicadas», insiste García-Castellón. Cabe recordar que Francia todavía tiene que dar permiso para poder investigar a Anboto en este asunto. Fue en marzo de 2022 cuando la Audiencia Nacional acordó reabrir este caso tras una querella presentada por la asociación de víctimas Dignidad y Justicia.